El dictamen firmado ayer por todos los miembros la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura abre el camino para la destitución del camarista federal mendocino Luis Miret. La semana próxima el plenario podrá resolver su suspensión mientras dure el juicio político, con lo que comenzará la limpieza de un fuero dominado por funcionarios de la dictadura militar, como Miret y su colega Otilio Roque Romano, quienes han hecho todo lo posible por impedir el avance de los juicios a los represores de entonces, porque así se defienden a sí mismos. Su colega Carlos Pereyra González debió renunciar cuando en el juicio realizado en San Luis uno de los ex detenidos desaparecidos lo mencionó entre los presentes cuando lo torturaron. Mendoza es la única jurisdicción en la que no hay policías ni militares detenidos por esos juicios, porque estos camaristas los han dejado en libertad.

Miret y Romano también están procesados por complicidad en crímenes de lesa humanidad por el juez federal Walter Bento, de acuerdo con el dictamen del fiscal Omar Palermo. Anclado en la prehistoria, en un país de sombras que ya no existe, Romano acusó a Palermo (que era un niño entonces) de “favorecer a los montoneros”. Además Miret fue expulsado de su cátedra en la Universidad Nacional de Cuyo, desde la que el año pasado justificó el golpe de 1976 por la necesidad de orden. Ambos eligieron defenderse en el fuero que controlaban y no en los organismos donde se analizó y sancionó su conducta. Así, obtuvieron medidas cautelares de jueces subrogantes, Miret contra la decisión de la Universidad, Romano contra la investigación del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el Consejo abrió una nueva causa luego del procesamiento de Romano, por los hechos nuevos contenidos en las actuaciones de Palermo y Bento, y le fijó plazo hasta la semana próxima para presentarse a hacer su descargo. La estadística del Consejo indica que los dictámenes por unanimidad, es decir no condicionados por la polarización política ni por los intereses corporativos, culminan con la destitución. Entre quienes se pronunciaron contra Miret figura el senador radical de Mendoza Ernesto Sanz.

Para seguir el enredo, los camaristas Miret y Romano denunciaron al fiscal Palermo y al juez Bento, acusándolos de filtrar a la prensa informaciones sobre un sumario secreto, cosa imposible de probar en un expediente en el que intervienen tantas personas. Además Romano pidió la suspensión de su indagatoria por dos meses, aduciendo problemas de salud, con la esperanza de que la asunción de los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura le permita presionar desde allí en su favor y en contra de Bento y Palermo. Entre los candidatos de los abogados del interior figura el radical Daniel Ostropolsky, que integra la lista de conjueces del Juzgado Federal Nº 2 (el de Olga Pura de Supercanal) y de la propia Cámara de Apelaciones que integran Miret y Romano. Entre los jueces nacionales el candidato favorito es el presidente de la Asociación de Magistrados, el también radical Ricardo Recondo. Sumados al ya electo por los abogados de la capital Horacio Fargosi, formarían un bloque con el que los camaristas enjuiciados se ilusionan en recuperar la impunidad. Si todo eso fallara, Romano comentó su plan B en los tribunales sobre los que imperó durante tres décadas: “Los mato a Palermo y Bento y me suicido”. Garantizar la seguridad de ambos, mientras prosiguen las causas en el Consejo de la Magistratura hasta su inexorable desenlace es imprescindible para sanear una jurisdicción donde el Estado Terrorista ha dejado huellas demasiado profundas.