La apelación a la ciudadanía y a lo ciudadano se ha convertido en moneda tan corriente que corre el riesgo de desnaturalizarse y de vaciarse. A la vista está que la familia, la escuela y la Iglesia han dejado de ser reconocidos como los espacios privilegiados de la socialización, y los partidos políticos y los sindicatos perdieron el lugar que otrora ostentaron como depositarios de la expresión y del sentir de los ciudadanos. Y esto no debe leerse, de ninguna manera, como un ataque a la política organizada desde los partidos. Es un dato de la realidad y están muy a la vista las dificultades que siguen atravesando las estructuras partidarias para convocar y conmover, para reclutar y emocionar, en definitiva para entusiasmar y generar la militancia que existió en otros tiempos. Pero también es cierto que a la luz de la crisis de los agentes tradicionales de socialización y de las formas de representación, existe la peligrosa tendencia a reducir lo ciudadano a una cuestión meramente individual, relegando lo colectivo. O, desde otro lugar, a transformar lo ciudadano en el lugar del “consumidor de servicios del Estado”, que se siente habilitado para reclamar “porque para eso pago mis impuestos”. Ambas son distorsiones. Y si así fuera, el sentido de lo ciudadano quedaría desnaturalizado. La ciudadanía es un modo de reconocimiento en el marco de “la polis”, de la ciudad en términos materiales y simbólicos, porque es una forma de participación no sólo en los derechos sino también, y de la misma manera, en la responsabilidad social.

El concepto de ciudadanía no sólo se ha problematizado en las últimas décadas, sino que se encuentra sometido a un proceso de constantes redefiniciones. Así como la política y los modos de participación en actividad política tienen que ser repensados para volver a comprometer y entusiasmar al pueblo, se puede sostener también que la ciudadanía es, hoy por hoy, un espacio a conquistar, un ámbito abierto a la creatividad, una convocatoria a la participación y un lugar que demanda la responsabilidad individual y colectiva de las personas que habitan en una comunidad. Ser ciudadano es ser parte, sentirse parte. Pero esto no ocurre de manera automática por el solo hecho de poseer un documento que lo acredite. Son luchas ciudadanas todas aquellas que tengan que ver con el reconocimiento y la efectiva puesta en marcha de derechos, sean éstos de las minorías, de aquellos y aquellas considerados diferentes, de los excluidos. Son también causas ciudadanas las que abordan temáticas que atañen a la calidad de vida y a la preservación del mundo en que vivimos.

Los que se comprometen con estas luchas y reivindicaciones deben ser reconocidos y apoyados, porque en definitiva, se lo propongan o no, el resultado de sus causas supera lo individual y termina beneficiando a la comunidad. Pero, ¿cómo se articula? ¿Quién articula? Hasta aquí sigue sin resolverse una cuestión central: ¿cómo ordenar las causas individuales y sectoriales en un todo armónico, en lo propositivo y en lo organizativo? O dicho de otro modo: ¿cómo reformar la política y a los partidos políticos o, en último caso, cómo sustituirlos y con qué?

Para todos los interesados en una sociedad mejor y más justa, éste debería ser un desafío y una invitación a la creatividad. Hay que evaluar, repensar e inventar. En ese camino se puede reconocer el aporte de los movimientos sociales y de las organizaciones de la sociedad civil que, con limitaciones, han suplido muchas de las carencias del tejido social. Unos y otras, con diferentes grados de institucionalidad, diversidad de formas organizativas y distintos grados de legitimidad, se constituyeron en un nuevo ámbito para el ejercicio ciudadano. Se dan en este espacio ricas manifestaciones de la expresión ciudadana. Sin caer en la idealización, se puede decir que son lugares donde se recrea la participación política y, por esta vía, la socialización y la integración en la vida de la comunidad.

Pero estos movimientos y organizaciones no resuelven el problema anteriormente planteado: la construcción colectiva de sentidos que sirvan de ordenadores del pensamiento social y político, permitiendo hegemonías que hagan posible la gestión política. De manera supletoria, y por momentos poco feliz, la política aterrizó en el escenario de la comunicación, pretendiendo encontrar allí lo que no pudo construir en otro lado.

La solución no está ahí. Más bien, la ciudadanía requiere hoy de la incorporación de nuevas competencias prácticas, operativas, que sean capaces de estimular y generar condiciones propicias para la participación activa, creativa y protagónica de los ciudadanos en los espacios destinados a la política. ¿Cuáles? En la era que vivimos estas competencias tienen que estar directamente vinculadas con el acceso y el procesamiento inteligente de la información, con la creación de metodologías participativas para la defensa e implementación de los derechos (comenzando por el derecho a tener derechos), y enriquecer el espacio político cultural en función del intercambio creativo entre alteridades, entre los diferentes y plurales. Estas (y otras) competencias no podrán dejar de lado también nuevas formas de gestión, apoyadas en una ética no reñida con los derechos y apartada del camino de la corrupción. Tendríamos que invitarnos a hacer una agenda sobre estas nuevas competencias ciudadanas y a enriquecerla, poco a poco, con las experiencias y las reflexiones de todos.