El jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, debió comparecer ayer como testigo ante la Justicia porteña en la causa que persigue la prohibición de las polémicas pistolas eléctricas Taser X26 en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Tras más de tres horas de audiencia en las que debió ser obligado por la jueza Andrea Ganas a contestar la mayoría de las preguntas referidas a su conocimiento sobre estas armas, el funcionario insistió en defender su uso para “proporcionar mayor seguridad” a los vecinos de la ciudad. En tanto, el juzgado solicitará al Departamento de Medicina Legal de la UBA un informe técnico sobre los efectos en el cuerpo humano que producen las llamadas “armas no letales” antes de expedirse sobre su peligrosidad. Desde la oposición, el legislador por Encuentro Popular para la Victoria Francisco Tito Nenna salió al cruce de Burzaco al sostener que con la implementación de las Taser pretende “formar la secta de la picana”.

Burzaco llegó pasado el mediodía al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº9, acompañado por sus abogados. Debía presentarse a partir de una demanda impulsada por el Observatorio de Derechos Humanos (ODH). Poco dispuesto a contestar las preguntas que lo aguardaban a sobre cerrado, la audiencia se prolongó hasta pasadas las 15, debido a la negativa del funcionario a responder los requerimientos que giraban en torno de su pericia sobre el tema. Tras ser obligado a contestar cuál era su conocimiento sobre los dispositivos eléctricos X26, Burzaco aseguró que sólo tomó contacto con el tema en “seminarios internacionales”, donde se discutió “cómo actuar en la vía pública ante situaciones de violencia”, para evitar las armas de fuego.

Cuando se lo inquiró acerca de si las pistolas eléctricas fueron ya utilizadas contra alguien, alguna vez en el ámbito de la ciudad, Burzaco sólo deslizó que no lo sabía y que creía que la Taser “la puede adquirir cualquier ciudadano común”. Según le confirmó el fabricante a Página/12, el modelo X26 requiere que se certifique que los que la porten sean miembros de fuerzas armadas o de seguridad antes de concretar la venta. El macrista tampoco acertó cuando ejemplificó en qué situaciones podrían utilizarse las “armas no letales” por parte de la fuerza que conduce. Las contravenciones a las que se abocaría la Metropolitana no incluyen la toma de rehenes ni pueden ser comparadas con las funciones de los grupos de elite de otras policías.

A su vez, el jefe de la Metropolitana negó una vez más que las Taser estén en poder de la fuerza. En rigor de verdad, las diversas medidas judiciales presentadas en contra de los dispositivos congelaron la adquisición anunciada a fines del año pasado. A pesar de que el monto de la operación consta en el Boletín Oficial, Burzaco dijo no saber que las X26 cuestan alrededor de 2700 dólares, más accesorios.

Sobre los informes técnicos de organismos de derechos humanos internacionales, el funcionario adujo que desconocía si fueron tenidos en cuenta a la hora de evaluar su compra. Desde la gestión macrista se quejan de que la idea fue un legado de su predecesor Jorge “Fino” Palacios, aunque Burzaco no ha dejado nunca de defender su utilización “bajo determinadas circunstancias” con el fin de evitar víctimas fatales. Del mismo modo, el funcionario admitió desconocer cuáles eran las consecuencias de las descargas eléctricas en las personas, ya que esto “excede sus funciones”. La compañía Taser publica en su página web todos los posibles efectos adversos de su uso y explicita los riesgos que emanan de su utilización.

El legislador Francisco “Tito” Nenna salió al cruce de Burzaco. Aseguró que defender el uso de las Taser X26 “no sólo es fruto de la obstinación del macrismo, sino de la falta de sensibilidad para proyectar la seguridad desde una perspectiva diferente de la represión”.

Informe: Gabriel Morini.