El juez en lo contencioso administrativo Roberto Andrés Gallardo ordenó allanar el SAME a raíz de dos denuncias de que el gobierno porteño incumplió con un convenio por el que debía garantizar la presencia de una ambulancia en la Villa 21-24 “en un tiempo de entre siete y diez minutos”. En lugar de eso, el juez se encontró con que, en el caso de un chico que murió tras ser baleado, la ambulancia tardó 45 minutos en llegar y no contaba con la custodia de la Policía Metropolitana, que el ministro de Salud, Jorge Lemus, había comprometido. En otro caso, de una niña de cinco años con una hemorragia, cuando su madre llamó al 107, directamente le dijeron que la ambulancia no iba a ir. Ninguno de los dos hechos figuraban en los partes de esos días que la Metropolitana y el SAME enviaron al juez, por lo que ahora también deberá dar explicaciones Eugenio Burzaco.

Lemus tuvo hace un mes una audiencia en la que debió explicarle a Su Señoría y al asesor tutelar Gustavo Moreno por qué desobedeció una orden judicial de enviar una ambulancia al centro de asistencia médica (Cesac) de la Villa 21-24. El funcionario pretextó que no existía custodia policial, pero la Policía Federal presentó pruebas de que todos los días había un policía en el Cesac y que la ambulancia no fue. Los funcionarios macristas reclamaron, entonces, que hubiera un patrullero.

A raíz del incumplimiento injustificado, Gallardo bloqueó todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de Lemus, envió a la Legislatura una copia del expediente para que evalúen si hay elementos para un juicio político y mandó otra copia al fuero penal para que se le inicien una causa. En ese fuero ya existe otro caso por una licitación de lavaderos para ropa de cama de los hospitales donde se sospecha que existió cartelización y sobreprecios. Pocos días después, otra jueza también envió un pedido de juicio político a Lemus por otro incumplimiento judicial.

Lemus presentó una innumerable cantidad de rechazos y apelaciones (sobre todo, por sus tarjetas de crédito), pero no envió la ambulancia a la villa. Finalmente, el gobierno porteño ofreció que, a cambio de retirar la orden de que la ambulancia estuviera todo el tiempo en el centro de atención, se comprometía a tener otra disponible en el Hospital Penna, que tendría custodia de la Policía Metropolitana. En el escrito garantizaron que el móvil llegaría en un tiempo estimado de “siete a diez minutos”. El juez accedió al pedido y el servicio comenzó a funcionar el 19 de abril. Tanto la Metropolitana como el SAME debieron enviar partes diarios.

El 20 de abril, sin embargo, una mujer llamó al 107 para pedir ayuda porque su hija de 5 años tenía una hemorragia genital. Según denunció, la operadora le respondió que “la ambulancia no entra a esa zona. Póngale un trapo y llévela al hospital”. La mujer tuvo que pedir dinero prestado, caminar siete cuadras y tomarse el colectivo 70 hasta Casa Cuna.

El 21 de abril, un joven, Luis Ponce, caminaba rumbo a la capilla San Blas cuando fue asaltado por otros dos. Como no quiso entregar sus zapatillas, le pegaron dos balazos y quedó desangrándose en la calle. Otra mujer corrió al Cesac a pedir que mandaran una ambulancia. Además, varios vecinos hicieron llamados. El joven agonizó en la calle durante más de media hora. La ambulancia llegó 45 minutos después y ya había muerto. La ambulancia no contaba, por otra parte, con la custodia de la Metropolitana. Un móvil de la Federal llegó a la media hora.

Gallardo recibió esta semana estas dos denuncias, la de la niña por parte del asesor tutelar Moreno y la del joven asesinado por parte de miembros de la junta vecinal de la Villa 21-24. El juez corroboró que los partes de esos dos días del SAME y de la Metropolitana no dejaron ningún registro de los dos hechos. Por eso, el asesor tutelar Gustavo Moreno reclamó el allanamiento del SAME.

El magistrado ordenó esa medida para secuestrar las grabaciones de las llamadas de los días 20 y 21 de abril y comprobar las denuncias. Además, Gallardo solicitó al jefe de la Federal, Néstor Valleca, que le remita toda la información sobre el asesinato y emplazó al titular de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, para que explique por qué no figura en los registros ninguna escolta a la ambulancia y, en definitiva, informe si existió o no la custodia. El funcionario PRO tiene un día para responder.

Por otra parte, Moreno visitó los dos Cesac de la villa y comprobó que le faltan, además de la ambulancia, los cinco psicólogos para la atención del paco que ordenó la Justicia. También vio que hay pocos pediatras. “La ambulancia es supernecesaria –sostuvo Moreno ante Página/12–. Y el caso de la nenita demuestra que no quieren entrar a la villa y no hay una articulación del ministerio sobre la prestación que deben dar; este ministro tiene algunos problemas para gestionar.”