Querellantes y fiscales insistieron en enmarcar los hechos ocurridos en la Unidad Penal 9 en la figura de genocidio. También hablaron de un “plan de exterminio” del que su entonces director Abel Dupuy tenía “conocimiento absoluto”. Pidieron desde prisión perpetua hasta quince años para los imputados.

“La Unidad 9 fue un eslabón dentro del esquema represivo. El plan criminal fue un conjunto de acciones emprendidas contra un grupo definido. La represión que tuvo como objetivo instaurar un plan social, político y económico se enmarca en la categoría de genocidio.” La voz de Hernán Shapiro, fiscal federal de La Plata, se oyó clara pese al ruido de la lluvia durante el juicio a catorce penitenciarios acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

En el alegato que leyó ayer al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, el fiscal afirmó que en la “era Dupuy había una vinculación más que estrecha entre la Unidad 9 y la estructura de detención clandestina montada por el aparato militar”. Agregó que “se estructuró a la unidad como un centro de destrucción física y moral de los detenidos” que se caracterizó por la “ausencia de toda regla clara”, por la “incertidumbre” respecto de qué iba a pasar con su vida y por las estrictas sanciones “aplicadas por causas nimias”. En su relato, Shapiro esgrimió ocho puntos que hablan de una “revinculación con el área clandestina de la represión”, entre los que se encuentran “la práctica de interrogatorios políticos”, “la creación de pabellones de la muerte”, “la presencia de personas que no eran blanqueadas” y “la desaparición de familiares de presos políticos”. Señaló que estas características dan cuenta de “la integración del penal al plan instaurado por el gobierno dictatorial” y remarcó que el hecho de que “las prácticas ilegales fueron estatales, sistemáticas y generalizadas, hace que asciendan a la categoría de crímenes de lesa humanidad”.

El alegato coincidió con las palabras emitidas más temprano por el querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Inti Pérez Aznar, quien había afirmado que lo ocurrido en la U9 son “delitos de lesa humanidad porque son hechos que se enmarcan en un plan de exterminio”. Detalló que la U9 “entró de lleno” en ese plan de exterminio el 13 de diciembre de 1976, cuando Abel Dupuy asumió la dirección del penal y afirmó que él “tenía conocimiento absoluto de todo lo que ahí sucedía”.

Sobre las penas, Pérez Aznar pidió que Dupuy fuera condenado a prisión perpetua; Isabelino Vega, Víctor Ríos, Elvio Cosso, Catalino Morel, Raúl Rebaynera y Ramón Fernández a 25 años; José Luis Peratta, Héctor Acuña, Segundo Basualdo y Valentín Romero a 15 años; y los médicos Carlos Jurío, Emilio Favole y Leandro Corsi, a 20 años. Al finalizar, solicitó que “el cumplimiento de la pena sea en cárcel común”.

El abogado Carlos Pinto –que alegó en representación de su hermano Alberto, muerto tras su paso por la U9– apuntó a los médicos, entendiendo que debieron dar la orden de sacar de los calabozos a Pinto, quien sufría epilepsia y había recibido una brutal golpiza que le provocó una perforación en el intestino y su posterior fallecimiento. En ese sentido, pidió cambiar la carátula de “tortura seguida de muerte” por el delito de “homicidio agravado en concurso real”, con prisión perpetua.