Sergio Burstein, miembro de la Asociación Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA, pidió ayer el procesamiento del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en la causa que investiga la formación de una red de espionaje ilegal en el seno de la administración porteña. Según Burstein, que fue uno de los objetivos de las escuchas, Macri conocía “el funcionamiento del aparato paraestatal de espionaje”, por lo que le solicitó al juez federal Norberto Oyarbide que lo procese por “su participación en el concreto plan delictivo”. También solicitó el procesamiento del ex ministro de Educación Mariano Narodowski, en cuya área revistaba el espía Ciro James.

El jefe de Gobierno conocía “el funcionamiento del aparato paraestatal de espionaje, recurrió a él para conocer las conversaciones telefónicas de su cuñado, que efectivamente logró obtener, y tenía interés en conocer las mías por el conflicto que manteníamos”, acusó Burstein, que fue uno de los principales opositores a la asunción del comisario Jorge “el Fino” Palacios como jefe de la Policía Metropolitana, debido a sus vinculaciones con el encubrimiento del atentado a la AMIA. Macri está acusado de integrar una asociación ilícita dedicada a las escuchas telefónicas. Las operaciones se llevaban a cabo a través del ex policía federal Ciro James (empleado con un sueldo suculento por el Ministerio de Educación porteño sin que nadie haya podido explicar cuáles eran sus funciones) y Palacios, hombre de máxima confianza del ex presidente de Boca.

“Macri insertó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la organización criminal, no contrató a Ciro James por fuera del ámbito de la administración pública porteña, lo recibió en ella y le otorgó todas las condiciones que favorecían su actividad ilícita como denominador común de las operaciones de espionaje: nombramiento, retribución, cobertura, confidencialidad y libre desenvolvimiento en la estructura estatal devenida en paraestatal”, denunció Burstein. En la causa también están imputados Narodowski y el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro, como presuntos encubridores de la asociación ilícita, ya que James y Palacios trabajaban en sus dependencias. Ayer, la Cámara Federal porteña habilitó a la Sala II de Casación para que analice el pedido de Montenegro para apartar a Oyarbide de la causa, algo que hasta ahora ha sido rechazado por el magistrado y la Cámara Federal.