Vivimos en una sociedad que parece inevitablemente inmersa en conflictos sin solución aparente. Productores agroganaderos, movimientos sociales, jueces, multimedios, periodistas, organizaciones políticas, piqueteros, dirigentes políticos y sindicales, jerarcas eclesiásticos, empresarios, gobierno; cortes de ruta, piquetes, enfrentamientos, sermones, acusaciones. Todo y todos parte del mismo menú de los desencuentros y las mutuas acusaciones. Hablar de la fragmentación social se ha convertido casi en un clásico del análisis social y político. Como suele ocurrir cuando algo se transforma en slogan, deja automáticamente de ser una categoría de análisis y, contradictoriamente, se utiliza para explicar casi todo. Es decir... nada. Aun con esta salvedad, habría que recordar que el uso más frecuente del término fragmentación ha sido para presentar las dificultades de la política y de los movimientos sociales, de los autores y protagonistas de éstos. Menos para referirse a ciudadanos y ciudadanas que, con argumentos diversos, se automarginan en barrios cerrados y prefieren circular por las calles internas de los nuevos templos del consumo denominados “shopping” antes que transitar por las avenidas de una ciudad a la que ya no reconocen (por lo menos en su integralidad) como lugar propio y apto para habitar. Son otras manifestaciones de la fragmentación.

Vivimos también un tiempo en el que se acentúa la búsqueda y la reafirmación de las identidades (de las minorías, de los excluidos de todo tipo que sin ser minorías exploran modos de visibilidad por asociación en función de sus demandas, etc.). Esta ratificación identitaria tiene expresiones muy diversas. Están las que se instalan desde lo propio en búsqueda de la alteridad que complemente y enriquezca y aquellas que, no carentes de dogmatismo, terminan optando por mirar el mundo sólo por el estrecho ojo de la cerradura de la (endeble) fortificación que necesitan construir para sentir que ése es el único camino para preservar sus derechos.

Varias de estas posturas e iniciativas ponen de manifiesto un egoísmo social que, por cierto, tiene también otras manifestaciones y que está en la base de las dificultades. Fragmentación es consecuencia y resultado de la suma de variables complejas, pero habla a las claras de la incapacidad de los sujetos, como personas y como ciudadanos, para superar la mirada propia e introducirse en la perspectiva de lo colectivo, entendido como una demanda inevitable de lo auténticamente ciudadano.

Aun con la devaluación que el concepto adquirió por su uso indistinto (y muchas veces indiscriminado desde lo teórico), la fragmentación sirve también para hablar del desgaste de la política y para hurgar en las razones de la pérdida de sentido respecto de las iniciativas políticas y del escepticismo en relación con los logros que se puedan obtener por esa vía. No es ajeno esto a las secuelas que nos dejó la dictadura y que aún persisten en nuestra cultura institucional y en nuestra práctica política respecto del valor de la participación ciudadana. Es cierto que hemos recuperado mucho en estos años de ejercicio democrático. No menos riesgoso es también recurrir a la muletilla de las herencias dictatoriales para justificar lo que nos pasa, siempre y cuando junto a lo anterior no analicemos además las incapacidades que venimos sumando a diario. Pero para no perder la memoria, habría que señalar que la fragmentación actual se apoya en la pérdida de valor de la política (algo que indudablemente nos legó el autoritarismo militar) tanto como en la práctica del clientelismo desarrollado en democracia bajo el capcioso argumento de animar la participación. Y la corrupción, asignatura en la cual los personeros de la dictadura fueron graduados con laúdes, sigue siendo también una práctica predilecta de buena parte de la dirigencia política de nuestro país.

Hablar de ciudadanía y pretender que la participación de los ciudadanos se restrinja a concurrir a las urnas y a movilizarse sólo y de la forma que los presuntos líderes partidarios lo decidan, y siempre en apoyo de las iniciativas surgidas de los exclusivos círculos que controlan los aparatos partidarios, es vaciar de sentido al concepto. Si ciudadanía es, ante todo y sobre todo, el acceso al reconocimiento del derecho a tener derechos, esto supone asumir que la participación es un ejercicio constante –por momentos conflictivo– para conquistar y poner en marcha tales derechos.

En términos sociales y políticos, ¿cuál sería entonces la antítesis de fragmentación? Podría ser integración o cohesión. ¿Cómo se puede llegar a esto sin renunciar a las legítimas demandas que, apoyadas en los derechos básicos, hacen los distintos grupos y sectores? No se trata aquí de ensayar contestaciones ligeras para un problema que, como todos aquellos que atañen a lo social y político, requiere de complejidad tanto en el diagnóstico como en la búsqueda de respuestas. Pero sí se puede decir que a la política de nuestros días le está faltando un capítulo sobre la gestión ciudadana de los conflictos. Una asignatura en cuyos contenidos mínimos aparezcan, de manera genuina y no tergiversada, ítems tales como el diálogo, la negociación, el respeto por la diferencia y la acción colectiva y mancomunada para la mejora de la calidad de vida de todos y de todas sobre una base de derechos. Sería tal vez la manera de salir del piquete como único recurso, de la falta de quórum como trámite recurrente, de las respuestas elusivas para evitar llegar al fondo de las cuestiones y de la intransigencia para insistir sólo en las propias explicaciones y convicciones sin reparar en la posibilidad de verdad que existe en los argumentos de los otros.

La gestión ciudadana del conflicto es una herramienta necesaria e ineludible de la política, si se quiere transitar el camino de la cohesión social en lugar de insistir en prácticas y actitudes que profundizan la tan mentada fragmentación que sólo seguirá favoreciendo a los que tienen más poder.