Las provincias de San Juan, La Rioja, Jujuy, Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego y Catamarca proclamaron sus derechos territoriales sobre sus recursos naturales y propusieron sancionar una misma ley de protección de glaciares en cada uno de esos distritos. Lo hicieron a través de un documento que firmaron sus gobernadores y fue exhibido ante los senadores la Comisión de Ambiente y Desarrollo por el sanjuanino José Luis Gioja, el riojano Luis Beder Herrera y el jujeño Walter Barrionuevo, quienes a su vez se pronunciaron en contra de la iniciativa que cuenta con media sanción de Diputados y amenazaron con recurrir a la Justicia si el Senado la convierte en ley. Las organizaciones ecologistas criticaron a los gobernadores y Greenpeace los acusó de hacer “terrorismo judicial”.

El debate sobre la protección de los glaciares llegará al recinto el jueves 30 de septiembre con opiniones divididas y números parejos. Por ahora prevalecen los senadores partidarios de convertir en ley el texto aprobado por unanimidad en el Senado, desechando las modificaciones que Diputados introdujo en su media sanción.

“Todos los recursos, incluidos los glaciares, son dominios de las provincias. Este proyecto es perverso y es un avance de la Nación sobre las provincias”, afirmó el riojano Beder Herrera. El jujeño Barrionuevo consideró como un “acto de hostilidad” que el Estado nacional dicte “una ley por sobre o en contra de la opinión de las provincias”. Gioja recurrió a los artículos 1 y 113 de la Constitución sanjuanina para sostener que “el Estado nacional no podrá disponer de los recursos naturales del Estado autónomo e inescindible de San Juan sin acuerdo expresado por ley”.

Los tres gobernadores que concurrieron ayer a la comisión del Senado dejaron en claro su postura en contra de una ley nacional que condicione sus respectivas legislaciones provinciales sobre la protección de los recursos naturales. “Sí, vamos a hacer un planteo de inconstitucionalidad”, confirmó Barrionuevo ante la pregunta del senador oficialista jujeño Guillermo Jenefes si las provincias tomarían ese camino “en caso de que se apruebe el proyecto que llega desde Diputados”.

Los gobernadores también defendieron los emprendimientos productivos provinciales limitados por la futura normativa, en especial la minería.

“Este proyecto está signado por la negación de la actividad minera. La minería paga retenciones y todos los impuestos provinciales, aunque han obtenidos algunos beneficios como el de la promoción industrial para atraer inversiones. La minería bajó en mi provincia los índices de desocupación y elevó el nivel de los salarios”, sostuvo Gioja.

También llevaron al Senado un documento y un proyecto de ley propio (ver aparte) respaldado por la mayoría de las provincias cordilleranas. Además de Gioja, Beder Herrera y Barrionuevo, rubricaron el texto los mandatarios oficialistas Juan Manuel Urtubey y Daniel Peralta, la aliada Fabiana Ríos y los radicales Eduardo Brizuela del Moral y Miguel Saiz. Entre los gobernadores existen, de todos modos, posturas divergentes sobre los dos proyectos que estarán en discusión el 30 de septiembre en el Senado: el que impulsó el oficialista Daniel Filmus y fue aprobado por unanimidad en la Cámara alta y el que tiene media sanción de Diputados con las modificaciones propuestas por el opositor Miguel Bonasso, también con el acuerdo de Filmus. Entre los firmantes, sólo la fueguina apoyará el texto aprobado en la Cámara baja.

La situación también divide a los otros tres gobernadores cordilleranos que no estamparon su firma en el documento. El chubutense Mario Das Neves adelantó que el voto de sus dos senadores provinciales será a favor del proyecto que impulsaron los diputados. El neuquino Jorge Sapag planteó críticas a ambos proyectos y todavía no definió su postura. El mendocino Celso Jaque envió una carta a la Comisión de Ambiente del Senado para respaldar el texto aprobado en esa cámara.

Antes que los gobernadores expuso ante los senadores el secretario de Minería, Jorge Mayoral. El funcionario nacional cuestionó una serie de artículos del proyecto de Diputados (1, 2, 3, 6 y 15) y también defendió la actividad minera. “Hay 460 proyectos a lo largo de toda la Argentina, más del 900 por ciento de crecimiento desde 2003 y más de 450.000 argentinos, que directa o indirectamente, viven en las regiones más postergadas gracias a la puesta en valor de proyectos productivos relacionados con la minería.”

A su turno, media docena de organizaciones ecologistas respaldaron el proyecto de Diputados, refutaron los argumentos provinciales en contra de la definición de “región periglacial” de la iniciativa y argumentaron que la media sanción de la Cámara baja “impone menos restricciones” que el aprobado por el Senado a la “obra pública” y “proyectos estratégicos”, como pasos fronterizos y construcción de diques para la utilización del recurso hídrico.

El director de campañas de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, fue quien cuestionó más duramente la posición de los mandatarios provinciales. Villalonga denunció que “los gobernadores realizan terrorismo judicial, al anunciar que se rebelarán contra la ley de glaciares si se aprueba el proyecto que cuenta con media sanción de Diputados”.

El martes próximo expondrán las entidades que agrupan a los empresarios mineros y de hidrocarburos, así como la Asociación Obrera Minera que nuclea a los trabajadores de la actividad y se citó al secretario de Ambiente, Homero Bibiloni.

Las opiniones dentro de los bloques están divididas; en especial en el oficialista, donde Gioja y Filmus reclutan voluntades para proyectos diferentes. “Vamos a dar libertad de acción”, dijo el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, reconociendo las diferencias internas.

Quienes apuestan por convertir en ley el proyecto original del Senado sobre protección de glaciares, para lo cual sólo necesitan mayoría simple, consideran que la postura de los gobernadores cordilleranos les permitió sacar una luz de ventaja en el porotómetro. Aunque nadie todavía arriesga un resultado ante la paridad de fuerzas.