A menos de una semana del 34o aniversario del asesinato del obispo Enrique Angelelli, que congregará desde el miércoles en La Rioja a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a referentes de derechos humanos de todo el país, el testigo central de los hechos se acaba de presentar como querellante particular para impulsar la causa, que aún no tiene un solo imputado. Se trata del ex sacerdote Arturo Pinto, acompañante del obispo de La Rioja en la camioneta que según la dictadura se accidentó por una mala maniobra y según Pinto volcó tras una persecución y encerrona, justo mientras sus ocupantes investigaban los primeros crímenes del terrorismo de Estado en la provincia.

En 1986, el juez Aldo Morales consideró probado el asesinato “fríamente premeditado y esperado por la víctima”. Angelelli se había reunido con el general Luciano Menéndez, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, por los crímenes de los sacerdotes tercermundistas Carlos de Dios Murias y Rogelio Longueville, y del laico Wenceslao Pedernera. En los días siguientes Angelelli dibujaba círculos concéntricos para explicar a sus íntimos que él estaba en el centro y era el próximo blanco militar. El 4 de agosto, mientras volvía de El Chamical, su camioneta Fiat Multicarga apareció volcada cerca del paraje Punta de los Llanos. El cadáver del obispo, con los brazos abiertos en cruz y un golpe en la nuca, apareció a 25 metros del vehículo. Los enfermeros que trasladaron a Pinto lo escucharon delirar: “El coche blanco, déjelo que nos pase”.

La causa se cerró en los ’80 gracias a la ley de obediencia debida de Raúl Alfonsín. Desde su reapertura está a cargo del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, que delegó la instrucción en el fiscal Darío Illanes. En febrero pasado los querellantes pidieron la citación a indagatoria de catorce imputados, encabezados por el dictador Jorge Rafael Videla, el condenado Menéndez y el ex ministro del Interior general Albano Harguindeguy, en cuyo escritorio aparecieron los escritos sobre Murias y Longueville que Angelelli llevaba en la camioneta. Los letrados que patrocinan a la sobrina del obispo, María Elena Coseano; al Centro Tiempo Latinoamericano de Córdoba y a las secretarías de Derechos Humanos de La Rioja y de la Nación, pidieron que se los impute como autores mediatos del homicidio de Angelelli y de la tentativa de homicidio de Pinto. El Obispado de La Rioja, también querellante, prestó su sede para la conferencia de prensa, pero hasta ahora no pidió indagatorias. A cinco meses del reclamo de los querellantes, el fiscal y el juez aún no se pronunciaron.

“Por primera vez están dadas las condiciones” para presentarse como querellante, evaluó Pinto en declaraciones al diario El Independiente. El ex cura, radicado en Formosa, formalizó el pedido a través de los abogados Miguel Angel Morales y Camel Rubén Layún. Morales recordó ante la FM La Red de La Rioja que Pinto “es una víctima del suceso”. Admitió que “es muy difícil llegar a saber quiénes fueron los autores materiales” del asesinato porque “ha pasado mucho tiempo, pero sin lugar a dudas podemos saber quiénes son los autores mediatos, los intelectuales que, está fuera de toda duda, comienzan por la cúpula de la dictadura militar”.

El abogado Guillermo Díaz Martínez, querellante en nombre de las secretarías de Derechos Humanos de La Rioja y de la Nación, consideró ante la consulta de Página/12 que la presentación de Pinto “es lo único que faltaba, un hecho trascendental que confirma su voluntad de colaborar en la búsqueda de verdad y justicia”, decisión “que algunos personajes habían puesto en duda”. El letrado reiteró que “con el cúmulo de pruebas que existen en la causa desde hace años, el juez (Herrera Piedrabuena) está en condiciones de fijar cuanto antes fecha para las declaraciones indagatorias”. “No hay razones para que se siga dilatando”, evaluó.