En una votación reñida, el Senado convirtió en ley los Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares. El texto consensuado entre el senador oficialista Daniel Filmus y el diputado opositor Miguel Bonasso con medidas más proteccionistas sobre los glaciares y las áreas periglaciares cosechó 35 voluntades. Otros 33 senadores se encolumnaron detrás del proyecto impulsado por los gobernadores cordilleranos que reclamaban mayor autonomía para sus provincias como “dueñas de los recursos naturales” y para autorizar emprendimientos mineros y de hidrocarburos, mientras sólo un legislador se abstuvo. Las casi ocho horas de debate, que arrancaron el miércoles por la tarde y terminaron ayer avanzada la madrugada, no fueron en vano: no pocos senadores cambiaron el sentido de su voto en medio de una pulseada que dividió transversalmente al kirchnerismo, la UCR y al peronismo disidente.

A las cuatro y media de la madrugada de ayer, el tablero electrónico del Senado marcó el fin de la extensa disputa parlamentaria: 35 votos a favor de la media sanción de la Cámara baja, 33 para quienes buscaban ratificar el proyecto que había aprobado la Cámara alta y una sola abstención. No hubo festejos ni abrazos. Los tres principales bloques políticos tuvieron posturas internas enfrentadas que dejaron profundas grietas (ver aparte).

El debate giró alrededor de dos argumentaciones. La protección de los glaciares y las áreas periglaciales para “preservar” el acceso al agua potable como principal “derecho humano” después de la vida, por un lado. Del otro, la resistencia al “acotamiento” de las autonomías provinciales que tendrán mayores restricciones para aprobar emprendimientos mineros y petroleros, los principales recursos económicos de las provincias cordilleranas.

“No estamos en contra de la industria de extracción, bienvenida sea, pero que lo haga fuera de las zonas protegidas. Nuestra prioridad es el ambiente y el cuidado de la vida de la población”, dijo Filmus, principal defensor de la propuesta corregida por los Diputados.

Su principal contrincante, el sanjuanino César Gioja, defendió el proyecto del Senado que establecía “que los glaciares son recursos naturales de dominio público y de las provincias” y que el proceso de inventario de los glaciares sería controlado por las provincias, y que ahora quedará en manos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), como autoridad de aplicación. “No se puede condenar a los pueblos sólo a la agricultura y la ganadería. No estoy defendiendo a la minería”, repitió Gioja. Luego buscó el apoyo del oficialismo argumentando que los funcionarios del Gobierno que acudieron a las audiencias del Senado (el secretario de Minería, Jorge Mayoral, y el de Ambiente, Homero Bibiloni) respaldaron la propuesta de la Cámara alta.

“Yo vengo a hablar de agua, no de minería. No necesito ponerme un poncho rojo punzó y hacerme el federal. No estamos discutiendo federalismo, y mire que en eso yo soy jodido. Tampoco derecho constitucional. No hay colisión jurídica entre la Nación y las provincias”, lanzó el cordobés Luis Juez.

El radical catamarqueño Aníbal Castillo recurrió al “Núcleo de Coincidencias Básicas” (Pacto de Olivos), que promovió la reforma constitucional del ’94, donde la Nación transfirió a las provincias la propiedad de los recursos naturales de sus territorios. Después embistió contra las ONG que asociaron el proyecto que respaldaron los gobernadores cordilleranos con los intereses mineros: “Me pregunto: detrás de una ‘asepsia ideológica’ ¿quiénes las financian?”.

Sus propios correligionarios le salieron al cruce. “El espíritu de la media sanción de Diputados es la protección del agua y no otras cosas”, dijo el senador mendocino y presidente de la UCR, Ernesto Sanz. “Desde el Senado de la Nación, que también representa a las provincias, proponemos una ley que protege los recursos naturales. Las provincias, en cambio, flexibilizan sus legislaciones para favorecer a las mineras”, agregó el jefe de la bancada radical Gerardo Morales.

Adolfo Rodríguez Saá defendió la “autonomía” de las provincias y comparó la situación de los glaciares con la creación de la cuenca Matanza-Riachuelo en el ámbito de la jurisdicción nacional, donde la Justicia condenó y multó a sus funcionarios por incumplimiento de su tarea. “Y ahora los condenados nos dan cátedra a las provincias argentinas de cómo defender sus recursos naturales”, soltó el puntano.

El oficialismo también mostró sus fisuras. El santacruceño Nicolás Fernández se encolumnó con la postura de las provincias cordilleranas y lo fundamentó cargando contra el artículo 17 del proyecto corregido en Diputados, en el que las provincias no podían autorizar nuevos emprendimientos productivos hasta que el Ianiglia termine el relevamiento de las zonas a proteger. A pesar de que ese artículo había sido quitado del proyecto de Diputados.

El jefe de bloque de los senadores K, Miguel Pichetto, se mostró desorientado en tener que cerrar el debate con su postura personal y no la del bloque al que representa, al que dio libertad de acción frente a las posturas divididas. “No es una ley antiminera, es falso. Hoy discutimos el agua como derecho humano y derecho a la vida, y es mejor el proyecto que viene de Diputados”, dijo para dejar sentada su postura.

Pero luego se mostró conciliador. “Tampoco hay que dramatizarlo tanto. Las inversiones van a seguir, tienen alta rentabilidad en el país. Este proyecto tampoco afecta la actividad petrolera ni se afecta la competencia de las provincias”, dijo Pichetto, y apeló al compromiso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de “no vetar la ley, sea cual fuere el resultado de esta votación”. Pero Pichetto ya sabía que la suerte estaba echada.