A un tercio de siglo de los crímenes y a un lustro de la reapertura de las causas, comenzó ayer en Mar del Plata el primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad en la Base Naval de esa ciudad. En el banquillo, escucharon la lectura de la acusación sólo tres oficiales retirados: el general Alfredo Manuel Arrillaga, el contraalmirante Roberto Luis Pertusio y el capitán de navío Justo Ignacio Ortiz. El contraalmirante Juan Carlos Malugani y el coronel Pedro Barda, condenado en 2008 como jefe de la subzona 15 y máximo responsable de la represión ilegal en Mar del Plata, fueron excluidos del juicio, afectados por una enfermedad mental degenerativa.

El comienzo del juicio estaba previsto para el lunes pasado, pero se postergó por un pedido de la fiscalía para que se acumularan las causas Base Naval I y II, que tienen una decena de imputados, para evitar que los testigos deban declarar dos veces por los mismos hechos. El Tribunal Oral Federal 1, que integran Nelson Jarazo, Alejandro Esomoris y Jorge Michelli, rechazó la acumulación y dispuso que los testigos comunes a ambos procesos de más de setenta años declaren sólo una vez. También rechazó un pedido de suspensión de Horacio Meira, defensor de Arrillaga.

Malugani y Ortiz eran durante la dictadura jefe y subjefe respectivamente de la Base Naval, donde funcionó un centro clandestino de detención. Pertusio era director de la Escuela de Submarinos. Arrillaga era jefe de inteligencia de la Agrupación de Defensa Antiaérea 601, que comandaba Barda, y fue también el responsable en 1989 de las torturas y ejecuciones de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) secuestrados luego del intento de copamiento del cuartel de La Tablada.

Están acusados por nueve privaciones ilegales de la libertad doblemente agravadas por mediar violencia y amenazas, tormentos agravados por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, y siete homicidios calificados. Pertusio también rinde cuentas por un robo agravado por haberse cometido con armas y en patota. De no surgir demoras imprevistas o envenenamientos como el del prefecto Héctor Febres, Pertusio y Ortiz podrían convertirse en los primeros oficiales de la Armada sentenciados por crímenes durante la dictadura desde 1985, cuando la Cámara Federal porteña condenó a Emilio Massera y Armando Lambruschini.

Desde la reapertura de las causas de lesa humanidad, Mar del Plata tuvo dos juicios. En el primero, por hechos ocurridos en Azul y Olavarría, fue condenado a prisión perpetua el general retirado Pedro Pablo Mansilla (goza de arresto domiciliario en Dorrego 2699, ciudad de Buenos Aires) y fue absuelto el coronel Alejandro Guillermo Duret. Tanto la absolución como la condena hogareña fueron suscriptas por Jarazo y Esmoris, con voto en disidencia del juez Carlos Rosansky. En junio fue condenado a prisión perpetua el torturador Gregorio Rafael Molina, suboficial de la Fuerza Aérea que actuó en el centro clandestino La Cueva, en la Base Aérea de Mar del Plata. Fue además la primera sentencia del país que consideró delito específico los abusos sexuales en cautiverio.

La audiencia inicial comenzó ayer a las 11.25. La lectura de la acusación, a cargo del secretario del tribunal, continuó por la tarde, luego de un cuarto intermedio. Se estima que el proceso, en el que declararán alrededor de sesenta testigos, durará hasta mediados de noviembre. Los días de audiencia serán los lunes y martes a partir de las diez. La acusación del Ministerio Público está a cargo de los fiscales federales Daniel Adler y Juan Portla, en tanto actuarán como querellantes particulares los abogados Gloria del Carmen León (por las familias Iorio, Retegui y Regina), César Sivo (por la APDH Mar del Plata) y representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.