El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño falló a favor de Mauricio Macri en el caso en el que el jefe de Gobierno planteó un conflicto de poderes contra tres jueces porteños que habían dictado medidas cautelares.

El TSJ dispuso que “no pueden ejecutarse” los cinco fallos que se referían a irregularidades en el intento de designación de la candidata PRO al TSJ Daniela Bruna Ugolini. La resolución tuvo cuatro votos a favor y uno en disidencia, de Alicia Ruiz, quien advirtió que sus colegas provocaron “una disrupción del sistema judicial” y violaron “el debido proceso, la afectación del juez natural y las competencias de los jueces”. En tanto, los magistrados de primera instancia –que analizan apelar a la Corte Suprema o a la CIDH– volvieron a señalar que se trata de un “intento de disciplinar a la Justicia” porteña y que Macri tendrá de ahora en más el per saltum a disposición para sacarse de encima fallos molestos.

Votaron a favor del Ejecutivo y la Legislatura porteña los magistrados superiores Luis Lozano, Ana Conde, José Casas y la conjueza Elizabeth Marum, que preside la Cámara Contravencional. Los tres primeros habían ordenado, en su momento, secuestrar todos los expedientes sobre Ugolini y allanar el camino para que pudiera ser votado su pliego en la Legislatura, donde luego no reunió los votos. Esto configuró para muchos magistrados el primer per saltum de la ciudad. “Si la Legislatura pudo avanzar con los trámites de designación de la candidata Ugolini (...) fue porque este Tribunal suspendió las medidas cautelares”, se defendió Conde.

Sus Señorías consideraron que los fallos de Roberto Andrés Gallardo, Elena Liberatori y Guillermo Scheibler invadieron el ámbito del Ejecutivo, el Legislativo y se excedieron en el control. En un voto en el que no se privó de citar a Shakespeare, Lozano estimó que “no hay intentos de disciplinar” y que no existió ningún per saltum. Estimó que el allanamiento a la Legislatura, las denuncias penales y las multas a legisladores del PRO constituyeron “un menoscabo a la inmunidad que protege a los legisladores”. También se permitió sugerir que podría caberle al Consejo de la Magistratura porteño revisar la conducta de los magistrados, contra la teoría que desplegó el TSJ de que no se estaba juzgando a los jueces sino sus competencias. Lozano recibió hace algunas semanas a Macri en su despacho. En su entorno, juran que nada se habló de estas cuestiones.

El año pasado, Macri adelantó el trámite de designación para evitar que fuera votado por la actual composición de la Legislatura, con un bloque de ocho legisladores de Proyecto Sur. Los cuatro Supremos declararon abstracta esa cuestión porque los diputados ya asumieron. También sostuvieron que la velocidad que tuvo el trámite “no autoriza a confundir el carácter político-institucional del proceso de designación”, aunque luego rechazaron la teoría del Ejecutivo de un “acto político no justiciable”.

En línea con el discurso PRO sobre la Justicia, en el comunicado de prensa los supremos cuestionaron “la tentación de lograr propósitos políticos por medio de decisiones judiciales” y sostuvieron que eso sería “reemplazar la democracia por el gobierno de los jueces”. El macrista Gerardo Ingaramo festejó el fallo sin disimulo: “Esta es una prueba más del compromiso de la Justicia porteña y de PRO en el resguardo de las instituciones”, planteó. “Dejó en evidencia el accionar prepotente y avasallador de algunos jueces”, celebró Martín Borrelli. “Estamos conformes”, se sumó el subsecretario de Justicia, Daniel Presti.

En disidencia y soledad, votó en contra Alicia Ruiz, quien observó los esfuerzos “tan denodados como infructuosos” de los otros magistrados para negar que habían utilizado un per saltum. “Bajo el nombre de ‘conflicto de poderes’ ha tramitado un proceso inclasificable en el marco de las normas de la Constitución y del Código Contencioso Administrativo”, cuestionó los continuos cambios en el procedimiento. “No se han respetado las atribuciones de los jueces de primera y de segunda instancia del fuero Contencioso, ya que ni el Poder Ejecutivo ni la Legislatura hicieron uso de los diversos recursos que prevén las normas procesales de la ciudad, sino que incitaron de manera oblicua la intervención del Tribunal Superior”, analizó.

“No se informa (porque no existe) qué marco normativo habilitaba al Poder Ejecutivo y al Legislativo a hacer del Tribunal un instrumento para obturar la actuación de los jueces, para interferir en procesos judiciales, para vulnerar los derechos de los litigantes”, concluyó Ruiz, quien comparó “la desprolijidad y desproporción de los procedimientos desplegados bajo el ropaje de ‘conflicto de poderes’” con el fallo de la Corte Suprema nacional sobre medidas cautelares, que “pudo cuestionar resoluciones judiciales sin afectar el orden republicano”.

“El fallo cercena las facultades de los jueces y genera zonas de descontrol, donde no va a haber posibilidad de que el Poder Judicial intervenga”, consideró Gallardo. “Hay gente en el gobierno porteño que está pretendiendo jugar al ajedrez con esto: generar un fallo que hable de nuestros supuestos excesos para especular ante una nueva composición del Consejo de la Magistratura y forzar un juicio político de alguno de nosotros. Tendrían que ser más inteligentes y ver cómo tienen el tablero”, recomendó ante Página/12. El juez, que forma parte de la lista de los más cuestionados por Macri, indicó que evalúan apelar el fallo a la Corte Suprema o incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Liberatori consideró que “llama la atención que la voluntad disciplinadora del Ejecutivo se vea acompañada por la mayoría del Tribunal Superior”. “Es un día de luto en la ciudad. La última instancia jurídica emitió un fallo que retrotrae a un arcaísmo judicial que creíamos superado”, advirtió Patricia López Vergara, una jueza que forma parte del Consejo de la Magistratura. Además, interpretó que “lo que persigue el fallo es que los jueces estén atemorizados, porque cada vez que haya una medida que al gobierno no le plazca fácilmente se puede recurrir al conflicto de poderes”.