La media sanción en la cámara de Diputados al proyecto para llevar la jubilación mínima al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, y la actualización de los haberes de acuerdo a los fallos de la Corte Suprema en los casos Badaro y Sánchez, desató un vendaval de críticas y cuestionamientos desde el Gobierno. En el Ejecutivo argumentaron contra la iniciativa advirtiendo sobre sus posibles consecuencias de corto y largo plazo: desde el desfinanciamiento del sistema previsional hasta un hipotético default. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, reiteró que si el Senado aprueba la ley, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la vetará. En el arco opositor festejaron el resultado de la votación e insisten en que los fondos para sostener los cambios existen, aunque la iniciativa no especifique el origen de los dineros necesarios.

“No descartamos la posibilidad de que se pueda vetar. Estoy convencido de que en el Senado habrá más racionalidad y se podrá detener el proyecto sin inconvenientes. Pero si hay que llegar al veto, se vetará”, sentenció el jefe de Gabinete, quien consideró la iniciativa como un “gesto de politiquería del rejunte opositor”. En tanto, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, apeló “a la responsabilidad del Senado para no cometer un perjuicio contra todos los argentinos”.

El titular de Economía, Amado Boudou, estimó que el país podría entrar en default si la iniciativa prosperase. La misma advertencia había sido efectuada por la Presidenta el miércoles pasado en un acto en la Casa de Gobierno. “La oposición dio un espectáculo lamentable en el Congreso nacional, jugando con las expectativas de los jubilados, proponiendo una ley que no tiene ninguna posibilidad de funcionar, sobre todo en el largo plazo”, apuntó el titular del Palacio de Hacienda. “Asistimos a la forma más miserable de hacer política que es mintiendo. Quizá se piensen que de esta manera pueden obtener el favor de la población, yo lo que creo es que están a los codazos tratando de conseguir algún rato en el diario de Héctor Magnetto”, agregó el funcionario.

Durante el transcurso del día, los ministros del gabinete nacional enfatizaron la imposibilidad de fondear la iniciativa y cuestionaron a los impulsores del proyecto. El responsable de la cartera laboral, Carlos Tomada, consideró que “la oposición dio una muestra muy clara de su irresponsabilidad, al plantear preocupaciones que acaban de descubrir, que no las tuvieron cuando fueron gobierno”. Al mismo tiempo, la titular de la cartera de Industria, Débora Giorgi, sostuvo que los impulsores del proyecto “buscan aplicar recetas del pasado, desfinanciarnos y volver al déficit”.

En tanto, el jefe del bloque de diputados de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, consideró que con la media sanción “ganaron la especulación y el oportunismo, no los jubilados”. Sabbatella les apuntó a los legisladores de Proyecto Sur, que encabeza Fernando “Pino” Solanas. “En el momento en que Proyecto Sur le dio quórum a la derecha, entregó la posibilidad de que el 82 por ciento se financiara legítimamente. Si hubieran puesto como condición la restitución de los aportes patronales y otras fuentes de financiamiento, tal como hicimos nosotros, el proyecto de la derecha no ganaba”, subrayó.

Justamente, el diputado de ese bloque Claudio Lozano lamentó que no se haya especificado el financiamiento para la iniciativa. La propuesta del sector de Solanas contemplaba la restitución, para las grandes empresas, del nivel de contribuciones patronales que el menemismo redujo a la mitad en 1993. Así, se recaudarían 17 mil millones de pesos al año sobre 40.800 millones necesarios. Por eso, Boudou consideró que esa fuente de financiamiento “no alcanza ni siquiera a la mitad de los montos que se necesitan para el 82 por ciento. Hay un sector que se quiere proponer como progresista pero ha sido funcional a los intereses más reaccionarios de la sociedad, lamentablemente Proyecto Sur ha sido funcional a esos intereses. Con el quórum que ellos le dieron a la sesión de ayer han logrado que se vote una ley que fija nuevas erogaciones, pero no tiene financiamiento. Es una de las formas más lamentables de la demagogia”.

Por otro lado, el jefe del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo, celebró la media sanción y afirmó que el Estado cuenta con los recursos suficientes para afrontar los cambios. “Hay que hacer bien las cuentas. Nosotros creemos que la plata de los jubilados hay que gastarla en los jubilados y no en otra cosa. Los recursos están. Hay 10 mil millones de pesos que se gastan en subsidios a empresas privadas que podrían ahorrarse”, dijo Pinedo.

En el Ejecutivo sostienen que una porción significativa de las transferencias que realiza el Estado al sector privado, como transporte o gas, benefician a un amplio espectro de trabajadores que experimentarían una caída en sus ingresos. Adrián Pérez, de la Coalición Cívica, sostuvo que “hay un problema en el mediano plazo que no tiene que ver con este incremento sino con el sistema previsional en sí mismo”.