Podría ser tema para cuatro abogados en el Petit Colón, Lavalle y Libertad: “¿Viste? Ganó Fargosi”. O de dos empresarios tejiendo negocios en un campo de golf sin sudestada: “Este les va a poner un freno”. Pero es una noticia política que merece más atención. Alejandro Fargosi ganó limpiamente un lugar en el Consejo de la Magistratura por los abogados porteños. Sobre 9856 votos, Fargosi obtuvo el 60,2 por ciento, contra el 29,4 de Jorge Rizzo y el 10,3 por ciento de Beinusz Szmukler.

El triunfo de Fargosi surgió tras un prolijo armado entre la Unión Cívica Radical, el PRO de Mauricio Macri y la estructura del Colegio de Abogados de la Capital Federal. Ese Colegio no es el Colegio Público de Abogados sino una asociación civil con sede en la calle Montevideo 640. Alberga y defiende a ex ministros o ex funcionarios de distintas dictaduras y combate a demonios como el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni. Los abogados lo llaman “El Colegito”. Como no es de afiliación obligatoria, se supone que quienes pertenecen al Colegito o simpatizan o son tolerantes con otros socios. Como en un club. Sin embargo, al revés de otros consocios, Fargosi sí asumió tareas en el Colegio Público cuando su presidente fue el radical conservador Alberto Spota.

Consocios

Fargosi se recibió de abogado en 1976 y dos años después, el 7 de noviembre de 1978, ya se había inscripto en el Colegito con el número 3517. En la web del Colegito su nombre está después de otro Fargosi, Horacio Pedro, número 1453, inscripto el 7 de agosto de 1952. Horacio Fargosi patrocinó a Aerolíneas Argentinas no bien fue privatizada por Carlos Menem, en 1990. Luego de la privatización Fargosi fue fundador y presidente de Interinvest, una argucia para que una empresa de sólo 12 mil pesos de capital pudiese esquivar el Código Aeronáutico y ser receptora de las acciones de Iberia. Iberia era la controladora de Aerolíneas desde su privatización lograda en tiempo record por un atajo de la Corte Suprema de entonces, que en la jerga se conoce como per saltum. Fargosi, a la cabeza del estudio Fargosi & Asociados, fundado en 1960, terminó de presidente del directorio de Aerolíneas cuando Antonio Mata se hizo cargo de la compañía.

Roberto Durrieu, funcionario bonaerense con Ramón Camps de jefe de policía y ex viceministro de Justicia de Jorge Rafael Videla, es el número 2694 y se asoció en 1967.

José Alfredo Martínez de Hoz se inscribió en 1951. Tiene el 1435 y sus colegas fueron tolerantes con él cuando fue ministro de Economía de Videla, entre 1976 y 1981, y ahora que está procesado por el secuestro de Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto, el 5 de noviembre de 1976. Ambos fueron capturados para ser obligados a operar comercialmente con una empresa radicada en Hong Kong que contaba con el auspicio de Martínez de Hoz. El juez Norberto Oyarbide dice tener indicios firmes de que la privación de la libertad de los Gutheim se debió “al supuesto incumplimiento por parte de Sadeco de la entrega de aproximadamente 4760 toneladas de fibra de algodón con destino de importadores con asiento de sus negocios en la ciudad de Hong Kong”. Para Oyarbide, hubo en el caso “un irrazonable empleo del poder coercitivo del Estado nacional” y también “la más absoluta desatención, plenamente consciente y determinada, a las esenciales garantías ciudadanas”, con “el avasallamiento de todo principio constitucional”.

Doctrina

El Colegito criticó la detención del ex ministro de Economía. También cuestionó el matrimonio igualitario ante la media sanción de la Cámara de Diputados. “Es una propuesta que enturbia la realidad natural del matrimonio”, decía en medio de la “guerra de Dios” proclamada por el arzobispado de Buenos Aires para impedir la otra media sanción, la del Senado. E insistía en otra declaración: “El fundamento del interés público del matrimonio civil no radica en la consideración de los aspectos afectivos de la relación de los cónyuges, sino en los fines estratégicos que esta institución del orden natural cumple en la dimensión personal y social, sin los cuales ningún país o sociedad es viable”.

La investigación sobre Papel Prensa y la caducidad de la licencia de Fibertel fueron, para el Colegito, “un preocupante desprecio a la Constitución Nacional y las leyes que refleja un proyecto totalitario, orientado sistemáticamente a degradar la República, socavando principios liminares de nuestro estado de derecho”.

El consocio de Martínez de Hoz en el Colegito pertenece al estudio Oyhanarte & Fargosi y es experto en telecomunicaciones. Egresado con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, su curriculum indica que culminó su carrera docente como director del Posgrado en Derecho de las Comunicaciones de la UBA y como docente en posgrados de las universidades Austral, San Andrés y Católica Argentina. Es presidente de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones y dirigió el Instituto de Derecho de las Comunicaciones en la Facultad de Derecho de la UBA.

Ex director de Asesoría Jurídica de Telefónica de Argentina, actualmente está contratado como abogado de Fibertel, la empresa del Grupo Clarín proveedora de Internet a la que el Poder Ejecutivo le dictó la caducidad de su licencia. “Nunca vi una resolución así”, dice Fargosi.

Sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Fargosi piensa que se trata de una “total inconstitucionalidad, porque avasalla las autonomías provinciales, lo cual es gravísimo, y además pone en manos estatales unas ciertas facultades que el Estado no tiene por qué tener”. Y agrega: “Todo lo que se ponga en manos del Estado sabemos que es para beneficios del gobierno. Es un hecho y siempre ha pasado así”.

Inmovilismo

Para el nuevo representante de los abogados porteños en el Consejo de la Magistratura, ese organismo debería dar a la Justicia “la garantía de la no politización”. Piensa Fargosi que “hoy en día hay una cantidad de juicios políticos pendientes que se deben terminar, por el enjuiciamiento o por la cancelación del pleito porque se usan algunos como arma de amenaza”.

Según Fargosi, “hay un terrible cóctel de inseguridad e impunidad”.

Cuando fue consultado por este diario acerca de la alianza con Fargosi y el apoyo de miembros del Colegito, el diputado radical Ricardo Gil Lavedra respondió de manera descarnada: “Es muy importante para nosotros en la próxima elección no nombrar a un abogado que esté en línea con el kirchnerismo. Los números en el Consejo, con su composición actual, son muy justos, y un abogado puede definir una votación”.

Ni en las declaraciones de Fargosi ni en las de Gil Lavedra aparecen acusaciones concretas contra el oficialismo en el Consejo de la Magistratura. Fargosi, en todo caso, achaca inmovilismo: muchos juicios políticos pendientes, dice. Si, con la nueva mayoría que desea Gil Lavedra, todo terminara no en enjuiciamientos sino en la cancelación masiva de pleitos, el actual oficialismo no tendrá mucho de qué ser acusado. Y tampoco tendrá mucho de qué ufanarse en materia de cambios judiciales de fondo luego del primer gran cambio: haber impulsado el juicio político a los cortesanos de Carlos Menem y haber nombrado como nuevos miembros a Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Carmen Argibay, que suman siete junto a Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda.

Las elecciones que dieron la victoria a Fargosi fueron fruto de una gran movilización. Rizzo, el segundo en las elecciones, escribió en el site Noticias Urbanas que en 2006 votaron 4500 abogados, la mitad que en las elecciones de la última semana. “Eramos la Marina boliviana contra la de Estados Unidos”, se lamentó Rizzo.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 40 mil abogados matriculados.

El 15 habrá otra votación. Los jueces elegirán a sus tres representantes entre los 13 que forman el Consejo de la Magistratura.

El 21 los abogados de las jurisdicciones provinciales decidirán quién será su delegado.

En términos partidarios, el resultado previsible es un avance radical y un retroceso oficialista. Pero contar porotitos es medio tonto cuando hay de por medio un Poder Judicial sin reformar, corporaciones opacas y un Colegito que, al fin, logra santificar el lobby mediante el voto.

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