Mientras el radical Ricardo Gil Lavedra elabora un dictamen para unificar las posturas del entramado opositor sobre una posible intervención a la provincia de Santa Cruz, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, la peronista disidente Graciela Camaño, advirtió ayer que una intervención federal generaría “una conmoción innecesaria” y se pronunció a favor de buscar una alternativa para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó reponer en su cargo al ex procurador Eduardo Sosa, removido hace alrededor de quince años durante la gestión de Néstor Kirchner como gobernador. El presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, aseguró ayer que la intención del partido es acatar la decisión del tribunal, pero “sin lesionar las instituciones” de la provincia. Pintadas y pasacalles con frases como “Bienvenidos interventores” o “Fuera golpistas” enmarcaron la llegada de Sanz a Río Gallegos, donde encabeza un encuentro de dirigentes patagónicos con vistas a las elecciones de 2011.

Las diferencias al interior del Grupo A frustraron el intento de embestir desde el Congreso a favor de una intervención luego del pase de gol que implicó para la oposición la sentencia de la Corte. Gil Lavedra trabajará hasta el martes en un paper para fundamentar una “intervención no tradicional” que sólo regiría durante el tiempo que lleve la restitución de Sosa. “Muchos de los legisladores no queremos conmocionar a la provincia con una intervención a los tres poderes públicos”, advirtió ayer Camaño. “Alguna respuesta tenemos que dar para que la ciudadanía no se quede con esta imagen de que el poder político puede hacer lo que quiera con las órdenes del máximo tribunal”, sostuvo. La diputada reiteró que se estudiarán todas las alternativas “para que una disposición de la Corte no sea cumplimentada”.

Sanz afirmó que los gobiernos nacional y el santacruceño “sobreactuaron y tergiversaron el comportamiento de los legisladores radicales” ante el pedido de “intervención mínima”. “Este fue un hecho que no generó el radicalismo, sino quienes gobernaron durante esos años a Santa Cruz”, destacó, y recordó que “esta Corte ha sido elogiada por el kirchnerismo y nosotros coincidimos en que es una Corte independiente”.

También se manifestaron ayer el actual fiscal de la provincia, Claudio Espinosa, quien acusó al alto tribunal de “crear inseguridad jurídica” al ordenar su remoción “de un plumazo”, y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que reclamó al gobernador Daniel Peralta “el acatamiento inmediato” de la resolución judicial.

Espinosa embistió con dureza contra la Corte. “Cualquier mañana de éstas cualquier tribunal (sic) se levanta diciendo: ‘Saquen a éste, pongan a otro porque a mí se me ocurre’”, afirmó el fiscal, quien ya planteó su disconformidad con la sentencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Espinosa sostuvo que la decisión de la Corte “viola el derecho de defensa”, agregó que “es contradictoria” y que “cualquier sentencia de cumplimiento imposible puede ser revisada”. La asociación que representa a la corporación judicial, en tanto, le reiteró al gobierno de Santa Cruz que reponga en el cargo al procurador Sosa y sostuvo que el fallo no afecta la división de poderes. “El carácter de cosa juzgada de esa decisión no da lugar a discusión alguna que pretenda exhibir una diferente apreciación con lo resuelto por el más alto tribunal”, afirmó.