La oposición consiguió ayer firmar dictamen de mayoría en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para elevar las jubilaciones al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil. De esta manera, el Grupo A en el Senado logró dar el último paso con la iniciativa impulsada por el socialismo y la UCR, que ya fue aprobada por Diputados y que ahora deberá tratarse en el recinto el próximo 13 de octubre. El oficialismo firmó, en contraposición, un dictamen de minoría en el que expresa su rechazo a la medida y expone los argumentos económicos que la tornan “irresponsable” e “inviable”. Desde el Ejecutivo, Aníbal Fernández había anticipado que en caso de convertirse en ley, la presidenta Cristina Fernández podría vetarla.

Luego de una serie de audiencias públicas por Santa Fe y Chubut y después de varias postergaciones, la oposición logró emitir dictamen ayer en una breve reunión plenaria de comisiones a las 12 del mediodía. “Damos así otro paso en el objetivo de sacar a los jubilados de la pobreza”, aseguró ayer el socialista Rubén Giustiniani al finalizar el encuentro. Los senadores que firmaron el dictamen opositor fueron Gerardo Morales, Alfredo Martínez, Ernesto Sanz, Roy Nikisch, Eugenio Artaza, Laura Montero (UCR), Giustiniani (PS), María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica) y los peronistas disidentes Graciela Di Perna, María Higonet y Carlos Verna, este último en disidencia parcial. Pero además acompañó la iniciativa el kirchnerista chubutense Marcelo Guinle, que también firmó en disidencia.

Por el lado del oficialismo, los senadores Eric Calcagno, Blanca Osuna, Nancy Parrilli y Ana Corradi suscribieron un dictamen de minoría en el que ratifican su rechazo a la sanción proveniente de Diputados e incluyen un análisis de los costos de la medida, del fondo de sustentabilidad y un informe económico de la Anses, además de consideraciones políticas por las que consideran inviable el aumento de las jubilaciones.

Las audiencias públicas realizadas la semana pasada en Rosario y Chubut surgieron como una necesidad del Grupo A para juntar fuerzas y evitar lo que parecía una derrota de un alto costo político. En principio, la iniciativa fue originada en el Senado, aunque por dificultades para avanzar fue retomada por Diputados y aprobada a mediados de agosto. Con mayor fortaleza, el Grupo A impuso en la Cámara baja un proyecto todavía más ambicioso, que no sólo incluye el 82 por ciento para las jubilaciones mínimas, sino la movilidad de todos los haberes previsionales, tal como lo estableció la Corte Suprema en los fallos Badaro y Sánchez.

La pelea principal entre el oficialismo y oposición quedó centrada en el financiamiento de la iniciativa, el cual no fue explicitado en la sanción de Diputados. El titular de la Anses, Diego Bossio, y el ministro de Economía, Amado Boudou, asistieron al Congreso para exponer la imposibilidad de llevar adelante la medida. En el Senado, el titular de la bancada kirchnerista, Miguel Pichetto, consideró que se provocaría una crisis fiscal para los próximos años. Tal como publicó Página/12 el miércoles, según la Anses el proyecto opositor tiene un costo fiscal de 9300 millones de pesos, sólo para los meses de octubre, noviembre y diciembre, mientras que el superávit previsto para todo el año gira en torno de los 900 millones.

A dos semanas para la votación y en un escenario de mucha inestabilidad, la oposición parece tener consolidados los 18 votos radicales, ocho del PJ disidente y cinco de bloques pequeños, lo que alcanza un piso de 31 volutandes. Además, hay que sumar a los peronistas pampeanos María Higonet y Carlos Verna, a la chubutense Graciela Di Perna, a la formoseña, Adriana Bortolozzi y al kirchnerista Guinle. De esta manera, una primera aproximación ronda unos 36 votos a favor. Del bando contrario, el oficialismo cuenta con 30 votos (si es que el descontento interno por la sanción de la ley de glaciares no produce nuevas bajas), más los dos aliados de Tierra del Fuego y la santafesina Roxana Latorre. El no al aumento acumula 33 senadores.

Hay tres senadores restantes cuya posición todavía no se conoce. Aunque en un primer momento había manifestado su respaldo al proyecto aprobado por Diputados, el 21 de septiembre María José Bongiorno presentó una iniciativa propia en el Senado. También el neuquino Horacio Lores redactó su propio texto, por lo que se desconoce su posición respecto de la media sanción. Y por último, el misterioso ex presidente Carlos Menem hace varias sesiones que no aparece por la Cámara alta.