La Sala I de la Cámara Federal volvió a negarle la excarcelación al espía Ciro James en la causa de las escuchas. El tribunal sostuvo que existe peligro de que se fugue o entorpezca la investigación debido a su amplia “trayectoria como agente de inteligencia”, que le ha dado contactos con fuerzas de seguridad, y el hecho de que aún “hay medidas de prueba en plena marcha”. Igual que el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, James había planteado que la Justicia le da un trato desigual con respecto a otros imputados de mayor jerarquía. Octubre probablemente sea un mes de grandes definiciones en la causa, ya que la Cámara de Casación podría resolver planteos importantes: la apelación del procesamiento de Mauricio Macri, su recusación contra el juez Norberto Oyarbide y el nuevo pedido de excarcelación de Palacios.

El 5 de octubre se cumplirá un año desde que James fue detenido, cuando el juez Oyarbide corroboró que era el encargado de retirar de la SIDE las escuchas a Sergio Burstein, dirigente de Familiares de las Víctimas del Atentado a la AMIA, que habían sido ordenadas en expedientes judiciales truchos que se armaban en dos juzgados de Misiones. Más adelante se supo que su papel era más determinante todavía, ya que participaba en todo el proceso de gestión y ejecución de las pinchaduras. También confirmaron los investigadores que lo hacía en combinación con Palacios, el ex jefe de la Policía Metropolitana, y que los espiados eran muchos más, entre ellos el cuñado de Macri, Daniel Leonardo. La conexión con el gobierno porteño no fue sólo Palacios, sino que James había sido contratado –justo al iniciarse la escucha a Leonardo– como asesor legal en un lugar insólito, donde en rigor no hay ningún trabajo suyo acreditado: el Ministerio de Educación de la Ciudad.

La última vez que James pidió su excarcelación se quejó de que el juez se negaba a liberarlo basándose en su gran experiencia como espía, reflejada incluso en el currículum que entregó cuando se presentó como aspirante a la Metropolitana. Su abogada alegó que, igual que cualquiera que se presenta a un trabajo, seguramente James había exagerado sus antecedentes y que las posibilidades de que obstaculizara la causa eran una mera hipótesis. A su vez, apeló a otro argumento que también Palacios usó anteayer en un escrito presentado ante la Sala III de la Cámara de Casación, que debe volver a decidir si lo excarcela. El ex comisario dijo –en obvia alusión a Macri– que “otros acusados en la misma causa ocupan lugares de influencia social o política de mayor importancia que Palacios y sin embargo padecen este proceso en libertad”. James, en igual sentido, sostuvo que –siendo él un auxiliar cuarto de inteligencia– recibe un trato desigual.

La Sala I de la Cámara Federal señaló ayer que no fue sólo Oyarbide quien advirtió sobre “las capacidades especiales” de James como espía y las consecuencias que podría acarrear si fuera liberado, sino que el propio tribunal de alzada lo dijo. De hecho, a mediados de julio, cuando confirmó los procesamientos por asociación ilícita de Macri, James y Palacios, la Cámara enumeró todas las actividades de inteligencia por las que habría pasado el joven espía: enlace con la Dirección de Inteligencia Naval, con la Dirección de Inteligencia Militar, con la del Servicio Penitenciario Bonaerense y Federal, actividades en Inteligencia del Ejército, escuchas telefónicas en investigaciones judiciales, curso de auxiliar de inteligencia de la Escuela Federal de Inteligencia, entre otras tantas. Aquel fallo respaldó la investigación de Oyarbide y le dio una vuelta de tuerca al decir que la presencia de James en la administración porteña era prueba de que se estaba armando un aparato clandestino de espionaje.

La nueva resolución contra James lleva la firma de Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero y una pequeña advertencia: a medida que pasa el tiempo se requieren mayores fundamentos para mantener a alguien con prisión preventiva. “Esta seria injerencia sobre la libertad personal del imputado no podrá prolongarse más allá de lo estrictamente necesario”, dice. “Esto supone –explica– un permanente replanteo acerca de la subsistencia de aquel riesgo (de fuga y obstaculización), que deberá sustentarse sobre variables objetivas y contrastables, sin perder de vista que a medida que el tiempo pasa, la exigencia de tal demostración aumenta.”

En ese punto, la Cámara de Casación firmará un nuevo pronunciamiento en casi dos semanas con respecto a Fino Palacios. El máximo tribunal penal ya le rechazó en otra oportunidad excarcelarlo, precisamente porque podría valerse de red de contactos con fuerzas de seguridad y autoridades para fugarse o afectar la recolección de pruebas. Pero hay que ver si los camaristas siguen pensando lo mismo. También existe la posibilidad de que analicen si es apropiada la calificación de los hechos como “asociación ilícita”, un delito grave. Como en su último fallo una de las juezas de Casación –Liliana Catucci– cuestionó esa figura, por prematura, Macri se aventuró a apelar allí su procesamiento, que también deberá ser resuelto, igual que la recusación de Oyarbide. Este será un mes en el que podría haber –o no– grandes cambios en la causa.