Existe siempre una tensión irresuelta entre el presente y la historia, llena de malentendidos e ironías. Si leemos con los ojos del presente lo que se escribió en el pasado, no podemos, a veces, dejar de sonreír y, siempre, dejar de pensar qué sucedió para que se llegase a ese extremo: del “tirano prófugo” al “general democrático” (por Videla) hay una larga cadena de afirmaciones equivocadas que no se han sostenido en el tiempo, ni siquiera en el corto plazo. Nuestro presente es uno de esos momentos históricos de los que ya sabemos que acarrean el equívoco al futuro. Mucho de lo que se escribió en los medios hegemónicos sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) no se sostiene en el tiempo, ni siquiera en el presente. La defensa de intereses corporativos amenazados es tan evidente en los actores que se oponen a la ley que no hay demasiado que agregar.

En cambio, siempre es bueno recordar que la ley es un formidable avance social y cultural. En la sociedad contemporánea, el derecho a la información ocupa un lugar medular, al lado de otros derechos humanos básicos. Al igual que con la ley de Matrimonio Igualitario, el trayecto que desembocó en la aprobación es inobjetable. Debería ser tomado como un modelo democrático: participaron todos los actores interesados, el Congreso se convirtió en una caja de resonancia de esas discusiones públicas y se votó en ambas cámaras, buscando consensos y mayorías que fueron mucho más allá de lo que, para retomar el habla trivial de los medios, se nombra como “oficialismo”. La base social de estas leyes es innegable. De allí proviene una legitimidad que excede, en mucho, al ámbito legislativo.

¿Habrán leído la ley completa quienes la critican tanto? Quisiera reparar en un punto concreto que quizá pase inadvertido para los medios hegemónicos, pero que toca directamente nuestro trabajo cotidiano en el Inadi. Me refiero al artículo 66 de la ley, que en sus considerandos, señala: “Que las emisiones de televisión abierta, la señal local de producción propia en los sistemas por suscripción y los programas informativos, educativos, culturales y de interés general de producción nacional deben incorporar medios de comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto (“closed caption”), lengua de señas y audio descripción, para la recepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos”. Este texto legislativo está llamado a ocupar un lugar destacadísimo en la historia de la lucha en Argentina contra la discriminación. O, para volver a citar la ley: “Que la reglamentación propuesta para el artículo 66 de la Ley N0 26.522, y su efectiva aplicación reconoce la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, permitiéndoles vivir en forma independiente, propiciando así su plena participación en todos los aspectos de la vida de nuestra sociedad”.

El artículo 66 es un texto programático, del que debemos sentirnos orgullosos. Y comprometidos. Es un paso más en la lucha por sacar de la invisibilidad social a los discapacitados, por devolverles su dignidad y reconocerles sus derechos. Pero también, el artículo 66 ha sido el resultado de intensas discusiones con los actores y organizaciones sociales. El propio articulado menciona instancias de toma de palabra de la Asociación Argentina de Sordos, la Confederación Argentina de Sordos, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Comisión de Discapacidad del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores y Farco. Con la nueva LdSCA, las personas con discapacidad auditiva, visual, o intelectual tendrán asegurado su acceso democrático a la información (Argentina pasa a ser uno de los tres primeros países en el mundo en darle cabida legal a la relación entre comunicación y discapacidad intelectual). En el corto plazo, el lenguaje de señas –pensado como patrimonio cultural y lingüístico de la comunidad sorda–, el subtitulado oculto y el audio descripción ocuparán una importante franja horaria en pantalla. No es un dato menor para los que apostamos por una sociedad más justa e igualitaria.

* Presidente del Inadi.