El canciller Héctor Timerman anunció ayer que el Gobierno llevará adelante acciones judiciales para evitar la construcción de una represa en Corrientes, considerada “dañina” para el medio ambiente y “violatoria” del Tratado del Río Uruguay. El proyecto denominado Represa Ayuí Grande planea la creación de un lago artificial que inundará ocho mil hectáreas de una reserva cercana a los Esteros del Iberá para el riego de otras 18 mil, destinadas al cultivo de arroz, que serían instaladas en esa zona. En tanto, la iniciativa de las empresas Copra SA, encabezada por el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y Adeco Agro, del magnate húngaro George Soros, fue defendida por el gobernador correntino, Ricardo Colombi, a pesar de haber cosechado el rechazo de organizaciones ambientalistas y de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

“Argentina no va a convalidar la violación de un tratado internacional. Estamos evaluando presentaciones judiciales para evitar que se ponga en marcha la construcción de este emprendimiento”, dijo el canciller. En ese sentido, agregó que “Argentina está decidida a actuar contra las empresas de Aranda y de Soros, para evitar que se destruya el ecosistema en Corrientes y en toda la Mesopotamia”. Timerman también señaló que se comunicó con su par uruguayo, Luis Almagro, para ponerlo al tanto de la situación y para adelantarle que viajará a Montevideo para hablar sobre el tema. En forma paralela, envió una carta a Colombi pidiendo información sobre la represa que permita “empezar a estudiar su impacto medioambiental”, antes de recibir una “denuncia” por parte del Uruguay.

La Secretaría de Medio Ambiente pidió información sobre esta represa en tres oportunidades, la primera en 2008 y la última “hace unos meses”, pero sin ninguna respuesta, reseñó el titular del Palacio San Martín. Timerman confió en que ahora el gobernador impida el avance en la construcción de la obra “e imponga un tiempo de espera” hasta que analicen un eventual daño ambiental. A fines de 2009, el entonces mandatario correntino y primo del actual, Arturo Colombi, firmó un decreto habilitando a los empresarios a deforestar un área protegida. La Justicia declaró inconstitucional el decreto, pero pocos meses más tarde, apenas asumido el actual gobierno, la Legislatura aprobó la ley de ordenamiento territorial de bosques, copia exacta del decreto anulado, según denunciaron ambientalistas que se oponen a la construcción.

Colombi argumentó que la provincia quedó en medio de “peleas que no tienen que ver con lo productivo” y defendió el proyecto. “Lo apoyamos y vamos a seguir apoyando”, señaló.