Luego de la audiencia pública del Tribunal Superior de Justicia porteño, por un “conflicto de poderes” en el que tres jueces denunciaron un intento de Mauricio Macri de “disciplinar a la Justicia” ante sus fallos contrarios a la gestión PRO, las ONG Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señalaron su “preocupación ante la situación de crisis institucional que involucra a los tres poderes de la ciudad, de-satada a raíz de las demandas iniciadas por irregularidades en el proceso de integración de una vacante en el TSJ”. Las dos ONG impugnaron a la candidata de Macri, Daniela Bruna Ugolini. El procedimiento para designarla fue fruto de diversas denuncias de irregularidades, cinco jueces fallaron en contra y Macri recurrió al TSJ, que salteó la segunda instancia y revocó todas las medidas. El gobierno porteño avanzó, entonces, con un proceso a los jueces Roberto Andrés Gallardo, Elena Liberatori y Guillermo Scheibler. Esta semana fue la audiencia pública, acompañada por una protesta callejera, y ahora el TSJ deberá fallar. Las dos ONG destacaron que “una decisión que entienda que los actos de control judicial configuran conflictos de poderes significaría un precedente grave y peligroso para el sistema de frenos y contrapesos republicanos”. “No advertimos que el comportamiento de los jueces haya implicado un exceso de funciones”, consideraron.