El chileno Sergio Galvarino Apablaza Guerra continuará en libertad mientras el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (Cepare) decide si le otorga asilo político en la Argentina. Así lo resolvió el juez federal Claudio Bonadío, quien al mismo tiempo prohibió a Apablaza salir del país y le impuso presentarse ante la Justicia semanalmente.

El magistrado citó ayer al ex guerrillero en los tribunales federales de Retiro para notificarle que mantendría su excarcelación, una medida dictada en medio de fuertes presiones del gobierno de Chile para que Argentina lo extradite. El ex jefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) está acusado por la Justicia chilena de haber tenido responsabilidad en el asesinato del senador derechista Jaime Guzmán, en 1991, y el secuestro del empresario Cristian Edwards, del diario El Mercurio, aunque en su defensa Apablaza sostiene que no hay ningún elemento que lo vincule con estos hechos, de los que fue acusado, señala, por el solo hecho de haber sido dirigente del FPMR.

Con su medida, Bonadío rechazó un pedido de detención que habían presentado los abogados que representan a Chile en el caso. El juez ya había negado en el 2005 un pedido de extradición porque consideró que en el vecino país no había garantías de un juicio imparcial para Apablaza. Ese fallo fue revocado recientemente por la Corte Suprema de Justicia, que habilitó la extradición luego de que el trámite de asilo político se extendiera sin definición durante casi seis años. De todos modos, la Corte advirtió que la última palabra la tendrá el Cepare, que debe definirse sobre si le otorga el status de refugiado.

Se espera que el organismo, integrado por representantes del Ministerio del Interior, la Cancillería y la Dirección Nacional de Migraciones, se expida en los próximos días sobre el pedido de asilo en análisis desde finales del 2004.

Mientras tanto, el caso continúa generando adhesiones y rechazos. Los miembros argentinos de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) solicitaron a la presidenta Cristina Kirchner que resuelva de manera favorable el pedido de asilo elevado por Apablaza Guerra, en vista de que “está acusado de un crimen que no cometió y sin garantías de un proceso imparcial en su país”.

La AAJ, con la firma del titular Beinusz Szmukler, consideró que “el peligro que existe en Chile” es sobre su seguridad jurídica, “tal como lo evidencia el encarcelamiento por aplicación de la ‘ley antiterrorista’ a decenas de mapuches”.

“El propio presidente (Sebastián) Piñera ha reconocido la necesidad de modificar esa legislación para eliminar las restricciones a la defensa y el sometimiento de civiles a tribunales militares, que aún mantiene en su país”, argumentó la AAJ.

Desde Santiago de Chile, por otro lado, el juez Mario Carroza, a cargo del caso por el asesinato del senador Jaime Guzmán, no descartó la posibilidad de viajar a la Argentina para interrogar a Apablaza, aunque en realidad esto es algo que podría hacer sólo en el caso de que el pedido de asilo no le sea otorgado.

El pedido de extradición del ex jefe del FPMR ha sido respaldado por todos los partidos políticos chilenos con representación parlamentaria, y el propio presidente Sebastián Piñera hizo una gestión personal ante Cristina Kirchner, para que el gobierno argentino no le otorgue el asilo. En este marco, algunos organismos de derechos humanos del país vecino están saliendo a aclarar que la postura no es apoyada por toda la sociedad chilena. En ese sentido, la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos de Chile, conformada por agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, señaló que “sería nefasto que un gobierno que representa la derecha cómplice del terrorismo de Estado” juzgue a Apablaza.

Desde Nueva York, el canciller Héctor Timerman reiteró que el pedido de extradición “es un tema que requiere de cierta serenidad para ser analizado”. Además, acusó a algunos medios de comunicación de querer “enturbiar las relaciones entre Chile y la Argentina” y “dañar una de las políticas más exitosas de este gobierno, que es la de la protección de los derechos humanos”.