La Cámara de Casación Penal dejó firme la condena a dieciséis años de prisión al comandante retirado de Gendarmería Víctor Rei por la apropiación y supresión de identidad de Alejandro Sandoval Fontana, hijo de los desaparecidos Pedro Sandoval y Liliana Fontana, secuestrados en 1977. El fallo tiene dos aristas de gran trascendencia: una es que confirma que la sustracción de menores durante la dictadura debe ser considerada como desaparición forzada de personas y delito de lesa humanidad, que como tal no prescribe; la otra es que respaldó el trabajo y la confiabilidad de los estudios realizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), aun con posterioridad a 2006, que es el período que pone en duda el abogado defensor de Ernestina Herrera de Noble, Gabriel Cavallo, en la causa donde se investiga si sus hijos adoptivos son hijos de desaparecidos.

Rei fue condenado en abril del año pasado y recibió “la pena más alta impuesta a un apropiador”, recordó un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo. Su defensa cuestionó al BNDG, algo que también había hecho durante el juicio con razonamientos casi idénticos a los que plantea el nuevo abogado de la dueña de Clarín en el expediente sobre la identidad de Marcela y Felipe, a quienes adoptó en 1976. El planteo es que tras el desplazamiento de Ana Di Lonardo de la dirección del BNDG, en 2006, se rompió lo que llaman la “cadena de custodia” de la información genética, al no haber un responsable definitivo y quedar a cargo un ex abogado de Abuelas. Esa situación, alegan, habría llevado a que las muestras almacenadas (de familiares de desaparecidos) perdieran confiabilidad.

En 2006 el BNDG del Hospital Durand confirmó que el ADN de Alejandro resultaba compatible en un 99,999996 por ciento con el de Fontana-Sandoval. El joven relató a Página/12 que del primer allanamiento que hicieron en su casa para llevarse muestras de ADN lo alertó su apropiador, Rei, desde la cárcel. Así que él mismo, y con la complicidad de los policías que realizaron el procedimiento, les dio sábanas y ropa limpia o elementos que no servirían (como un cepillo de dientes pasado por los de su perro). Pero la jueza María Servini de Cubría lo sorprendió con un allanamiento de madrugada, donde se secuestraron pruebas que sí resultaron de utilidad. Finalmente, contó, hizo el “clic” que le permitió conocer su identidad y a la familia que lo había buscado. Aceptó incluso una extracción de sangre para cotejar los estudios genéticos, que ratificó sus orígenes.

El fallo de la Sala IV de Casación –que firman Mariano González Palazzo, Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso y Augusto Diez Ojeda– avaló la actuación del BNDG y dio por válidos los estudios genéticos realizados gracias a los cuales Alejandro recuperó su identidad y le permitirán “obtener un nuevo DNI”, destacaron en Abuelas. En tribunales, quienes presenciaron las audiencias del juicio a Rei, recordaron en diálogo con este diario que cuando declaró Di Lonardo –nombrada perito de parte por la directora de Clarín– no puso en duda la fiabilidad de los estudios de ADN.