La Iglesia Católica puede celebrar. La mayoría de las leyes de salud reproductiva vigentes en las provincias son letra muerta. Los hospitales públicos no están entregando anticonceptivos o lo hacen de forma restrictiva, según surge de una amplia investigación realizada por el Banco Mundial a la que tuvo acceso exclusivo Página/12. “La sanción de la ley no garantiza su existencia ni su cumplimiento”, advierte el organismo. Los principales obstáculos son “falta de recursos, ausencia de asignación presupuestaria o desvío ilegal de fondos para otros fines”, revela el estudio. La situación más negativa es la de Córdoba, donde el Poder Ejecutivo vetó los artículos “más sustanciales” de la ley y, en consecuencia, la norma vigente es “casi una ley retórica, vacía de contenido”. En Chaco, debido a restricciones presupuestarias, “los adolescentes se contemplan en el programa solo después de que hayan tenido un embarazo y, por lo tanto, no de manera preventiva”.
El trabajo quedó plasmado en el libro Los límites de la ley: la salud reproductiva en la Argentina, que próximamente será presentado por el Banco Mundial. Para el estudio, coordinado por Sandra Cesilini y Natalia Gherardi, un equipo de cinco especialistas en cuestiones de género analizó la legislación vigente en cada provincia, sondearon la aplicación efectiva de las normativas a través de entrevistas a informantes clave del ámbito gubernamental y de ONGs locales, y desgranaron los debates parlamentarios para la sanción de las leyes.
El tema preocupa particularmente al organismo de crédito. “La actual Estrategia de Asistencia al País (EAP) correspondiente a la Argentina identifica, entre otras cosas, la relación entre una familia numerosa y su nivel de pobreza como uno de los problemas prioritarios que requieren particular atención”, aclara la introducción del libro.
Las conclusiones del estudio son alarmantes, sobre todo en un contexto en el cual están aumentando las tasas de mortalidad materna e infantil, y de embarazo adolescente en el país (ver aparte). “Si bien se han realizado avances importantes en términos de legislación sancionada tanto a nivel nacional como provincial, dicha legislación no parece tener un impacto significativo en las vidas y experiencias de la gente, en particular, del sector más pobre de la población”, advierte el estudio de 126 páginas. De las 24 provincias, sólo 12 han aprobado leyes de salud reproductiva. Son La Pampa (en 1991), Chaco, Córdoba, Corrientes, Mendoza y Río Negro (en 1996), Neuquén (en 1997), Jujuy y Chubut (en 1999), Tierra del Fuego (en 2000) y Santa Fe (en 2001, pero fue reglamentada recién en octubre de 2002). En la provincia de Buenos Aires hay una resolución y en Misiones un decreto referido al tema. En el ámbito porteño se creó un programa de Paternidad Responsable en 1986, cuando era municipio, pero la Legislatura lo convirtió en ley en 2000. En la mayoría de los casos se crearon programas específicos de salud reproductiva a través de los cuales deberían entregarse anticonceptivos, aunque el monitoreo encontró que el suministro es inexistente o deficitario.
“Una excepción es Mendoza, donde la aplicación de la ley es bastante buena, e incluso se está haciendo un trabajo muy interesante en salud reproductiva con los varones, adultos y adolescentes, para compartir la responsabilidad de la prevención de un embarazo con la mujer. Las peores situaciones son las de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, justamente las provincias más importantes por la cantidad de población”, detalló a Página/12 Cesilini, especialista del Banco Mundial.
De las consultas realizadas a las ONGs y a funcionarios del ámbito gubernamental en cada provincia surge que:
- En Córdoba, el grado de aplicación es “nulo”. “No existe voluntad política para que la ley tenga eficacia” (ver aparte).
- En la provincia de Buenos Aires directamente no se entregan métodos en los hospitales. En el ámbito gubernamental alegan que “el motivo por el que no existe una ley provincial es religioso”.
- En la Ciudad de Buenos Aires “muchas veces no existe suministro estable”. La aplicación del programa de salud reproductiva “depende de la voluntad de la persona a cargo en el hospital”. Su promoción es “escasa”. Para mejorar su cumplimiento son necesarios “más recursos humanos y mejor infraestructura dentro de los hospitales”.
- En Jujuy, el gobierno no entrega anticonceptivos gratuitos, aunque los proveen a precios fuertemente subsidiados. Los profesionales que trabajan en los sectores de la salud pública “no mencionan la anticoncepción salvo que el paciente así se los solicite”.
- En Mendoza, el programa de salud reproductiva tiene “bajo nivel de aplicación debido a la posibilidad de objeción de conciencia, reconocida por la legislación vigente”. No obstante, hay suministro gratuito de anticonceptivos, entre los que se incluyó la contracepción de emergencia y la posibilidad de ligar las trompas de Falopio.
- En Neuquén, la ley “rara vez es puesta en práctica” y “falta promoción” del programa de salud reproductiva. El programa tiene un grupo de profesionales calificados, pero “no tratan los temas de salud reproductiva a menos que el paciente solicite asistencia”, y aun en este caso “la respuesta dependerá del profesional en cuestión, tanto en el sector de la salud pública como privada”.
- En Río Negro, la ley “no es de aplicación generalizada”. Las actividades de promoción “no parecen llegar a la población”.
- En Chaco, la falta de asignación presupuestaria específica dificulta el suministro de anticonceptivos. La ley tiene poca promoción. Debido a restricciones presupuestarias, “los adolescentes se contemplan en el programa sólo después de que hayan tenido un embarazo, y por lo tanto no de manera preventiva”.
- En Misiones, los profesionales que trabajan en el sector público “no hablan abiertamente” sobre anticoncepción, salvo que sus pacientes se lo soliciten.
El estudio encontró que los principales “obstáculos” para la efectiva aplicación de las leyes provinciales son “falta de recursos, ausencia de asignación presupuestaria, o el desvío ilegal de fondos que han sido aplicados a otros fines”. Otro problema central es “la falta de continuidad institucional, las debilidades de los sistemas de salud para cumplir aquello que estipula la ley como política estatal y la rotación constante de funcionarios públicos”. La situación empeora cuando se consideran los problemas en la capacitación de los médicos en salud reproductiva, o cuando sus actitudes personales subestiman la cuestión, advierte el Banco Mundial. Esta situación se combina con una concepción que casi exclusivamente encuadra los temas de anticonceptivos, salud y derechos reproductivos en el sistema médico. “Esta excesiva medicalización, que deja de lado las organizaciones sociales y comunitarias que podrían cumplir un importante papel complementario, actúa como barrera contra la adecuada canalización de demandas” de anticonceptivos.
“Las ONGs han hecho un gran esfuerzo para conseguir que las leyes se aprueben en cada provincia, pero no realizan trabajos de monitoreo de su puesta en práctica y la aplicación es escasa. La Argentina es un cementerio de leyes”, opinó Cesilini.