Si el Congreso no revierte el veto presidencial, el incentivo salarial de 60 pesos mensuales que reciben los maestros de todo el país tiene financiamiento apenas hasta mediados de este año. La letra del Boletín Oficial clausuró todas las especulaciones: el presidente Eduardo Duhalde autorizó una partida de 330 millones de pesos y suprimió otra del mismo monto destinada al pago de ese plus salarial. La central docente, Ctera, le envió una carta a la ministra de Educación, Graciela Giannettasio, en “repudio” a esa media y alertando sobre el riesgo en que entra el ciclo escolar si no se da marcha atrás con el ajuste.
La supresión del pago de la deuda de medio año 2002, publicado en el Boletín Oficial y prometido por las autoridades educativas a los sindicalistas docentes con una partida de 330 millones de pesos, representó un duro revés en el seno del Gobierno para el Palacio Sarmiento y un “mazazo” para legisladores opositores y el magisterio. Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, justificó el veto presidencial al artículo que extendía el incentivo docente al año 2002, señalando que el Gobierno decidió “privilegiar” otras asignaciones sociales. “Frente a la emergencia, hemos privilegiado y favorecido a aquellos que más dificultades tienen, por eso este Presupuesto que envió el Poder Ejecutivo, excluidos los gastos corrientes, contemplaba gastos en materia de política de asistencia social directa en un 30 por ciento del Presupuesto, lo que es un dato inédito en Argentina”, dijo.
La titular de la Ctera, Marta Maffei, fue categórica a la hora de evaluar los “privilegios” de los maestros. “Lo que sí puedo decir es que no va a haber clases porque es imposible pensar que un docente que gana 247 pesos, como en Formosa, o 348, como en Chaco, se va a hacer cargo de la situación social del país.” El gremio convocó a un plenario de secretarios generales para la primera semana de febrero y advirtió que “de ningún modo podemos tolerar un recorte salarial que equivale al 15 por ciento del salario”. Los dirigentes le recordaron a la ministra la decisión del último congreso del 18 de diciembre pasado: “Con el presupuesto más bajo de la historia y con un nuevo recorte salarial no se garantiza la continuidad de la tarea educativa”.
Ajeno a los planteos sindicales, Atanasof recordó que “el Parlamento incorporó cambios en el Presupuesto que a juicio del Poder Ejecutivo generaban desequilibrios muy difíciles de sostener”. En rigor, la ley que estableció el incentivo salarial fue una de las pocas, sino la única, promesa electoral que cumplió el gobierno de la Alianza y permitió el levantamiento de la Carpa Blanca después de 1003 días de ayuno de distintos grupos de docentes frente al Congreso. Según esa norma, el financiamiento del incentivo estaría asegurado en una primera etapa con recursos del Tesoro y luego se tendrían que buscar fuentes genuinas. En ese segundo punto no se avanzó y todavía siguen pendientes deudas de años anteriores.
El director general de Educación bonaerense, Mario Oporto, se pronunció “de acuerdo” con la continuidad del Fondo de Incentivo Docente que vetó el Gobierno nacional, ya que advirtió que su supresión “puede generar muchos conflictos”, aunque aclaró que los ministros provinciales “tenemos que estar junto al gobierno nacional ayudándolo” para encontrar alternativas a esos fondos. No sólo la Ctera rechazó el veto presidencial, también se sumaron el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y alertaron sobre las protestas que se desatarán apenas despunte marzo.