Por donde se la mire, la Justicia mendocina está atravesada por la complicidad de muchos de sus integrantes con la última dictadura. Los camaristas Luis Miret y Otilio Romano ya no son los únicos investigados penalmente por favorecer la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado: la semana pasada se abrió una causa contra otro juez de la misma Cámara Federal, Julio Petra Fernández, por haber beneficiado al teniente coronel Luis Stuhldreher, intendente de facto en 1976, con una falta de mérito extendida a expedientes que nunca habían llegado a su tribunal, donde se le imputaban 18 desapariciones. También firmaba aquel fallo Carlos Pereyra González, quien renunció en 2009, cuando el Tribunal Oral Federal de San Luis lo denunció por encubrir torturas siendo secretario. Gracias a ellos, Stuhldreher -–que fue funcionario del Ministerio de Seguridad provincial cuando gobernaba Julio Cobos– no está sentado en el juicio por violaciones a los derechos humanos que se realiza en San Rafael, mientras que sí lo está uno de sus subalternos.

La trama es más intrincada todavía, porque algunos jueces de Mendoza no sólo tienen inclinación a favor de los represores, sino que se muestran decididos, o eso parece, a protegerse entre sí. En el caso de Petra, a pesar de haber trabajado durante años con Romano en la Cámara, no se excusó para intervenir en el expediente en que se lo investiga por más de un centenar de secuestros, torturas, robos y homicidios durante la última dictadura. Es la misma causa en la que está implicado Miret, en 31 crímenes. Tanto el fiscal Omar Palermo como una de las víctimas, Luz Faingold, recusaron a Petra, que se opuso. Ahora se apresta a fallar –junto con Miguel Gálvez y Leopoldo Rago Gallo– sobre la continuidad del juez Walter Bento, a quien Romano pidió apartar de la pesquisa. Los organismos de derechos humanos denunciarán hoy penalmente a Petra por no inhibirse.

Petra y su ex compañero Pereyra González –a quien un ex detenido desaparecido en San Luis identificó como testigo de sus torturas– firmaron desde diciembre de 2008 una serie de fallos que liberaron a todos los policías y militares que estaban presos por delitos de lesa humanidad. Entre ellos figura el teniente coronel (RE) Stuhldreher, comisionado militar (interventor municipal) de San Rafael desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 25 de junio de ese año. En democracia, fue director de Logística del Ministerio de Seguridad de la gobernación de Cobos.

Al fallar sobre la responsabilidad de Stuhldreher en la desaparición de Héctor Fagetti, Petra, Rabanito Pereyra González (así lo apodan) y Alfredo López Cuitiño dijeron que no estaba acreditada su presencia en el lugar al momento de los hechos ni su capacidad de decisión. Lo desprocesaron. Luego, a pedido del abogado defensor Eduardo Mestre Brizuela –-otro ex camarista mendocino–, solicitaron todos los expedientes de primera instancia donde Stuhldreher estuviera implicado. Aunque ninguno había llegado a su tribunal, Petra y Pereyra González, en otra resolución, extendieron la falta de mérito para el militar a todos esos casos, que incluían 18 desapariciones. El hijo de Francisco Tripiana, uno de los desaparecidos, es quien denunció a los jueces por prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes.

El joven, Mariano Tripiana, argumentó ante el juez Bento que, primero, los camaristas habían ignorado pruebas esenciales como “los libros históricos de la Compañía de Ingenieros de Montaña VIII de los años 1975 y 1976, que indicaban claramente la activa participación del capitán Stuhldreher en operaciones de represión ilegal”; que la Municipalidad funcionó como lugar de detenciones ilegales y torturas y que ya en primera instancia y ahora en el juicio que se está realizando en San Rafael “numerosos testigos han señalado a Stuhldreher como autor directo o mediato de innumerables tormentos, en la sede municipal”. Aun así, no está en el banquillo. El otro eje de la denuncia de Tripiana dice que es “ilegal” trasladar la falta de mérito a “casos y hechos que no fueron objeto de ningún recurso ante la Cámara”.

Además del frente judicial, Petra Fernández tiene una decena de denuncias ante el Consejo de la Magistratura, donde la Comisión de Acusación ya lo citó como sospechoso para el 7 de octubre. El cuerpo analiza sus excarcelaciones masivas favor de represores y su negativa a excusarse en causas sobre crímenes de la dictadura a pesar de que atacó públicamente a los organismos de derechos humanos y al fiscal Jorge Auat, titular de la Unidad de Investigación de Derechos Humanos. La jueza Margarita Camus declaró como testigo en el Consejo. Ella lo recusó en las causas de San Juan, donde liberó a su torturador, el sargento Osvaldo Martel –a quien ella reconoció–, pero Petra insiste en no apartarse.

El Consejo ya suspendió y envió a juicio político a Miret por no investigar torturas y detenciones ilegales desde 1975, cuando era juez. También progresa un expediente contra Romano, basado en la causa penal que tramita en Mendoza, donde está acusado como partícipe en secuestros, torturas y desapariciones, en sus tiempos de fiscal. Miret ya fue indagado por el juez Bento, pero Romano evitó el interrogatorio con un certificado médico, aunque estaría yendo a trabajar. Hay otros tres ex jueces mendocinos bajo investigaciones penales similares: Guillermo Petra Recabarren, Gabriel Guzzo y Rolando Carrizo. Petra y Romano apuestan a salir indemnes con la nueva composición del Consejo (que asumirá en noviembre). Por eso apoyaron –cuentan en los tribunales mendocinos– la campaña para que entrara como consejero representante de los abogados del interior, el radical Daniel Ostropolsky, que integrará el autodenominado nuevo “bloque” antikirchnerista junto con jueces y legisladores de la UCR.