Al cierre de esta columna, madrugada del jueves, comenzaba la discusión en particular. El Grupo A logró una votación favorable, ayudado por Proyecto Sur, que le dio quórum y aprobación en general. Lo hizo a sabiendas de que perdería su moción de debatir también nuevas fuentes de financiamiento, lo que, todo lo indicaba, sucedería horas más tarde.

“La oposición” concretó el objetivo de “ganarle” al oficialismo, una de sus obsesiones, mandato perentorio del establishment económico-mediático. En este caso, la victoria tiene una yapa potencial: esta norma, a diferencia de otras “institucionales”, puede restarle legitimidad al oficialismo. Dejarlo en off side, correrlo “por izquierda” en el área distributiva, justo uno de sus fuertes. Sea que el Senado frene la iniciativa, sea que lo haga el veto presidencial, “la oposición” supone que el Gobierno pagará un costo simbólico. Si esa profecía se cumple, habrá ganado dos veces.

La política siempre tiene mucho de picardía y encubrimiento. El sistema político argentino actual supera la media general. En este caso, ninguno de los que votó afirmativamente espera (de veras) que la ley se aplique. Todos dan por hecho que quedará en el camino, aspirando a sacar ventaja de esas circunstancias. Si se creyera viable la ley, los “contreras” con expectativas atendibles de ganar en 2011 (el panradicalismo, el espacio peronista federal-PRO) hubieran actuado con más cautela, de modo similar al que gobernaron en años cercanos: sin jamás haber imaginado una ley análoga.

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Abruma la vaguedad matemática de la polémica. Algunos estiman el impacto fiscal de la medida en 20.000 millones de pesos, otros en 30.000. Hay terceros que miran al techo y bartolean algún otro guarismo. Esos vueltos de diferencia no importan porque “la plata está”. Para llegar a esa edificante conclusión se proponen eliminar subsidios, aunque algunos, como los del transporte público, son salario indirecto de trabajadores. Minga de aumentar impuestos, la propuesta fiscal de la oposición es maravillosa: bajar las cargas, aumentar el gasto.

Proyecto Sur, ya se dijo, iba por un camino más congruente: crear o restaurar tributos, progresivos y cargo del capital. El cronista no califica para juzgar si esos cambios son suficientes en términos financieros, sí para señalar que la propuesta es compatible con una lógica distributiva y con la trayectoria del partido del diputado Fernando Solanas.

Pero, en el brete de ser puesto en off side por sus aliados, eligió darles la derecha y dar vía libre a un proyecto que deja indemne al gran capital. Si no lo hacía, hubiera sido imputado de “ser funcional al kirchnerismo”, el peor de los pecados. Dictar una norma inviable e incoherente, sin sustento financiero, es venial en comparación. Máxime si, como se descarta por consenso tácito, no se está tratando una ley sino un posicionamiento político.

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Graciela Camaño, peronista federal, con astucia y experiencia que le faltan a muchos de sus compañeros de ruta, encontró precedentes de incrementos jubilatorios (dos de gobiernos kirchneristas) en que no se estipulaba el modo de hacerse cargo. Replicó así la denuncia del Frente para la Victoria en el sentido de que la ley sería nula. Sin embargo, andando el discurso reconoció tácitamente que la ley es chueca pues le falta indicar su fuente de financiamiento. La ex ministra de Trabajo confesó que en esos casos se facultó al jefe de Gabinete a reasignar partidas aduciendo que esa delegación puede ser sustituida por el Congreso. El punto es que el Congreso no reasignó partidas, dejando a la ley enclenque. De nuevo, no importa tanto...

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Un tramo de la narrativa opositora es interesante y debería servir de puntal para debates y propuestas más eficaces. Efectivamente, ahora hay más plata que en otras etapas de la recuperación democrática. También hay un grado superior de previsibilidad, reservas generosas, una relación deuda externa-PBI mejor que cualquier precedente. También, con las salvaguardas del caso, cierta estabilidad institucional. Se cuenta, pues, con plafond y bases materiales para encarar proyectos de mediano y largo plazo, inimaginables hasta hace pocos años. Podría ser la hora del rigor y no de la oratoria hueca y del voluntarismo... si primara otra cultura política.

En relación con el sistema jubilatorio, como viene señalando con tenaz claridad el colega Alfredo Zaiat, deben revisarse mitologías. Se reprisarán en palabras de este cronista y a su riesgo. La primera es aquella de que existe algo así como una caja fuerte donde está guardada, intacta, “la plata de los jubilados”. Esa plata bastaría para pagarles mucho más, porque les corresponde personalmente y porque alcanza. Todas esas premisas son falsas de medio a medio: el dinero de la Anses proviene de vertientes variadas, los aportes son una parte, manifiestamente insuficiente. Esta falacia es de cuño opositor.

En otra incurre todo el arco político, claro que con sesgos diferentes. Es imaginar que nuestro país está a salvo de los problemas que aquejan a todos los sistemas jubilatorios, concebidos en los gloriosos años ulteriores a la Segunda Guerra Mundial. Las personas viven más tiempo, el número de trabajadores activos que aportan para cada jubilado se reduce, también la proporción de trabajadores formales. “La oposición” subestima esas variables porque hay un canuto con plata, ignorando la diferencia entre un stock y un flujo, tan luego.

El kirchnerismo, a su turno, se enfada en el recinto, pero muy a menudo sostiene un discurso similar en otros ámbitos. Es habitual escuchar a funcionarios comentar que la Argentina va contra la corriente mundial, “en otros lados reducen, acá subimos”, sin dar(se) cuenta del carácter coyuntural del fenómeno.

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Eva Perón proclamaba que donde hay una necesidad, hay un derecho. Su verbo, imbatible, fue parafraseado ayer y en días precedentes por oradores menos calificados, sumados con delay a causas edificantes. El argumento debería ser resguardado en el futuro: la injusticia debe ser reparada ya. La Constitución garantiza derechos sociales no plasmados. Las jubilaciones móviles están entre ellos, no así el 82 por ciento, de creación legal. Combatir esas injusticias desde sus raíces es imposible sólo a base de esfuerzos fiscales con “lo que hay”. Esa tortilla, como cualquiera, requiere romper algunos huevos. Grandes.

Es necesario forzar mayor solidaridad entre clases sociales, acrecentando la carga impositiva de los más ricos.

La exigüidad de las pensiones es injusta, la riqueza feroz también. Sorprende que el afán reparador se ciña al universo de los trabajadores retirados. La Carta Magna estipula la participación del trabajador “en las ganancias de la empresa, con control de la producción y colaboración con la dirección”. Esa regla es letra muerta. Si se pusiera en acto proveería de más recursos a los laburantes y, por ende, a las cajas de jubilaciones y evitaría evasiones. Claro que, en una entente conducida por las corporaciones, de eso no se habla.

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En esta madrugada parecía un dato la aprobación de una enorme inversión social adicional, sin tener la gentileza de decir de dónde salen los pesos “que no están”. La oposición sumará un poroto, los medios afines la aplaudirán. De ganar se trata, en un juego limitado, bilardista por antonomasia. El horizonte deseado son las elecciones de 2011, no el socorrido “bolsillo de los abuelos”.

El devenir en el Senado es imprevisible. Si aprobara la ley, el veto es una fija.

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