El empresariado autóctono permanece en estado de alerta y movilización. Vaticina un posible advenimiento del socialismo bolivariano en la Argentina y actúa en consecuencia. El ambiente democrático, a veces, lo lleva a matizar su discurso bélico. Héctor Méndez, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), comparó a su patria con Cuba. Hasta sus pares y compañeros de ruta advirtieron el derrape a la inverosimilitud. Así que, de cara a la opinión pública, una pléyade de corporaciones optó por un registro más matizado frente a una de sus bestias negras: el proyecto de ley para distribuir ganancias patronales, en determinados casos.

“Viola el derecho de propiedad”, adujeron, sin reparar en que la Constitución, que lo reconoce (“conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio”) también estatuye la participación de los trabajadores. Es, para mejor, un agregado de la honorable Revolución Libertadora en la apodada reforma constitucional de 1957.

La burguesía nacional es un mito urbano muy desleído, también un sector muy poco instruido. Su aptitud para el debate público es inversamente proporcional a su poder, a sus referentes les cuesta exponerse a la polémica, porque suelen dar pena. Los barbarismos, la precariedad del vocabulario y la chatura de Méndez distan de ser excepcionales, son la regla.

De cualquier forma, hubo en estos días un (bienvenido) esfuerzo por evitar las identificaciones desorbitadas. Las corporaciones se mudaron de la isla a Ginebra, para ser más precisos a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Explicaron que ese organismo sugiere que haya discusión previa a las modificaciones en las leyes laborales. La prédica de la OIT es edificante en ese y otros aspectos. Las patronales la ignoran olímpicamente cuando postula la necesidad del trabajo decente o la prohibición del trabajo infantil. Hugo Biolcati, reelecto al frente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), pidió cobijo bajo el manto de la OIT. El hacendado mayor debería mirar mejor los desempeños de los sufridos ruralistas en la explotación de menores, su renuencia a conceder descansos semanales a la peonada, esas lindezas que también refulgen en documentos venerables.

Aun si tuvieran credenciales en regla, los empresarios deberían internalizar que un proyecto de ley es un excelente, acaso el más cabal, modo de discutir institucionalmente una nueva conquista laboral. Pragmáticos también, podrían confiar en la pléyade de legisladores que tienen la camiseta patronal puesta para defender con ahínco sus intereses.

Los capitalistas siempre tienen derecho a postular que sería ruinoso modernizar la legislación, en este caso tornar operativa la letra muerta del artículo 14 bis. Les asiste la posibilidad de mostrar cuadros de rentabilidad y competitividad, como lo hicieran antaño con el aguinaldo, la “ley de la silla”, la de accidentes de trabajo o las convenciones colectivas de trabajo. Su exaltación de la propiedad privada de los medios de producción sobre otras formas de propiedad (el patrimonio de los trabajadores lo es) es una pésima interpretación constitucional. La cuestión es armonizar los derechos, no establecer enojosas prelaciones, que implican privilegios.

Actualmente hay empresas privadas que reparten ganancias y no han quebrado. En la historia previa sobran casos en varias empresas públicas: YPF o la Caja Nacional de Ahorro Postal allá por los ‘70. También hubo “bonus” para todos los trabajadores en otras reparticiones públicas, en consonancia con sus superávit. El mundo siguió andando. Sobran precedentes similares en los países centrales y en varios de América latina.

La inconsistencia se disimula detrás de argumentaciones ad hominem. Esa ley, susurran, potenciaría el poder de Hugo Moyano. Queda lindo alegar así ante los grandes medios que identifican al secretario general de la CGT con Satanás. Claro que una ley regiría para años futuros, en los que habrá otros referentes, otros dirigentes. Y los pagos no irían a los bolsillos del camionero, sino de los laburantes.

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Cuando salí de Cuba, en camión. Los conflictos micro también se explican con hipérboles, Siderar fue un caso testigo. Incumplimientos y fraude laboral fueron su detonante, se lo oculta centrando la mira sólo en el modo en que los sindicatos ejercieron la acción directa. Son acciones opinables, más vale, pero no terminan de describir lo que hay en cuestión. Los medios agregan su dosis de sal: el conflicto es pintado como perpetuo, las instancias de regateo se comentan como si cada reunión fuera un fracaso y no un hito en el tira y afloja.

El entredicho fue contenido en el marco de la conciliación obligatoria y zanjado dentro de los plazos legales. La gran empresa pagó una millonada de pesos y se avino a legalizar situaciones irregulares de los trabajadores. No vaya a creer, amigable visitante de estas páginas, que aceptan erogar pequeñas fortunas y mejorar su comportamiento cuando tienen toda la razón o la ley de su lado. Ni que lo hacen por filantropía o por temor. Lo hacen porque están en off side clavado y porque la correlación de fuerzas le es menos propicia que una o dos o tres décadas atrás. Encubrir relaciones de dependencia bajo la fachada de contratos con cooperativas o pseudo cuentapropistas es una vieja praxis capitalista, en algunas etapas resulta menos sencillo perpetuarlo.

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Dolores de parto. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) azuza la hipocondria pleitista de la patronal. Quizá el cronista se equivoque al fustigar su escasa versación, acaso leyeron el Martín Fierro: saben hacerse amigos del juez.

Adolfo Harisgarat, conjuez federal de Dolores acogió, con tanto beneplácito como ligereza, un amparo promovido por un empresario local, dueño de una señal de cable. El demandante alegó que la empresa Cablevisión le hizo saber que la señal de cable local El Garage, de su propiedad, sería retirada de la grilla del multimedios, por orden gubernamental. Esa directiva no existe pero desde el derecho romano rige un proverbio (en latín, como cuadra) de minimis non curat praetor. Esto es, el juzgador no repara en cuestiones mínimas, en detalles. En este caso, el “detalle” es que se litigó contra una norma virtual, apenas contra una amenaza de la empresa oligopólica. Pero la sentencia condena al Estado.

Su Señoría no es minimalista, para nada: ni para escudriñar los hechos ni para extender las consecuencias de su sentencia. Hizo lugar, como rayo, al reclamo sin “limitarse” al caso que le fue sometido. El empresario de Dolores, que instaba a los tribunales por un virtual conflicto con la grilla local, obtuvo como por arte de magia una sentencia de alcance nacional. El nuevo orden en la grilla de los canales quedó suspendido para todo el país que, aunque el conjuez Harisgarat lo soslaye, abarca muchas otras ciudades que Dolores, incluso 23 provincias amén de la de Buenos Aires.

El fallo, por decirlo en términos técnicos, oscila entre ser una vergüenza y una canallada. El sentenciante exorbita a niveles absurdos su competencia. Sin que medie prueba del agravio, sin que haya acto jurídico estatal, sin que se explique por qué un litigante queda investido de legitimación para representar a todos los empresarios de su rubro.

La “sentencia fácil”, un vicio recurrente en la jurisprudencia actual, desafía a la Corte Suprema de Justicia que tiene pendiente la decisión sobre una medida cautelar referida a la ley de medios. Cunde la versión, fundada en filtraciones de la cumbre del alto tribunal: la Corte desestimará el recurso, alegando motivos procesales y desestimando la gravedad institucional en juego. Al hacerlo incentivará la irresponsabilidad de los tribunales inferiores como el que mencionamos, prestos a verticalizarse con cualquier reclamo corporativo e irresponsables al abusar de su jurisdicción. Ignorar la realidad subyacente sería una grave defección de la Corte, dicen que está en puerta.

Pasado mañana habrá una movilización oponiéndose a esa tropelía. Como es cotidiano, ciudadanos marcharán ante un poder del Estado para hacerle conocer sus derechos y, claro, darle noción del peso del número. Derecho de peticionar, se le llama. La narrativa dominante lo denomina “ataque”, salvo que se ejercite para cuestionar al oficialismo.

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Flojitos de papeles. El tratamiento legislativo del proyecto que declara de interés público la producción de papel para diarios avanza, pese al asedio mediático y al ninguneo del Grupo A. Los diputados opositores desertaron de audiencias públicas en las que se expresaron importantes diarios nacionales y del interior... se entiende que no los accionistas de Papel Prensa. Fue un gesto discriminatorio hacia pequeñas y medianas empresas que se endiosan en el discurso o se usan de pretexto, por ejemplo, para embretar el proyecto de participación en las ganancias.

El pretexto era la falta de consenso con el oficialismo acerca de las comisiones en que se tratará el proyecto. Lo valiente no tenía por qué obstar a lo cortés: atender a los “otros medios” no obstaculizaba sus pujas cotidianas ni significaba renunciarlas. Nuevamente hubo alineamiento automático.

Entre tanto, diputados del Frente para la Victoria (FpV), el titular del bloque, Agustín Rossi, y Juliana Di Tullio dialogan con asiduidad con sus colegas del centroizquierda, en especial de Proyecto Sur. La propuesta del oficialismo, se comentó en esta columna desde el vamos, es parca como un haiku. Pocos artículos, entre los cuales sólo importa el primero, el que declara de interés público la actividad. La fuerza comandada por Fernando Solanas acuerda con la idea pero quiere una ley más minuciosa, que incluya el marco regulatorio y una preceptiva que deje menos espacio libre a la discrecionalidad del Ejecutivo. Ambas partes tienen razón, es amplia la posibilidad de una convergencia que enriquezca el proyecto y lo dote de un consenso multipartidario, como pasó con la LdSCA. La templanza y la apertura de los negociadores puede hacer competitiva en el recinto una norma antimonopólica, un avance interesante en un camino en el que falta mucho por recorrer.

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Cambio de época. Las pulseadas gremiales recorridas en esta nota tienen como vanguardia al Gobierno o a su aliada la CGT. Son las que tienen más viabilidad, por el poder que las sustenta pero no son las únicas. Sindicatos o comisiones internas alternativos a la principal central y muy críticos del Gobierno también reivindican y obtienen conquistas. Los trabajadores del subte consiguieron el reconocimiento legal de su sindicato en Tribunales, desafiando al poder de la Unión Tranviarios Automotor, cuya conducción (aliada de Moyano) brilla por su irrepresentatividad. Más sistémicos o más combativos, gremios o trabajadores se desenvuelven en el contexto más propicio a sus intereses de las últimas tres décadas, por decir lo menos.

En paralelo, el Estado recupera incumbencias y funciones, peso relativo respecto del sector privado. Con plafond, da los primeros pasos en pos de un capitalismo más competitivo, menos dominado por oligopolios o monopolios.

La dictadura, el neoconservadurismo peronista de los ’90, la crisis de principios de este siglo disciplinaron a la clase trabajadora, colonizaron al Estado, desequilibraron fuerzas. Aunque se está lejos de haber terminado la explotación o la exagerada incidencia de los intereses sectoriales concentrados, se atraviesa una época en la que los conflictos tienen contendientes más parejos. Y, por eso, proliferan.

He ahí un dato de la coyuntura que suele subestimarse, por la obsesión en peleas palaciegas o fruición con ciertos personajes. Cierto es que la existencia de un Consejo Económico Social tripartito daría un encuadre institucional progresivo a la relación entre Estado, capitalistas y sindicatos. El oficialismo lo tuvo en carpeta, dejándolo de lado en parte por el conflicto con los sectores agropecuarios, en parte por ausencia de voluntad política. “La oposición” ni analiza ese tema, enfrascada en el kirchnercentrismo o en su juego de la silla, en el que cada vez hay más participantes y menos público interesado.

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