Mi nombre es Angela. Soy hija de Alicia Raboy y de Francisco Urondo. Perdí a mis padres el 17 de junio de 1976, en Mendoza, luego de que la policía tiroteara el auto en el que viajábamos. Papá fue asesinado y mamá fue secuestrada, llevada a la D2 y desde entonces continúa desaparecida.

El 11 de febrero de este año, debía comenzar el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos por el personal de la D2 de Mendoza, en perjuicio de 24 víctimas, incluidos mis padres. El juicio debía llevarse a cabo en el tribunal oral federal Nº1 de la provincia de Mendoza, presidido por el juez Juan Antonio González Macías e integrado por los camaristas Héctor Cortés y Alejandro Piña, pero pocos días antes de su comienzo, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió apartar al juez González Macías. Ahora la Corte Suprema declaró nula la resolución y se abre una esperanza de que puedan comenzar los juicios finalmente en Mendoza.

Los camaristas federales Julio Demetrio Petra junto a Pereyra González (hoy renunciado a partir de una compulsa penal en San Luis para que se investigue su participación en crímenes contra la humanidad) dejaron en libertad a todos los represores imputados, otorgándoles el beneficio de prisión domiciliaria (con la amenaza que esto significa para los sobrevivientes) y sus resoluciones, inclusive le permitieron a uno de ellos irse de vacaciones a Mar del Plata, sin importarles que están acusados de delitos gravísimos como la desaparición de personas, secuestros, torturas y homicidios.

Pero la complicidad de los camaristas garantistas de la impunidad va mucho más lejos. El día 20 de agosto el juez federal Walter Bento imputó a los camaristas federales Luis Miret y Otilio Romano (compañeros de Petra y Pereyra González) por ser cómplices de la violación sistemática a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Fue en respuesta a un requerimiento presentado por el fiscal federal Omar Palermo, para que magistrados y ex funcionarios judiciales que actuaron durante los años de la dictadura sean acusados formalmente de haber formado parte del aparato represivo en Mendoza.

Luis Miret fue imputado por no promover la investigación penal de 31 hechos relacionados con desapariciones de personas, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, robos y homicidios, mientras se desempeñaba como juez federal de primera instancia. Está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura, precisamente, por las denuncias vinculadas con su actuación entre 1975 y 1983. Otilio Romano está señalado como partícipe secundario de esos delitos y de haber garantizado la impunidad de los miembros de las Fuerzas Armadas. De no estar protegido por los fueros que posee por ser magistrado, Romano debería haber sido detenido inmediatamente después de ser citado a indagatoria.

Ambos siguen en funciones dentro del Poder Judicial, con el agravante de que Miret es además profesor de Etica y Filosofía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (fue expulsado por la Universidad pero un conjuez designado a partir de un procedimiento irregular obligó a reincorporarlo.) Romano también consiguió que un conjuez le hiciera lugar a un amparo contra el Consejo de la Magistratura, para no ser investigado, ni suspendido a pesar de estar acusado como partícipe de crímenes contra la humanidad.

Las causas contra los represores no pueden estar en manos de represores.