A pocas horas de haberse hecho público el acuerdo al que arribaron la presidenta Cristina Fernández y su par uruguayo, José Mujica, por el monitoreo binacional del río Uruguay, los ambientalistas de Gualeguaychú se manifestaron ayer frente a la Embajada de Finlandia, en el centro porteño. Inicialmente prevista para protestar contra el país de origen de la pastera UPM (ex Botnia), la movilización terminó convirtiéndose en una catarsis con la que se expresó el descontento por el documento rubricado por ambos mandatarios. Los asambleístas reiteraron su reclamo de que el canciller Héctor Timerman los reciba y les explique en detalle los alcances del acuerdo. Mientras, en Gualeguaychú los ánimos volvieron a caldearse entre los activistas que deslizaron la posibilidad de no respetar los dos meses de tregua y amenazaron con volver a cortar la Ruta 136 de manera sorpresiva e intermitente.

Más de un centenar de asambleístas se congregaron en la avenida Santa Fe al 800, frente a la sede de la representación finlandesa. Con pancartas, algunas escritas en finés y otras en inglés, que rezaban “Finlandia culpable” o “Finlandia asesina”, los manifestantes dejaron liberado al tránsito sólo uno de los carriles de la avenida. En tanto, la policía colocó un vallado de protección que impedía el ingreso en la embajada, mientras los ambientalistas, acompañados por agrupaciones de izquierda –como el MST, las Asambleas del Pueblo y el Polo Obrero–, leían un comunicado dirigido al embajador del país escandinavo, Ritva Jolkkonen.

“Acusamos a Finlandia como culpable de favorecer y formar parte de un emprendimiento contaminante y de los problemas que Botnia-UPM causa en la región”, acusó la proclama, que en nombre de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú señaló a Finlandia “como causante y responsable principal de la crisis generada” entre “dos países hermanos” como la Argentina y el Uruguay.

Asimismo, la organización ambientalista le reclamó al gobierno del país europeo que “no se esconda detrás de empresas multinacionales que invocan traer grandes beneficios a la región y, por el contrario, saquean nuestros recursos naturales”, además de traer “conflictos y perjuicios”, agregó Juan Veronessi, encargado de leer el manifiesto en un improvisado escenario. José Pouler, otro de los integrantes de la asamblea, subrayó ante Página/12 que el objetivo del acto fue “desenmascarar” a Finlandia.

El ambientalista relató que, en las anteriores marchas a esa sede diplomática, los funcionarios de la embajada rechazaron recibir el petitorio acercado por los asambleístas con el pretexto de que no habían solicitado una audiencia previa. Esta vez aseguraron que enviaron vía fax un pedido y que les fue denegado por los representantes diplomáticos, respondiendo que “el conflicto era entre la Argentina y Uruguay”, según completó Pouler.

La Asamblea Ciudadana señaló que la mayor parte del paquete accionario de la compañía Kemira –que abastece de insumos químicos al proceso de pasta de celulosa de UPM y que funciona dentro de la pastera– pertenece al gobierno finés.

Los ecos del acuerdo firmado horas antes transformaron la protesta en el lugar donde los vecinos de Gualeguaychú volvieron a manifestar su descontento con el documento. “Nada de lo que prometió Cancillería va a existir”, se quejaron. “Esta es una conquista del gobierno uruguayo, que todo lo que pidió lo consiguió”, resumieron. Todos los consultados reiteraron la necesidad de conocer “la letra chica” del convenio, para lo que le solicitaron al canciller Héctor Timerman una reunión “urgente”. El funcionario les respondió vía Twitter apenas pisó suelo ecuatoriano: “Con mucho gusto me reúno con los asambleístas para explicarles el acuerdo que finaliza el conflicto de Botnia. Hasta ahora no han llamado”. Según trascendió, el equipo de abogados de la asamblea mantendrá hoy una reunión informativa, pendiente desde el fallo de La Haya, con el equipo técnico de la Cancillería encabezado por la asesora legal Susana Ruiz Cerruti. Allí formalizarán el pedido de audiencia con Timerman.

En las últimas horas, funcionarios allegados a la negociación binacional mantuvieron contactos informales con algunos de los representantes del movimiento, para asegurarles que lo firmado el miércoles fue un “acuerdo marco” entre presidentes, y que las vías de implementación contarán con un “protocolo” anexo.

En Gualeguaychú están definiendo la estrategia defensiva ante la querella impulsada por el Gobierno contra diez de sus representantes. No sólo llevarán un escrito al juzgado que interviene con dos mil firmas recolectadas entre los vecinos para autoincriminarse en la responsabilidad por el corte de ruta sino que exigirán a las autoridades comunales –incluyendo al intendente, Juan José Bahillo– que respalden la presentación. En la última asamblea, algunas voces se alzaron también para reclamar que se vuelva a implementar el corte de ruta en Arroyo Verde, pero de manera intermitente, y quizás antes de que finalicen los sesenta días de tregua autoimpuestos.

Informe: Gabriel Morini.