Mientras procesos contra represores avanzan en distintas jurisdicciones y los diarios de mayor tirada del país son investigados por las irregularidades que rodearon la compra de Papel Prensa, el colectivo Justicia Ya! presentará hoy una nueva denuncia para que se investigue la complicidad civil, en particular del periodismo, con los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. La impulsora es la víctima, Alejandra Barry Mata, y los acusados son los directivos y periodistas de revistas de la Editorial Atlántida que, a fines de 1977, publicaron artículos con la foto de Alejandra, entonces una niña de tres años que acababa de perder a sus padres, enmarcadas en una típica operación de “acción psicológica” para encubrir los secuestros, torturas y ejecuciones que eran moneda corriente: una niña “huérfana” por decisión de sus padres, “terroristas” que se resistieron a caer en manos de la coordinación represiva del Cono Sur, mientras según Gente, Para Ti y Somos “otros subversivos salvaron su vida rectificando el camino y entregándose a las autoridades”.

“Mi causa tiene que ver con sacar a la luz el rol que los civiles cumplieron en la dictadura”, explica Alejandra, que hoy tiene 35 años y milita en el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprod) y en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). “En la Argentina hubo una dictadura cívico militar y un genocidio que no fueron obra de militares sueltos y locos, sino un plan premeditado llevado adelante junto con los grandes medios, que fueron parte esencial en la propaganda de la dictadura para legitimar los crímenes más atroces, y con los empresarios, que idearon y financiaron el golpe de Estado”, agrega.

Juan Alejandro Barry y Susana Beatriz Mata, militantes montoneros, fueron secuestrados por primera vez en noviembre de 1974. La mujer estuvo en el centro de detención que pasó a la historia como Pozo de Banfield y fue legalizada un mes después en la cárcel de Olmos, donde nació Alejandra en marzo de 1975. Según la investigación que inició a sus 13 años, cuando supo que sus padres no habían muerto en un accidente automovilístico sino asesinados por grupos de tareas rioplatenses, Barry fue asesinado el 14 de diciembre de 1977 en inmediaciones del aeropuerto de Montevideo, mientras se resistía a ser secuestrado. En el operativo fue capturado Jaime Dri, luego trasladado a la ESMA junto con otros cautivos. En esos días cayó también el pianista Miguel Angel Estrella, uno de los pocos sobrevivientes del grupo. Alejandra quedó al cuidado de Susana hasta que una patota de militares uruguayos y argentinos rodeó la casa en la que cuidaba a varios chicos en el balneario Lagomar, a 25 kilómetros de Montevideo. Consciente de que su destino inexorable era caer otra vez en una mesa de torturas, la mujer se quitó la vida con una pastilla de cianuro.

En los días posteriores se montó “la acción de propaganda para encubrir delitos de lesa humanidad”, según los términos de la denuncia de Justicia Ya! La primera nota con la foto de la niña, en manos entonces de los asesinos de sus padres, la publicó la revista Somos el 30 de diciembre de 1977. Se tituló “Los hijos del terror”. El 5 de enero, la revista Gente que dirigía Samuel Gelblung tituló “Esto también es terrorismo. Alejandra está sola”. Acusó a sus padres fallecidos de ser “asesinos” que “dejaron de ser padres para fabricar huérfanos”. El tercer artículo lo publicó Para Ti el 16 de enero de 1978 y se tituló “A ellos no les importaba Alejandra”. Reiteraron que las víctimas “decidieron que Alejandra fuera huérfana” y, como si imperara un régimen democrático y no un Estado terrorista que operaba en la clandestinidad y sin rendir cuentas a nadie, escribieron que “otros subversivos salvaron su vida rectificando el camino y entregándose a las autoridades”. “Querer morir no es sólo cobardía. También es de-samor”, se explayó la pluma de Para Ti.

Alejandra comenzó a indagar su pasado cuando la esposa de su abuelo, durante una discusión, le gritó “¡hija de terroristas tenías que ser!”. “Ahí empecé a investigar, me contacté con amigos y compañeros de militancia de mis viejos, supe que había nacido en la cárcel de Olmos, supe de las revistas y fui a buscarlas a la Biblioteca Nacional”, recuerda. “Fue shockeante leerlas, me agarró mucho odio”, confiesa. En julio pasado el periodista Enrique Vázquez la contactó con Miguel Angel Estrella, que le contó los últimos días de sus padres en Uruguay.

La denuncia contra los editores y periodistas de las revistas de Atlántida los imputa como “autores, instigadores y/o cómplices de delitos de lesa humanidad” y se radicará hoy ante el juez federal Sergio Torres, responsable de instruir la megacausa ESMA. Hace ya un año y medio el juez recibió una primera denuncia contra la familia Vigil, entonces por las entrevistas fraguadas junto a represores del Grupo de Tareas 3.3 de la Armada a Thelma Jara de Cabezas, que estaba en cautiverio en la ESMA.

“Yo no estaba ‘sola’ como afirmaron las revistas y tampoco es verdad que ‘nadie me reclamaba en el mundo”, sostiene Alejandra en la denuncia. “Mis padres fueron víctimas de un genocidio y sus victimarios, cómplices y encubridores utilizaron la falsificación de mi historia familiar y personal para encubrir crímenes de lesa humanidad, a la par que efectuaban su aporte al aparato propagandístico de la dictadura al difundir información falsa”, destaca. “En medio de este debate nacional sobre Papel Prensa, mi objetivo es sacar a la luz el rol de las empresas durante la dictadura. No fue sólo Clarín: la mayoría de los medios y de los grandes empresarios cumplieron un rol similar.”