El grave problema social que significa vivir en la calle no tiene una ley marco ni forma parte de la agenda política. Si el tema cobró cierta visibilidad desde el 2009 fue por una persistente campaña de Proyecto 7 (una entidad que reúne a quienes pasaron por aquella situación o aún continúan en ella) y las denuncias contra la represión sistemática de la UCEP que dependía del gobierno porteño. Un grupo de legisladores nacionales y de la ciudad busca precisar los derechos de unas quince mil personas que duermen a la intemperie, sólo en la Capital Federal. Será el primer proyecto de ley que se discutirá en el país sobre el tema. La propuesta es definir a los afectados “como sujetos de derecho y no como objeto de aplicación de un programa” para terminar con políticas públicas que sólo contemplan el asistencialismo como salida. La norma es tributaria de un marco jurídico que ya existe en Brasil para ciudadanos en situación semejante. Lula firmó un decreto que protege y les restablece derechos a los sin techo. Aquí los sectores involucrados tratarán de que se voten en la Legislatura y también en el Congreso nacional.

El 9 de diciembre pasado ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que tiene la firma de Alicia Andreozzi y Horacio Avila, de la ONG Proyecto 7. Es producto del trabajo de más de una decena de organizaciones, de profesionales especializados en la problemática y de las discusiones que se dieron en la Comisión de Ciudadanía Plena de la Legislatura. La iniciativa considera personas en situación de calle a quienes habiten en ella o en espacios públicos sin acceso a la red de albergues, así como también a aquellos que los utilicen. Y contempla además a los ciudadanos que corren el riesgo de perder su casa por desalojos inminentes, por habitar en viviendas precarias o que se encuentran alojados en instituciones penales, de menores o médicas.

La diputada nacional Liliana Parada, de Proyecto Sur, hizo propia la aspiración de la ONG: “Empezamos a pensar la idea de una ley para reconocer y restituir derechos. O sea, para dar un paso adelante, porque todo lo que brindaron hasta ahora los sucesivos gobiernos fueron planes focalizados en el asistencialismo. La idea era ver la situación primero, y luego empoderar a través de una ley los derechos que ya están consagrados en la Constitución de la ciudad”, explicó.

La norma menciona los deberes del Estado porteño hacia las personas en situación de calle: entre otros, “la lucha contra los prejuicios y acciones violentas”, “la prioridad en la atención a quienes padezcan de alguna discapacidad física o adicción”, “la promoción de la organización política y su participación en el diseño, control social, seguimiento y evaluación de la política pública” y, por último, que “se debe realizar un relevamiento anual” que permita “tener un diagnóstico y fijar las políticas puntuales para los distintos subgrupos”.

Uno de los ejes del proyecto es el que sus autores llaman “derecho a la ciudad y al uso del espacio público”: “El derecho a la ciudad es definido como un derecho integral que involucra dimensiones políticas, sociales, económicas y culturales”. Este comprende “el derecho a circular libremente, el derecho al espacio público, a su uso, disfrute y apropiación, el derecho al acceso a los servicios y a la infraestructura pública”.

Una de las dificultades más serias con que se topan las personas en situación de calle es que, en muchos casos, carecen de documento de identidad. Por eso, un artículo establece que tienen derecho a “recibir un nombre personal y a tramitar la documentación necesaria para acreditar identidad, ya sea para aquellos nacidos en territorio argentino como aquellos naturalizados y/o radicados en el país; así como los derechos vinculados con la ciudadanía tales como: inscripción en el sistema de seguridad o previsión social, sufragio, celebración de contratos, intervención en procesos judiciales y administrativos, realización de actos notariales y acceso a cargos públicos”. A ese efecto, el proyecto prevé lo que señala como “domicilio social”.

La diputada Parada, que denunció las prácticas violentas de la UCEP y sufrió un acto de intimidación cuando un desconocido atacó a su madre en mayo del año pasado, sostiene sobre el proyecto: “Es bastante ambicioso. Recupera el espacio público, al que llamamos espacio común. Queremos apoderarnos de este término, que es el que nos robaron. En el espacio público está la gente en situación de calle que genera peligro y la que no está, tiene miedo y no sale a la calle. Hay organizaciones con gente en situación de calle y otra que no, como el caso de las ollas. Se está planteando superar el tema de dar comida. La ley va a poner en debate determinadas cuestiones que están tapadas”.

El proyecto se encuentra en la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social de la Legislatura. Incluso adhirieron algunos diputados del PRO, pese a que el gobierno de Mauricio Macri sistemáticamente intentó desplazar por todos los medios a los indigentes que duermen en las calles de la ciudad. Los fundamentos de la ley lo confirman: “Se han puesto en práctica acciones agresivas y violentas que promueven la movilidad, el desplazamiento y la erradicación de los sujetos en los espacios públicos. Estas acciones no sólo someten a los ciudadanos/as que viven esta situación a mayores niveles de vulnerabilidad y de exclusión social, sino que también imponen mayor control sobre sus actividades cotidianas”.