Por Raúl Kollmann y Felipe Yapur

El escándalo empezó a desatarse. José Alperovich, el precandidato a gobernador mejor ubicado en la interna del justicialismo y el preferido de Eduardo Duhalde y su esposa Chiche, es de origen judío. El domingo pasado, casi como mensaje navideño, el arzobispo de Tucumán, Luis Héctor Villalba, advirtió que el futuro gobernador debe ser católico apostólico romano, con lo cual le puso el veto a la candidatura de Alperovich. El arzobispo Villalba argumentó que debe cumplirse la Constitución provincial que, tras una reforma que encabezó el genocida ex gobernador Antonio Domingo Bussi, establece que todo mandatario provincial debe jurar sobre los Santos Evangelios. El secretario general del PJ tucumano, Antonio Guerrero, sostuvo que el Pacto de San José de Costa Rica ampara a los que profesan cualquier religión, a lo que el bussista Pablo Calvetti contestó que “si seguimos el razonamiento de Guerrero, hasta un insano podría ser candidato a gobernador”.
La polémica se da en una provincia en la que ya se registraron al menos 17 muertes por desnutrición y en la que la situación social es una de las más graves del país. En ese escenario se desató una furiosa interna dentro del partido gobernante, el PJ, que incluyó pedidos de juicio político y movidas para promover la destitución del gobernador Julio Miranda. Alperovich no ha tenido un papel menor en la catástrofe tucumana: fue ministro de Economía hasta asumir su cargo actual, el de senador nacional. Quienes lo cuestionan sostienen que fue el artífice de la llamada “Caja Unica”, aprobada por la Legislatura, que consistía en que todos los ingresos provenientes de la Nación iban a parar a una única cuenta de la que después salían las partidas para los distintos destinos que dispusiera el Ejecutivo provincial. La acusación es que los fondos que llegaban para ayuda social, entraban a dicha caja, y después se usaban para otros gastos.
Pese a esas imputaciones, una parte de los tucumanos considera que hizo una gestión aceptable y por ello aparece como el mejor ubicado en las encuestas. Por ahora, cuenta además con el apoyo del cuestionado y debilitado gobernador Miranda y, sobre todo, del matrimonio presidencial. Es más, Chiche Duhalde se alojó en casa de Alperovich durante su estadía en Tucumán para implementar el llamado Operativo Rescate. Cuando este diario le preguntó por la responsabilidad de Alperovich en la Caja Unica, la primera dama respondió sin titubear: “No me interesa de quién es la responsabilidad. Lo importante es terminar con ese mecanismo”.
El domingo, sorpresivamente, el arzobispo Villalba se metió en la interna política al reclamar que “se cumpla a rajatabla la Constitución especialmente en su disposición confesional, que exige que el gobernador y el vicegobernador profesen la fe católica, apostólica y romana. Somos un país que no cumple las leyes y, por no tener reglas, vamos a los tumbos. Yo no voy a opinar si conviene o no reformar la Constitución. Eso no me compete”, sostuvo el prelado. En cambio, la opinión de José María Rossi, el obispo de la diócesis de Concepción, es más democrática al considerar que lo importante es que el sucesor de Miranda “sea buen gobernante”.
La constitución tucumana, reformada exclusivamente por el bussismo en 1990 y que contó con el apoyo del único representante de la UCR, Carlos Muiño, no contiene una prohibición expresa sobre la condición racial o religiosa del gobernante. Sin embargo, el artículo 80 expresa taxativamente que el gobernador electo debe jurar sólo por los Santos Evangelios. Alperovich, como sabe todo Tucumán, es judío y esa condición lo dejaría fuera de carrera. De todas formas, la expresión claramente discriminatoria del arzobispo sirvió para avivar la disputa entre los que competirán por el puesto de gobernador. Para el bussismo es casi un regalo del cielo, sobre todo frente a la decisión del genocida Antonio Bussi deno repetir como gobernador con lo que dejó a su partido sin un candidato de fuste que pueda competir con Alperovich. Ricardo Bussi, el hijo del dictador, no parece dar la talla.
La declaración de Villalba provocó un fuerte cruce de opiniones entre los protagonistas de todos los colores que salieron con algunas posturas insólitas:
- El secretario general del PJ, Antonio Guerrero, sostuvo que “Alperovich puede ser gobernador porque el Pacto de San José de Costa Rica tiene rango constitucional y establece que ningún ciudadano puede ser impedido de acceder a un cargo en razón de su credo”.
- Desde el bussista partido Fuerza Republicana, respondió Pablo Calvetti: “Si seguimos el razonamiento de Guerrero, hasta un insano podría ser candidato a gobernador. El pueblo no puede esperar el juramento del gobernador para saber si miente o no”. Con esta última frase, Calvetti sugiere que Alperovich podría realizar una maniobra de pelear por la gobernación y eventualmente realizar una especie de falso juramento.
- Jaime Salomón, titular de la DAIA, también se metió en la polémica: “El tener un determinado credo no asegura que alguien sea buen gobernante. Además, íntimamente creíamos que ya había concluIdo la Inquisición”.
- En cambio, el sheij de la mezquita El Mártir, Mahmud Aid, dijo que “en este país la mayoría es católica y es lógico que los gobernantes pertenezcan a esa religión. En los países islámicos, la minoría no puede acceder al gobierno con facilidad”.
Por estos días en Tucumán opinan todos, salvo Alperovich. El precandidato se resiste a participar de la polémica porque, curiosamente, considera que el debate sobre su condición de judío lo va perjudicará en la campaña electoral. Esta es la razón por la cual mandó a decir que no quiere opinar. El que sí fue categórico es el rabino Salomón Nussbaum: “Las consignas constitucionales deberían excluir no por razones religiosas sino morales, a quienes no tienen dignidad. Aquí, presuntos genocidas pueden ser candidatos por el sólo hecho de una pertenencia religiosa. Eso no puede ser”.