Lun 04.02.2002

EL PAíS

Buscan acelerar la suspensión de los miembros de la Corte Suprema

En el Gobierno llegaron a especular ayer con que esa medida se conocería esta misma semana. Pero luego concedieron dos semanas más. Para la embestida consiguieron el apoyo de los gobernadores.

Cuando hoy al mediodía se reúna la Comisión de Juicio Político de Diputados marcará el principio del fin de la Corte Suprema designada por Carlos Menem. El Gobierno ratificó que su decisión es apurar al máximo el juzgamiento de los jueces que el viernes declararon inconstitucional al corralito financiero. Pero ante la urgencia de algunos funcionarios que ayer imaginaban que este jueves ya podían tener a su primer supremo suspendido para mostrar la fortaleza política de la gestión de Eduardo Duhalde, en Gobierno reiteraron que serán muy cuidadosos a la hora de cumplir los pasos legales necesarios para la remoción dado la repercusión que estos temas suelen tener en el exterior. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, calculó que el proceso podría extenderse durante “20 a 30 días”. El Gobierno, que ya había conseguido el apoyo de los bloques opositores, sumó ayer también a los gobernadores peronistas.
La Rosada imagina como contraparte política a las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, la destitución de la Corte que obligó a reformular el paquete a partir de la sentencia del viernes. En ese sentido, fue significativo que Remes comenzara su mensaje considerando que la sentencia de la Corte “fue realizada de una manera irresponsable, que puso en tela de juicio la seguridad de los ahorristas, el sistema productivo y el financiero”. Como la renuncia de los jueces ya forma parte del menú de reclamos de todas las asambleas populares y cacerolazos de los últimos tiempos, el Gobierno venía preparando su destitución en el Congreso. Ahora los plazos se aceleraron al máximo.
Hoy se reunirá la comisión de Juicio Político que preside el diputado justicialista Sergio Acevedo para estudiar los 28 pedidos de juicio que pesan sobre los ministros de la Corte. Algunos expedientes ya fueron girados a las tres subcomisiones formadas para analizar los requerimientos más en detalle. Los integrantes de la comisión consideraban prematuro determinar cuáles juicios podrían prosperar, pero creían que había motivos suficientes para remover a los ministros en cinco o seis de ellos. Por otro lado, la alternativa que va ganando fuerza es la de juzgar a los supremos de a uno –con lo que también serían suspendidos individualmente– por más que haya varios imputados por el mismo caso.
Paralelamente, el Gobierno siguió recolectando apoyos políticos a la movida. El sábado ya había conseguido la adhesión de los legisladores del PJ, la UCR y el Frepaso. Ayer, el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, se encargó de contactar a los principales gobernadores del PJ. Y si bien no está previsto un encuentro para analizar exclusivamente el tema Corte Suprema, quedaron que en la reunión del miércoles para debatir la reforma política también se harán de tiempo para respalar la remoción de los jueces.
Tanto apoyo hizo imaginar a algunos hombres de la Rosada que en la sesión del jueves el Congreso ya podría suspender a un integrante de la Corte, cuestión de dar muestras palpables que el Gobierno no es débil, como sostuvo Duhalde. Pero esta alternativa dejó paso a otra más legalista, que promueve respetar a rajatabla los pasos legales que obligan a una espera mayor, que oscilará entre los 20 a 30 días.
“La decisión del Gobierno es acortar el tiempo todo lo que sea posible pero dentro de la ley”, explicó el diputado José María Díaz Bancalari. En la Rosada no quieren aparecer como promoviendo un linchamiento de los ministros porque, entienden, dañaría aun más la imagen de las instituciones argentinas en el exterior. Por eso, el canciller Carlos Ruckauf salió a aclarar que Duhalde “no tomará revancha alguna contra la Corte Suprema” ni que se producirá un conflicto de poderes.
Mientras, la oposición política siguió dando muestras de su adhesión a la jugada. El jefe de gobierno porteño y titular del Frepaso, Aníbal Ibarra, ratificó que todos los legisladores de su fuerza apoyan “firmemente” el juicio político a la Corte, porque a sus miembros nunca le interesó ni la justicia ni el dinero de los ahorristas sino que sólo se preocupó por su supervivencia.

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