La Cámara de Diputados se aprestaba esta madrugada a darle media sanción al proyecto para llevar las jubilaciones mínimas al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil y su actualización de acuerdo con los fallos de la Corte Suprema en los casos Badaro y Sánchez. Oficialistas y opositores reconocían que el recuento de votos favorecía al dictamen del Grupo A –UCR, PJ disidente, CC y PRO–, que no contempla ningún tipo de financiación para los aumentos en los haberes jubilatorios, más allá de los recursos de la Anses. Mientras que distintos bloques de centroizquierda –Proyecto Sur, PS, GEN y Nuevo Encuentro– apostaban a modificar en el debate en particular la incorporación de la restitución de los aportes patronales a grandes empresas para financiar los incrementos. El kirchnerismo, esta vez sin el respaldo de varios aliados, resistía la embestida opositora afirmando que la implementación del proyecto sin ningún financiamiento extra “vaciaría en dos años el fondo de sustentabilidad del sistema previsional”. Apostaban todas sus cartas a que el Senado frene la iniciativa, que consideraban “irresponsable”.

Posiciones

“Los últimos tres aumentos alcanzan al 20 por ciento, pero, según las consultoras, el aumento de los precios ha sido del 34 por ciento. Esto significa que la Ley de Movilidad –votada el año pasado– no ha resuelto el problema de los jubilados”, sostuvo el peronista disidente sanjuanino Eduardo Ibarra. El presidente de la Comisión de Previsión y miembro informante del Grupo A –UCR, PJ disidente, CC y PRO– no acertó los aumentos que arrojó la fórmula de la Ley de Movilidad (sólo el de septiembre de este año llega al 16,9 por ciento), pero Ibarra igual fundamentó que el aumento de las jubilaciones mínimas busca que “la economía real no esclavice a los jubilados porque el salario actual no les alcanza”.

Ibarra abrió el debate sobre el aumento en las jubilaciones después de que los distintos bloques opositores sentaran, a las 14.30, a 135 diputados en sus bancas para iniciar la sesión que la larga lista de oradores prolongaría hasta avanzada la madrugada de hoy.

Claudio Lozano y Graciela Iturraspe, del interbloque de Proyecto Sur, fueron los encargados de defender su dictamen de minoría. “La clave del financiamiento es la restitución de los aportes patronales. Ni el gobierno ni el Grupo A ni las grandes cámaras patronales quieren ceder. Quieren transformar en derecho adquirido lo que es el financiamiento genuino del sistema previsional, arrancado por el liberalismo a través de (Domingo) Cavallo”, sostuvo Lozano.

“La recomposición de haberes y llevar la jubilación mínima al 82 por ciento del haber mínimo, vital y móvil es una urgencia porque los jubilados no tienen tiempo”, sumó Iturraspe y cuestionó las palabras de la Presidenta: “Hemos venido escuchando en estos dos meses que esta propuesta es irresponsable, imposible de llevar adelante, y hoy que dejaría al país en default. Por supuesto que esto no es cierto. Desde el primer día nuestro dictamen en minoría contempla financiamiento genuino y hay plata para pagarlo”.

El primero en replicar las propuestas opositoras fue el presidente de la Comisión de Presupuesto, Gustavo Marconato. “El Gobierno no es una máquina de impedir para llegar al 82 por ciento para el haber mínimo de los jubilados”, comenzó el diputado oficialista, para luego defender la política previsional del kirchnerismo: “Fuimos los únicos que recuperamos el sistema jubilatorio. Desde 2003 hasta la fecha hemos dado un 500 por ciento de aumento a los jubilados”.

“El primer año lo van a manejar bien, pero en dos o tres años no lo van a poder solventar porque es imposible pagar el 82 por ciento móvil con el actual sistema previsional. Y estoy de acuerdo con Lozano en que se debe discutir el sistema integral jubilatorio. Pero hoy, con este proyecto, van a secar el Fondo de Sustentabilidad de Garantía del sistema previsional”, sentenció Marconato.

Debates internos

La lista de oradores tenía anotados a otros 50 diputados que prolongarían el debate hasta avanzada la madrugada, aunque la suerte de la votación ya estaba echada. El Grupo A tenía garantizadas las manos necesarias para aprobar su dictamen después de sumar a los seis diputados del socialismo y los cinco del GEN a la votación en general, aunque ambos bloques habían firmado el dictamen de minoría que proponía el financiamiento a través de la restitución de los aportes patronales al mismo nivel que en el ’93, cuando el tándem Carlos Menem-Domingo Cavallo lo redujo a la mitad.

La postura del PS y el GEN abrió un debate interno dentro del interbloque de Proyecto Sur. Algunos propusieron abandonar la postura intransigente de defender su propio dictamen y de abstenerse a la hora de votar el dictamen del Grupo A. “No podemos aparecer junto al kirchnerismo en contra del aumento del 82 por ciento”, argumentaron unos. Otros se abroquelaron detrás de la postura que sostuvo Eduardo Macaluse en el recinto: “No decir las fuentes de financiamiento es hacer política con las necesidades de los viejos”. La discusión dividió aguas y Miguel Bonasso fue el primero en desertar, afirmando que votaría a favor en general del dictamen del núcleo duro opositor. Solanas dudaba, mientras el debate continuaba avanzada la noche.

Los aliados del oficialismo tampoco querían oponerse al aumento de las jubilaciones, por lo que la mayoría se abstendría en la votación en general.

Carlos Heller fue el encargado de fijar la postura del bloque de Nuevo Encuentro que encabeza Martín Sabbatella: “El 82 por ciento móvil es una medida justa, necesaria y posible”, afirmó y respaldó la restitución de los aportes patronales para las grandes empresas, que “aportarían 12 mil millones de pesos” al sistema previsional. Además de agregar un proyecto propio que incluye como otras fuentes de financiamiento “la eliminación de las exenciones a la compra venta de acciones, a las ganancias obtenidas por intereses en los títulos públicos, a los intereses de los depósitos en entidades financieras y de los ingresos de magistrados y funcionarios”. Pero decidieron abstenerse cuando se vote el dictamen del Grupo A, que no incluye otras fuentes de financiamiento que los fondos de la Anses.

La radical K Silvia Vázquez y los neuquinos del MPN también se abstendrían y no votarían en contra cuando se vote en general el proyecto. También se sumarían a favor de introducir fuentes de financiamiento en el dictamen del Grupo A, que a su vez resistirá cualquier intento de solventar los aumentos jubilatorios con el aporte empresario.

“¿De dónde deben salir los recursos para que la sociedad tenga un principio de justicia?”, se preguntó Elisa Carrió para volcar sus propios argumentos: “No puede haber redistribución del ingreso entre pobres, lo que es intolerablemente injusto y reaccionario es que los jubilados financien a los niños y no la renta financiera”, sostuvo Carrió para denostar que parte del dinero de la Anses se destine al Ingreso Universal a la Niñez. Aunque el dictamen que apoya la líder de la Coalición Cívica tampoco establece ningún gravamen al sector privado para financiar el aumento a los jubilados.

En franca minoría y con varias ausencias, no pocos oficialistas no veían con buenos ojos la postura de oponerse al aumento de las jubilaciones mínimas al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil. Por lo bajo muchos compartían la posturas de sus aliados de abstenerse, aunque el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, trabajaba junto a la mesa chica de su bancada en abroquelar la postura del oficialismo en contra de las propuestas opositoras.

Nadie quería dejar sentada su postura y la lista de oradores dejaba en claro que la votación sería bien entrada la madrugada y que la discusión por el financiamiento le agregaría varias horas más al debate.