Ricardo Lorenzetti camina sacando pecho y nunca deja de sonreír. Le sale natural. Se lo ve gozar el momento en que sube al escenario. Incluso antes, cuando recorre cada uno de sus pasos. Luego habla con una parsimonia envolvente. Desmenuza sus ideas. Genera cierto suspenso. Como si invitara a participar del juego del paquete, saca uno a uno cada envoltorio. Lo hace con la sobriedad propia de su investidura. Al final, logra que todos se queden con la sensación de que se llevaron algo, por chiquito que sea. El permanece de pie con actitud oriental, a la espera de que una respuesta llegue como una brisa cálida desde las butacas. Los ojos le brillan.

Su desembarco en la Corte Suprema, en diciembre de 2004, fue tomado con recelo por la familia judicial. Lorenzetti no había sido juez, siempre ejerció como abogado. Pero rápidamente se las ingenió para generar confianza e instalar su liderazgo. Una de sus estrategias fue convocar cada año a una reunión de jueces de todo el país. Los hizo sentirse escuchados, les ofreció dejar sus ideas y reclamos por escrito y los instaló en la agenda pública. En la IV Conferencia Nacional de Jueces, el jueves y viernes último, volvió a hacer gala de esa habilidad para mimar a sus colegas y enaltecerlos como protagonistas del poder del Estado capaz de limitar a los demás, pero con el tono adecuado para que nada parezca un ataque explícito a los poderes políticos. Pidió autonomía del Gobierno para manejar el presupuesto judicial, reclamó más jueces, transparencia en los nombramientos y que no les toquen el salario, pero balanceó la queja corporativa con pedidos de políticas públicas para los temas que afectan al común de la gente y sin cuestionar a nadie en particular. “Todo un jugador”, murmuraban sus devotos.

En esa tónica, el presidente de la Corte habló con Página/12 en exclusiva cuando empezaba en Parque Norte la megacena de cierre del evento, bien parecida a un casamiento, donde Sus Señorías descorcharon champán.

Jubilaciones

–En este evento se habló mucho de derechos sociales y, en especial, del problema de las jubilaciones: la gran acumulación de causas y el incumplimiento de los fallos. ¿Quién es el responsable?

–El problema lleva muchos años, no es imputable a un gobierno en particular. Hace por lo menos treinta años que los jubilados vienen con problemas. Venimos de una década, la anterior, donde hubo mucho retroceso en los haberes, sobre todo porque hubo una crisis y una declaración de emergencia. Los fallos de la Corte de esa época consolidaron y admitieron ese retroceso. La Corte actual fue revocando esos precedentes para recomponer los haberes. Ahora, la recomposición de los haberes se hace porque está en la Constitución, que habla de movilidad. Tiene que haber una recomposición.

–¿Cómo se logra?

–El Congreso dictó dos leyes interpretando a su manera los fallos de la Corte actual. Pero, por otro lado, el Ejecutivo tiene una política distinta, que es subir la base de la pirámide, es decir, dar aumentos a los que menos tienen. Lo cual no está mal, porque la Corte en el fallo Badaro dice que eso es correcto. Pero por otro lado dice que la persona que más aportó tiene que tener derecho a la recomposición de sus haberes. Entonces tenemos tres poderes del Estado que dicen cuestiones diferentes. Por el otro lado, hay una gran litigiosidad. Todos los jubilados van al fuero de la Seguridad Social pidiendo que apliquen Badaro. Los jueces condenan a la Anses a pagar Badaro, y la Anses invoca dificultades. Entonces los jubilados tienen que hacer un juicio para que les reconozcan el haber, otro juicio para la ejecución. Todo eso lleva años y se van acumulando juicios y juicios y juicios. Por su lado el Parlamento discute.

–Entonces, ¿por dónde se empieza?

–Tenemos que bajar la litigiosidad. No es justo que los jubilados tengan que hacer tantos juicios. Segundo, la manera de bajar la litigiosidad es diciendo cómo se puede pagar a los jubilados y de modo real.

–¿La Corte lo va a establecer en un fallo?

–No, eso es lo que dijimos nosotros, en esta Conferencia de Jueces, como política de Estado. Ni siquiera lo va a hablar la Corte, lo van a hablar las cámaras de la Seguridad Social. La Corte dictará los fallos que tiene que dictar: tenemos tres o cuatro cuestiones en discusión sobre este tema.

–¿Pero la Corte no podría destrabar o proponer una salida al problema de los juicios provisionales?

–La idea nuestra es disminuir la litigiosidad, lo que pasa es que si no hay un acuerdo de los poderes públicos es difícil. Lo importante en este tema, como en tantos otros, es que no se puede ver el espectáculo de los poderes diciendo cosas diferentes y culpándose uno a otro. Hay que pensar más cómo le damos soluciones concretas a la gente. Pero no es un problema de ahora, es de muchísimos años.

Independencia

–Mientras usted proponía (el jueves último) el acercamiento entre los poderes, el ministro de Economía, Amado Boudou, se quejó otra vez de la “Justicia express”, en alusión a jueces que fallarían según intereses empresarios.

–Me parece una cuestión menor.

–¿En serio? El se refería a jueces dóciles al poder económico.

–Me parece una cuestión menor las declaraciones que haga un funcionario. Acá estamos hablando de cosas importantes, que son las que le solucionan los problemas a la gente. Nuestra obligación es ocuparnos de solucionar los problemas que hoy tienen los argentinos, que han ido mejorando gracias a la democracia. Nosotros no decimos que han ido retrocediendo. Pero lo que tenemos que hacer es terminar con problemas históricos. Hay mucha declaración. Y si uno lee la legislación del Congreso de todos estos años o las declaraciones que salen de la administración pública, nacional y provincial, en cada uno de los temas, todo está bien, pero la gente no lo vive. No lo goza efectivamente, hay una gran distancia.

–¿No cree que haya jueces que acomodan sus decisiones según las partes o para producir una determinada consecuencia política o económica?

–No creo que eso esté ocurriendo. No podemos decir que cuando alguien nos falla a favor está bien y cuando nos falla en contra está mal, o está manejado por... eso pasa siempre. En muchos años de ejercicio de la abogacía he visto que al cliente, cuando le fallan en contra dice “este juez está manejado por tal o influenciado por tal”. Por eso digo que es intrascendente. Insisto en ocuparnos de los problemas serios.

–¿Y qué quiso decir la Corte cuando, al levantar la suspensión de la ley de medios, advirtió que los jueces no pueden gobernar a través de medidas cautelares? ¿No hablaba de fallos que buscan un determinado efecto, por ejemplo, político?

–Las medidas cautelares existen hace muchos años, están en los códigos de procedimiento y es perfectamente legal dictar una medida cautelar. Nadie dijo que están mal. Si un juez la aplica es porque corresponde. Lo que no-sotros dijimos es que es incorrecto dictar una medida cautelar que suspenda toda una ley y, además, pedida por un diputado que intervino en el trámite parlamentario (Enrique Thomas). Si nosotros establecemos una regla de que las discusiones que se hacen en el Parlamento luego se pueden discutir en la Justicia suspendiendo la ley, entonces nadie, no sólo este Gobierno, nadie va a poder gobernar. Por ejemplo, una provincia que esté gobernada por la oposición saca una ley, el diputado contrario que pierde la votación va a un juez y le pide la suspensión de la ley y no se aplica. Eso no se puede sostener en un sistema. Ni el Gobierno ni la oposición se quejaron de lo que no-sotros dijimos, a nadie le pareció irrazonable la decisión de la Corte. Esto no significa que no haya más cautelares. Por ejemplo, si hay una persona que tiene necesidad de asistencia médica y no se la dan hoy pide una cautelar y se la dan. Una persona que tiene un crédito a cobrar se embarga con una cautelar.

Seguridad jurídica

–¿Hay seguridad jurídica? Los empresarios dicen que no y culpan al Gobierno de cambiar las reglas del juego. El oficialismo dice que no, pero acusa a los jueces.

–Todo el mundo habla de cosas distintas. La seguridad jurídica es un concepto amplísimo. ¿Hay más seguridad jurídica en la democracia, en los últimos veintisiete años, que cuando había dictadura, y no había estado de derecho? Y, obviamente no podemos decir que no hay estado de derecho o seguridad jurídica en ese sentido. Otro sentido es la seguridad jurídica que se refiere a los cambios medianos, los de sistema. Si nosotros vemos que cada diez años cambiamos todos los sistemas, el tributario, el de salud, el laboral, el jubilatorio. Podemos analizar cincuenta o sesenta años de la historia argentina y ha sido así. En ese sentido no hay seguridad jurídica. La gente necesita un horizonte de previsibilidad. No los empresarios. Hablo del jubilado que paga lo que le dicen aporte porque después se va a jubilar mejor y resulta que años después le cambian toda la legislación, ahí hay una afectación de la seguridad jurídica.

–¿Y la que reclaman los empresarios?

–Esto abarca una cantidad muy diferente de situaciones. Por ejemplo, la Corte resolvió hace unos meses el problema de la estabilidad fiscal en materia de explotaciones mineras. Si uno dice “usted invierta en minería”, que son inversiones a cincuenta o sesenta años, con este régimen tributario que no se lo voy a cambiar, y después se lo cambio, obviamente que ahí hay un problema. Pero inseguridad jurídica es la que tiene el excluido. De qué seguridad jurídica le van a hablar a alguien que no tiene ni salud ni educación ni nada. Ese está afuera del sistema. Eso también es un problema de seguridad jurídica.

–Usted ante los empresarios hace poco llamó a no cambiar las reglas del juego, ¿a qué se refería?

–No hablé de un tema específico. Me refería a los cambios de sistema, que cada diez o quince años se modifican. Y de eso está muy imbuida la cultura argentina. Faltan políticas de Estado que den estabilidad. No puede ser que no nos pongamos de acuerdo en nada. Por más que tengamos diferencias ideológicas, políticas y partidarias, en otras partes del mundo se ponen de acuerdo en cosas básicas. ¿Cuál es el régimen jubilatorio? Por ejemplo. Pongamos algo que funcione, que sea efectivo y que lo dejemos ahí veinte años. Son muchos los temas que requieren políticas estables. El tema laboral, también la seguridad o inseguridad ciudadana. Hace cuántos años hablamos de la inseguridad y vamos de un extremo a otro, dictamos leyes que después no se pueden cumplir.

–¿Qué responsabilidad tienen los jueces en el problema de la inseguridad

–Tenemos responsabilidades institucionales, como actores. Cuando uno va al teatro, no quiere ver a los actores peleándose por el papel que le toca a cada uno. Lo que la gente quiere es ver una obra bien representada. Yo nunca digo “la culpa es de tal”. Los jueces tienen una responsabilidad importante porque son los que aplican la ley. Pero eso tiene que tener un contexto y si no funciona todo, no funciona nada. Hace poco se hizo un congreso de criminología en San Pablo, donde fue muy claro que analizaban los índices de pobreza en relación con los índices de criminalidad, que es lo que le molesta a la gente, y hay una relación muy directa. Entonces, ¿qué ganamos con aplicar la ley si tenemos una exclusión social tan grave y no hay una política para integrar? Por eso yo digo que la paz siempre va a ser inestable cuando hay exclusión.

–¿Tiene algún asidero plantear, como hizo el Gobierno, que por las excarcelaciones hay más inseguridad?

–Cada uno simplifica el problema a su manera. No digo que sea mejor ni peor la excarcelación. Ninguno de los países que han solucionado estos problemas lo ha hecho con una simplificación tan primitiva como decir que el problema está en las excarcelaciones. Pero tampoco han necesitado ninguna cosa rara ni rimbombante para lograr niveles aceptables de seguridad. Nuestro sistema actual, en general, no es bueno.

Tenemos la mayor cantidad de la gente detenida con prisión preventiva. Lo que debería hacer el Poder Judicial es lograr juicios más rápidos, para poder tener sentencia condenatoria o absolutoria y evitar que la preventiva sea la solución. A su vez, el sistema carcelario no es adecuado. Hoy uno de los jueces contó que había visitado una cárcel y vio que estaba en un estado deplorable, en Santa Fe. Esta es una parte, pero si todo lo demás no funciona... Hace falta capacitar, establecer controles, participación ciudadana. ¿Dónde está todo eso? A eso me refiero cuando hablo de cosas concretas, no discursos.

Cuestión de medios

–Volviendo al debate sobre seguridad jurídica, ¿se puede o no reglamentar una ley, como la de servicios audiovisuales, aunque haya causas en trámite donde se cuestiona algún artículo?

–No puedo contestar eso porque justamente tenemos una de esas causas a estudio en la Corte (alude a la apelación del Gobierno contra la cautelar que consiguió Clarín para que no le apliquen la cláusula de desinversión). –¿Cuándo van a fallar en ese expediente?

–Todavía no sabemos.

–En un discurso reciente usted dijo que hoy existe consenso social para investigar los crímenes de la última dictadura y que no hay marcha atrás en los juicios. ¿Ubica el resurgimiento de la investigación sobre Papel Prensa en ese contexto?

–Tampoco puedo opinar, porque es un tema que está o estará en la Justicia.

–¿Sigue habiendo obstáculos en los juicios de derechos humanos?

–Hay muchos obstáculos de naturaleza operativa. Por eso reclamamos que nombren jueces y se creen más tribunales. Faltan jueces. Tenemos que andar trayendo jueces de Ushuaia para Capital. Faltan también lugares, espacios físicos. No son problemas menores, son muy importantes porque así no se puede llevar adelante las causas.