El Gobierno ratificó ayer su decisión de impulsar “la vía judicial” para tratar de forzar a los ambientalistas a levantar el corte del puente binacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos. “No vamos a seguir con los palos, vamos a ir con la ley. La estrategia del Gobierno es la Justicia. Esto lo tendrá que resolver la Justicia porque el mantenimiento del corte supone una violación a las normas y al Código Penal”, aseguró el ministro de Justicia, Julio Alak, en diálogo con Página/12. Alak es uno de los firmantes –junto con la Presidenta, obviamente– del decreto simple que habilita al procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, a representar al Estado como querellante ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. El decreto en cuestión fue rápidamente notificado al juez subrogante Gustavo Pimentel. El magistrado había puesto esa autorización formal como un requisito ineludible para aceptar al Estado como parte querellante en la causa abierta por la interrupción del derecho constitucional a la libre circulación.

Según pudo saber Página/12, en la demanda que el Estado presentó ante el juzgado de Pimentel están imputados diez –no más, tampoco menos– reconocidos miembros de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Hasta que el juez Pimentel no solicite otro tipo de pruebas, el Gobierno sólo puede justificar su acusación –dirigida por ahora a vecinos de la ciudad entrerriana con nombre y apellido– en documentación de carácter público, como notas periodísticas que se hayan publicado en los últimos tres años y siete meses: el lapso que lleva la protesta. En la denuncia penal que recibió el juzgado hay diez imputados cuyos nombres han aparecido en los diarios en los últimos días. Quien no fue incluido dentro de la demanda es el referente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angeli. Algunas versiones que circularon en Gualeguaychú deslizaban que el mediático líder de la resistencia contra la Resolución 125 había sido incluido entre la lista de acusados. Fuentes judiciales de Entre Ríos aseguraron a este diario que no es así.

Aunque en el Gobierno insisten en que la decisión de la Presidenta es impulsar la “estrategia judicial”, no descartan que en forma paralela se intente una negociación política. La idea es que sea una alternativa más bien reservada, que quedará en manos del intendente local, Juan José Bahillo, y del gobernador Sergio Urribarri. Una posibilidad que no verían con malos ojos ciertos representantes del Ejecutivo es que la Asamblea, tras un tiempo de debate interno en el que se mantenga el bloqueo de la ruta 136, decida levantar el corte pero de manera temporaria y condicional. La propuesta sería que la protesta se levantara pero con un plazo previsto de antemano y con la exigencia al gobierno uruguayo de que en ese lapso empiece de una vez el monitoreo conjunto del río y que –además– facilite la inspección de las instalaciones de Botnia.

En el Ejecutivo sostienen que la estrategia de presentarse como querellante también responde a una decisión más general que está ganando consenso entre la primera plana del oficialismo. Según ese argumento, las protestas sociales buscan “visibilizar demandas que son invisibilizadas” y por eso se entiende que haya protestas que obliguen, tanto al Estado como a los medios de comunicación, a poner el foco en ellas. En eso consiste un corte de ruta. Si el sentido de esa protesta es “visibilizar” un reclamo, siempre según el argumento que esgrimen en la Casa Rosada, se supone que no necesitará permanecer indefinidamente en ese lugar. En esa línea de argumentación, un piquete debería realizarse por un plazo determinado, hasta lograr la atención buscada; si se prolongara en el tiempo perdería aprobación y legitimidad ante el resto de la sociedad. “Nosotros nunca vamos a reprimir, no vamos a criminalizar la protesta social, pero al tema hay que irle dándole cierto orden”, planteó ante Página/12 un funcionario que desde hace días viene siguiendo con atención el conflicto de Gualeguaychú.