El macrismo no sólo no envió a ninguno de sus funcionarios a declarar ante la comisión investigadora de las escuchas ilegales, sino que además retaceó toda la documentación que solicitaron los legisladores para tratar de determinar la responsabilidad política de Mauricio Macri en el caso por el cual fue procesado por la Justicia. Sin testigos, una vez más, la reunión de ayer de la comisión duró ayer sólo quince minutos. El tiempo suficiente para que los nueve legisladores de la oposición que prestaron quórum –el bloque del PRO estuvo ausente– respaldaran la decisión de pedir la colaboración de la Justicia para que los testigos que se nieguen a comparecer sean llevados por la fuerza pública. También habilitaron al presidente del cuerpo, Martín Hourest, a reprogramar la citación de los convocados que mostraron voluntad de declarar.

Ni los ministerios de Justicia y de Educación porteños y tampoco la Policía Metropolitana remitieron a la comisión investigadora ninguna de las pruebas documentales que solicitaron los legisladores, en los plazos previstos. La administración porteña tenía tiempo hasta ayer para enviar los documentos referidos a la contratación del espía Ciro James y sus actuaciones en su supuesto desempeño dentro de la cartera de Educación, entre otras pruebas. En tanto, el ministerio a cargo de Guillermo Montenegro también incumplió en proveer a la CIE la nómina de aspirantes a integrar la Metropolitana, y los expedientes de designación de todos los que hoy son agentes de la fuerza y sus antecedentes. No se informó tampoco quiénes por algún motivo no fueron nombrados ni los candidatos a ocupar el rol de jefe de policía, antes y después de la designación de Jorge “Fino” Palacios. Desde el macrismo, aseguraron que no se pudo aún recopilar la información, en los tres días hábiles que tuvieron desde que recibieron la requisitoria, pero tampoco anticiparon cuándo la documentación estará disponible para los legisladores.

En una sesión express, y ante una nueva ausencia de los testigos que debían declarar ayer, los legisladores presentes decidieron aprobar por unanimidad la nueva metodología de citación, apoyada en la Justicia. Hourest resumió que “si en la primera citación no vienen, en el segundo llamado se buscará a los testigos por la fuerza pública”, para lograr el normal funcionamiento de la comisión. El legislador de Encuentro Progresista Raúl Fernández debió oficiar como secretario, ante la ausencia de Gabriela Cerruti, en desacuerdo con sesionar tras los faltazos previstos. Hourest también fue facultado para reagendar a los testigos que expresaron voluntad de concurrir. Se leyeron las excusas presentadas por Carlos Neira, citado por su anterior cargo en la cartera educativa; Roberto Ayub, ex auditor interno del Ministerio de Educación, que dejó abierta la puerta para una nueva convocatoria, y de Javier Di Luca, director de legales de Telecom, que pidió reprogramar su cita de hoy. El bloque del PRO, tal como había anticipado, no bajó al Salón Montevideo, y apenas terminada la reunión expresó su desacuerdo con lo decidido. “Antes fue Oyarbide, ahora es Gallardo. Cambian los nombres de los jueces. Lo que no cambia es la desesperación de la oposición por desgastar a Macri”, señaló Martín Borrelli, que también criticó a Hourest.

Aunque hasta último momento esperarán que tanto Santiago Vilas como Carlos Lavie –directores de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia– asistan, la sesión prevista para hoy promete volver a naufragar. En tanto, mañana a las 11, la comisión recibirá al presidente de la comisión investigadora de Misiones, Hugo Passalacqua, para conocer el estado de la investigación sobre los jueces misioneros que autorizaron las escuchas efectuadas por James.

Informe: Gabriel Morini.