El canciller Héctor Timerman confirmó que las negociaciones por el monitoreo de Botnia-UPM quedaron atascadas. A través de su cuenta de Twitter, explicó que el viernes no se reunió con su par uruguayo, Luis Almagro, para cerrar un acuerdo debido a que el gobierno de José Mujica no acepta que científicos designados por ambos países ingresen a la pastera a realizar los controles. El canciller dijo que no está previsto ningún nuevo encuentro, aunque se manifestó “listo para viajar” a Montevideo si hubiera cambios. Así las cosas, la posibilidad de un monitoreo conjunto está cada vez más lejos, a menos que los presidentes destraben la situación.

Página/12 anticipó en su edición de ayer que el gobierno uruguayo había dado marcha atrás en el ingreso de los científicos a Botnia. Uno de los participantes en las negociaciones agregó en diálogo con este diario que la postura en Montevideo es tan cerrada que “tampoco acceden a que se coloquen sensores automáticos en el interior de la planta”. Es decir que el eje principal del plan de vigilancia que presentó la Argentina –que se basa en tomar muestras en el interior de Botnia-UPM, con sensores que registren los datos ambientales de manera continua– volvió a ser rechazado por el Uruguay, a pesar de que se creía que esta reticencia ya había sido superada.

Timerman dio precisiones en su cuenta de Twitter. A la mañana, después de leer los diarios, ratificó la información publicada por Página/12 y que la Argentina “propone que los científicos tengan ingreso a todos los establecimientos en ambas márgenes”, un modo indirecto de confirmar que el punto donde está trabada la discusión es la entrada de los técnicos a la planta.

El canciller apeló a la ironía y admitió tener “coincidencia plena con el presidente José Mujica en sus declaraciones (de mediados de junio) al diario La República: ‘Los que van a entrar son hombres de ciencia, ni periodistas, ni piqueteros, ni políticos; va a entrar gente que entiende, va a entrar la ciencia, porque si no estamos fritos, precisamos datos’”, citó al jefe de Estado uruguayo.

Más tarde, Timerman agregó: “Argentina considera que el control debe ser hecho por científicos de ambos países. Aprovechamos el fallo de La Haya y lo hacemos extensivo a todos los establecimientos en ambas márgenes. La ciencia en cuidado del medio ambiente no debe tener más límites que los que decidan los científicos”.

En Montevideo, fuentes del gobierno de Mujica reconocieron al diario La República que las negociaciones “no fueron tan sencillas como se esperaba” y que el plazo de 48 horas que habían fijado los cancilleres para reflexionar, que venció el viernes, “no alcanzó para lograr un acuerdo”. Las fuentes aseguraron que el diálogo continúa, a cargo de técnicos de las dos cancillerías, y evaluaron como muy difícil que no se firme un acuerdo cuyo marco político ya fue consensuado por los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica en su encuentro de Anchorena.

El monitoreo de Botnia fue ordenado por el fallo de la Corte de La Haya. La sentencia, en su párrafo 281, a manera de conclusión, dice que “la obligación de cooperar (que tienen entre sí Argentina y Uruguay por el Estatuto del río Uruguay) trae aparejado el monitoreo continuo de un establecimiento industrial como la planta Orion (Botnia)” y que esto debe hacerse a través de la Caru (Comisión Administradora del Río Uruguay), un organismo binacional integrado por representantes de los dos países.

El gobierno uruguayo sostiene que el fallo no los obliga a abrir la planta a técnicos argentinos, y aduce una cuestión de soberanía. La Argentina entiende lo contrario, y argumenta que además del fallo de La Haya, el propio Estatuto del Río Uruguay, en su ar- tículo 44, lo establece: “Cada parte autorizará a la otra a efectuar estudios e investigaciones de carácter científico en su respectiva jurisdicción, siempre que le haya dado aviso previo a través de la Comisión con la adecuada antelación e indicando las características de los estudios e investigaciones a realizarse”, dice el Estatuto. Y agrega: “Esta autorización sólo podrá ser denegada en circunstancias excepcionales y por períodos limitados”.

Detrás de la rigidez uruguaya para que la comisión de científicos entre a controlar a la pastera está el poder de Botnia-UPM, que se recuesta en un Acuerdo de Protección de Inversiones que Uruguay firmó con Finlandia en 2002. El convenio obliga al Estado uruguayo a indemnizar a la empresa en el caso de que sufran “expropiaciones directas o indirectas”.