EL PAíS › ALEJANDRO ROSSI Y RICARDO GIL LAVEDRA HABLAN DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
La Cámara baja tiene previsto tratar el próximo miércoles la modificación del Consejo. El oficialista sostiene que la propuesta de la oposición es “un claro retroceso”. El opositor dice que es necesario limitar el poder del oficialismo en el cuerpo.
› Por Miguel Jorquera
Alejandro Rossi es autor de uno de los proyectos de reforma al Consejo de la Magistratura que surgieron desde el oficialismo, donde conviven opiniones diversas. El diputado por Santa Fe considera que el dictamen opositor es “un retroceso” que le otorga a la propia corporación judicial (abogados, jueces y académicos) “un peso superlativo” y “violenta” el equilibrio interno en un organismo que debe controlar al Poder Judicial, en detrimento de la “representación popular”.
–¿Qué opina del dictamen que consensuó la oposición para modificar la composición del Consejo de la Magistratura?
–Es un claro retroceso, una involución en relación con la reforma de 2006, que reestructuró el Consejo con dos cuestiones centrales: quitarle dependencia de los magistrados y dotarlo de mayor independencia interna.
–¿Se refiere a la incorporación nuevamente del presidente de la Corte en el Consejo?
–Es una de ellas. La salida del presidente de la Corte de la composición del Consejo en 2006 fue resistida por la corporación judicial porque veía disminuida su postura verticalizadora sobre cuestiones tan sensibles como el proceso de selección de jueces. Nadie puede desconocer el ascendente moral y funcional que los supremos ejercen sobre el resto de los jueces.
–¿Y las otras?
–El desequilibrio representativo que propone. Lleva la representación popular (legisladores y miembros del Ejecutivo) a una situación casi testimonial y eleva a un rol superlativo a la corporación judicial. De esa forma se violenta la independencia interna del Consejo y otorga un peso decisivo a la corporación judicial, jueces, abogados y académicos; un peso decisivo en el nombramiento de jueces, a los que el propio Consejo debe controlar. Es una clara desnaturalización del espíritu constituyente, que proponía la democratización del Consejo. Sólo hace falta leer lo que (Eugenio)
Zaffaroni escribió sobre el tema.
–¿Cuáles son las diferencias centrales entre el proyecto de la oposición y el que usted presentó?
–Mi proyecto propone la continuidad de la reforma iniciada en 2006 por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, como generar mecanismos de apertura y no de cierre sobre el propio Poder Judicial. No cambia las proporciones entre los representantes del Legislativo y los de las corporaciones judiciales. Propone ampliar el cupo de abogados de la matrícula, de profesión, en el proceso de selección de jueces, que ahora el Poder Judicial selecciona entre sus propios empleados, e implementa exámenes permanentes de evolución sobre la actuación de los jueces.
–La evaluación de los jueces fue uno de los aspectos más criticados de su proyecto.
–Los que criticaron son los propios interesados. Respeto las críticas en general, pero lo hago en mayor o en menor medida de acuerdo a de dónde provienen. La Justicia no puede quedar solamente en manos de los abogados. El proyecto opositor es un retroceso, una deformación de la integración a favor del núcleo corporativo y en detrimento de la representación popular, expresada a través de sus diputados y senadores.
–La oposición afirma que de esta manera le quitará el poder de veto del oficialismo en el Consejo.
–Ese es el argumento más liviano, con el que apunta a generar un clima favorable para la reforma. Estadísticamente no se ha comprobado un solo caso que avale ese argumento: el 95 por ciento de las decisiones del Consejo han sido por unanimidad y en las que hubo posturas divididas, los integrantes del oficialismo nunca votaron en la misma dirección.
–¿Tampoco comparte el mecanismo propuesto por la oposición para controlar a los jueces?
–Eso es sólo cosmética para lograr un acuerdo político y destrabar la corporización del Consejo. Con la incorporación de un solo académico, sobre tres, que no sea abogado y la conformación de un consejo honorífico sin ninguna competencia, Proyecto Sur aportó la cosmética a cambio del apoyo a su proyecto de ley sobre glaciares.
La oposición tiene los números necesarios para darle media sanción en Diputados. ¿Cree que ocurrirá lo mismo en el Senado?
–No tengo idea, pero el Senado ha sido hasta ahora mucho más complicado para que la oposición articule acuerdos.
–¿Si el proyecto se convierte en ley pediría que la Presidenta la vete?
–No opino sobre eso. Pero la Constitución establece que el veto es parte del proceso de formación de leyes.
Por M. J.
Como presidente de la Comisión de Justicia de Diputados, el radical Ricardo Gil Lavedra fue el encargado de consensuar el dictamen opositor para garantizar la mayoría especial (129 votos) que requiere la reforma del Consejo de la Magistratura en la Cámara baja, aunque existen dudas de que pueda pasar con suerte por el Senado. El ex camarista federal reconoce que uno de sus objetivos es “eliminar el poder de veto del oficialismo” en el Consejo, pero admite sus dudas sobre si la nueva composición del organismo de control mejorará rápidamente el funcionamiento de la justicia.
–¿Cuáles son los ejes principales de la reforma que propone la mayoría del arco opositor?
–Primero, que la nueva integración del Consejo respeta el equilibrio que propone la Constitución, como una opción posible. Mejora sustancialmente los mecanismos de control, además de dar solución rápida a través de concursos públicos anticipados para cubrir las vacantes que se producen y una lista de idóneos para cubrir dichos cargos. Mejora la transparencia de su funcionamiento y facilita una mayor y mejor participación ciudadana. Tendrá mecanismos con indicadores objetivos de gestión, para establecer un mejor control sobre el desempeño de la Justicia.
–¿Cómo será la nueva composición?
–El Consejo tendrá 18 miembros: cuatro abogados; cuatro jueces; seis legisladores, tres por cada cámara legislativa, donde estarán representadas las tres principales fuerzas políticas de cada una de ellas; tres académicos, dos de ciencias jurídicas y uno por las ciencias sociales o humanísticas, y un representante del Poder Ejecutivo.
–Una de las críticas más importantes al proyecto es que se le da en el Consejo una representación mayoritaria a la llamada corporación judicial.
–No veo por qué razón el Consejo no debe estar integrado por jueces. La Constitución dice que los jueces deben integrarlo. La verdadera naturaleza del Consejo es que debe ser un organismo plural.
–¿Considera que los propios miembros del Poder Judicial pueden ejercer un control efectivo sobre la Justicia?
–No veo por qué no, si es un organismo plural.
–Pero la nueva conformación tiene una participación importante de los representantes del propio Poder Judicial.
–Tiene equilibrio de los distintos representantes. Además, incorpora indicadores objetivos para controlar el funcionamiento de la Justicia.
–¿En qué consisten esos indicadores?
–A través de una oficina de estadísticas que mostrarán el trabajo de los tribunales. Así como un Consejo Consultivo, integrado por organizaciones de la sociedad civil, que verificará la propia marcha del Consejo.
–Pero las decisiones del Consejo Consultivo no son vinculantes.
–No, pero sí serán públicas y opinará sobre el desempeño del propio Consejo a través de informes anuales.
–¿Cómo será el control sobre los jueces?
–Habrá auditorías periódicas en base a los indicadores de su propio trabajo.
–¿Cómo se llevarán adelante?
–Por sorteo público se decidirá a qué tribunales auditar, un mecanismo que permitirá que no haya suspicacias sobre su implementación.
–¿Por qué el presidente de la Corte Suprema, aunque con facultades acotadas, va a presidir también el Consejo de la Magistratura, que es un órgano de control de la Justicia?
–El Consejo de la Magistratura no es un organismo extra poder dentro del ámbito judicial, donde la Corte es la cabeza. Nos parece que el mejor ensamble institucional es que el presidente de la Corte lo encabece. No tendrá voz ni voto, aunque podrá pronunciarse en caso de posturas empatadas dentro del Consejo.
–También se ha planteado que el único objetivo de la reforma es quitarle el poder de veto al oficialismo en el Consejo.
–Sin duda, ése ha sido uno de los objetivos de la reforma, pero el proyecto apunta también a dotar de mayor independencia al Consejo, que hasta ahora ha tenido un desempeño medianamente satisfactorio.
–¿Considera que esta reforma mejorará rápidamente la situación de la Justicia o llevará un tiempo más prolongado?
–No lo sé, espero que sea rápido.
–¿Tiene la oposición los votos en el Senado para sancionar el proyecto?
–Espero que sea posible, si no sería una lástima y una oportunidad desperdiciada.
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