A poco más de dos meses del fin del año legislativo, la oposición parlamentaria no logró convertir en ley ninguna de las propuestas que habían logrado unificarla tras el recambio legislativo de 2009. Después de que el Grupo A le arrebató al kirchnerismo la mayoría en todas las comisiones legislativas de ambas Cámaras del Congreso, las diferencias políticas entre bancadas –y la resistencia oficialista– frustraron la embestida. La intervención a Santa Cruz, Papel Prensa y el reparto de ganancias empresarias a los trabajadores dividen al entramado opositor. Tampoco lograron consensuar la agenda agropecuaria que enarbolaron como bandera en el conflicto entre el Gobierno y las patronales ruralistas: todavía están pendientes los proyectos para eliminar las retenciones, la ley de arrendamiento y la reforma a la Oncca, mientras otras iniciativas quedaron relegadas. Lejos de limar asperezas, la proximidad de las presidenciales 2011 amenaza con profundizar las fisuras en la oposición.

La oposición logró ubicar al Congreso como principal foco de resistencia al kirchnerismo, pero sólo paladeó victorias parciales, sin que todavía ninguna de ellas haya alcanzado el rango de ley.

La arrolladora embestida iniciada con el recambio legislativo de diciembre de 2009 se diluyó ante la escasez de resultados. Como los meses que insumió la disputa por el uso de reservas para cancelar duda externa, el rechazo a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el sostenimiento de Martín Redrado al frente del Banco Central y la resistencia a que Mercedes Marcó del Pont asuma ese cargo. Y las primeras discusiones sobre estrategia legislativa se transformaron ahora en diferencias políticas, en medio de la disputa del armado electoral que divide al arco opositor.

La “injerencia”

El Peronismo Federal y el GEN propusieron la intervención de Santa Cruz y el llamado a elecciones generales en 90 días. La UCR y PRO tienen proyectos de una intervención acotada solo para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de reponer en su cargo al ex procurador santacruceño Eduardo Sosa, resistida por el gobierno nacional y provincial. La CC, el PS, un sector del peronismo disidente y Proyecto Sur se oponen a una salida intervencionista.

Ahora le encargaron al diputado radical Ricardo Gil Lavedra que elabore un proyecto que acerque posiciones. El ex camarista federal trabaja en una “intervención no tradicional”, que llama “injerencia” y que por ahora no satisface a todo el conglomerado opositor.

El proyecto del diputado y abogado cegetista Héctor Recalde para implementar por ley el reparto del diez por ciento de las ganancias netas empresarias entre sus trabajadores, también divide aguas en la oposición. Eduardo Macaluse, de Proyecto Sur, desempolvó un proyecto similar presentado en 2008 y el GEN de Margarita Stolbizer redactó uno propio. La iniciativa recoge simpatías en el socialismo y provoca rechazos en el macrismo. La Coalición Cívica afirma que no lo respaldará porque “tampoco se cumplen todos los otros derechos establecidos en el artículo 14 bis de la Constitución” y en el peronismo disidente dicen “que no es momento”. Dentro del radicalismo la iniciativa parte en dos al bloque de diputados.

Aunque ninguna bancada opositora participa de las audiencias públicas donde se debate el proyecto del Gobierno para declarar de “interés público” la producción, comercialización y distribución de papel para diarios, el tema ha provocado más de un cortocircuito opositor.

Ante la imposibilidad de plegar a Proyecto Sur y al socialismo a su estrategia parlamentaria, la cívica Patricia Bullrich le pidió a la radical Silvana Giúdici que deje de lado su insistencia en cambiar la comisión de cabecera que discute Papel Prensa para que no se caiga la sesión del miércoles pasado. Pero Giúdici no aceptó y sin los diputados necesarios para lograr quórum propio tuvieron que desechar la posibilidad de sesionar.

Incluso, la CC propone realizar sesiones especiales para destrabar la pulseada entre oficialistas y opositores por Papel Prensa y lograr llevar al recinto sus proyectos prioritarios: la mayoría de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas sobre “irregularidades” en la Oncca y el Occovi.

El campo

Ni la llegada de una docena de agrodiputados al Congreso, provenientes de distintas entidades ruralistas y diseminados en diferentes bloques políticos, logró despejar las diferencias opositoras sobre retenciones, arrendamiento agropecuario y límites a las atribuciones de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca).

La CC encarna la postura más dura con la eliminación total de las retenciones al maíz, trigo, girasol, sorgo y carnes, y baja diez puntos a la exportación de soja. La iniciativa que mas adhesiones recoge entre el peronismo disidente que encabeza Felipe Solá. En sintonía, el PRO propone la extinción gradual en 18 meses de los derechos de exportación e imputar las retenciones efectuadas durante ese período al Impuesto a las Ganancias.

Las retenciones, en cambio, dividen a los radicales, donde conviven representes de la FAA que proponen la segmentación y la CRA que quiere eliminarlas. En tanto el socialismo y Proyecto Sur insisten en sostener los impuestos para “no desfinanciar al Estado” y segmentarlos para favorecer a los pequeños y medianos productores. Todos volverán a estar bajo presión después que la Mesa de Enlace Agropecuario –SR, CRA, Coninagro y FAA– prometió volver a la carga para “una solución” definitiva.

La reestructuración de la Oncca también divide al arco opositor, donde los bloques de centroizquierda quieren mantener el papel regulador del Estado, mientras el núcleo duro opositor reniega de la intervención estatal, si esta está en manos del kirchnerismo. La nueva ley de arrendamiento, que fractura a las entidades ruralistas, quedó en stand by y hasta el proyecto que el Gobierno prometió enviar al Congreso nunca llegó al Parlamento.

Otros temas de gran repercusión mediática fueron relegados cuando los opositores se toparon con dificultades. La promovida investigación de una “embajada paralela” en Venezuela en la Comisión de Relaciones Exteriores, se frenó después que el oficialismo propuso que declaren ante los diputados el canciller Héctor Timerman y el ministro de Planificación Julio De Vido. La quita de la licencia a Fibertel como operador de Internet se postergó cuando las asociaciones de usuarios y consumidores les reprocharon a los diputados opositores que “defendían más a la empresa que a los usuarios”.

La coparticipación del impuesto al cheque que aprobó el Senado no conformó a los diputados opositores. Y los senadores opositores no encuentran como sortear la resistencia que en el Senado provoca la reforma al Consejo de la Magistratura y la reforma del Indec que aprobaron sus pares en la Cámara baja.

La falta de una estrategia conjunta para vencer la resistencia oficialista en ambas Cámaras se ha transformado en un boomerang para las aspiraciones de la oposición. Quizá la única iniciativa que provoca fisuras entre los aliados K es la implementación del 82 por ciento del salario mínimo para las jubilaciones, que el Senado se comprometió a tratar. En cambio, la ley de protección de glaciares divide posturas entre los opositores y oficialistas, y amenaza con sucumbir ante la resistencia de las provincias cordilleranas.

Tampoco el oficialismo explotó las diferencias que dividen transversalmente a la oposición. Pendientes de las iniciativas que se tomen en la Casa Rosada, sólo promovió la ley de matrimonio igualitario. En cambio, posterga el proyecto para modificar la ley de entidades financieras de la dictadura que promueven sus aliados de Nuevo Encuentro y participa tímidamente del debate incipiente sobre despenalización del aborto.

Oficialistas y opositores dividirán ambiciones en estos últimos dos meses de trabajo legislativo. Para el kirchnerismo, la prioridad es el Presupuesto 2011. En la oposición buscarán consagrar alguna ley donde al menos el Gobierno tenga que pagar el costo político de vetarla.