Por Irma Parentella

El tema educativo sigue postergado. En el presupuesto 2003, aprobado en Diputados la educación cae en picada. Sin embargo, a la hora de los discursos, se le adjudica a la educación la posibilidad de paliar la crisis y favorecer el desarrollo individual, socioeconómico y cultural. Los países desarrollados tienen esto claro e invierten en educación. En Argentina eso no ocurre. El presupuesto educativo nacional se reduce más. Dos años de ayuno y lucha docente en la Carpa Blanca motorizaron la sanción de la Ley 25.053 para el pago del Incentivo Docente. Ley que se cumple parcialmente y siempre con atraso. Sancionada el 10/10/98 creó el Fondo de Incentivo Docente a partir del 1º de enero del ‘99 con una vigencia de 5 años, es decir hasta el 31 de diciembre de 2003. En un principio se solventó con el cobro de un impuesto a los automotores y luego pasó a financiarse de Rentas Generales. Es imprescindible que el Senado incorpore el Fonid cuando se vote el Presupuesto. En Diputados se reconoce la deuda del segundo semestre del 2001 y se incorpora el pago del primer semestre del 2002, quedando sin cumplimentar el segundo semestre del 2002 y todo el 2003 tal como lo obliga la mencionada ley.
A los docentes se les pide cada vez más esfuerzos. Que se ocupen de la desnutrición, de las nuevas enfermedades de la pobreza, de la desocupación que invade a las familias, del alcoholismo, de la droga, del sida. También abundan proyectos para que, desde la escuela, se aborden temas de educación vial, educación tributaria, derechos humanos, ecología, cooperativismo, etc. Pero a la hora de reconocer el trabajo docente se elige cumplir con los organismos internacionales haciéndole pagar gran parte del ajuste a la comunidad educativa.
Los maestros siguen agrandando la legión de pobres. No cumplir con el Fonid significa una rebaja salarial en algunas provincias del 26 por ciento y en otras del 12 por ciento, además muchos docentes podrían dejar de recibir la única fuente de ingresos en pesos, porque el resto de sus salarios los cobran en bonos.
Significa abrir un frente de conflicto gremial y la amenaza de aulas cerradas y escuelas inactivas.
¿Qué necesitamos para reaccionar?
¿Ver imágenes de docentes hambrientos o imposibilitados de viajar a sus lugares de trabajo por falta de recursos; necesitamos un estímulo sangriento, brutal, como el de los chicos desnutridos, para luego plantear un operativo rescate? ¿Seremos capaces de reaccionar, cumplir con la Ley y asignar lo que corresponde para mantener abiertas las únicas instituciones creíbles hoy, nuestras escuelas? O con más ajuste queremos matar la educación pública.
De los legisladores depende asignar los fondos y del Ejecutivo no cometer la injusticia del veto.

* Diputada Nacional Interbloque Alternativa-ARI.