La decisión de dar asilo político al chileno Sergio Galvarino Apablaza Guerra tomada por el Comité Nacional de Refugiados (Conare) continúa levantando críticas del otro lado de la cordillera. El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Hinzpeter, aseguró ayer que “no puede ser que cruzar la frontera sea recurso de impunidad” y el senador del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI) Jorge Pizarro calificó la medida como “un error político gravísimo”.

“No puede ser que cruzar la frontera sea recurso de impunidad y no-sotros queremos que en el mundo del siglo XXI tengamos un compromiso muy fuerte para combatir el terrorismo y la delincuencia”, afirmó Hinzpeter, aludiendo a la aceptación como refugiado del ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Apablaza Guerra. Apablaza fue encontrado en 2004 en la localidad de Moreno, donde vive con su esposa y tres hijos. Unos meses más tarde fue puesto en libertad y presentó la solicitud para que el Estado argentino lo reconozca como refugiado ante el pedido de extradición que la Justicia chilena hizo sobre él, que le fue otorgado por el Conare la semana pasada.

El senador de la UDI Jorge Pizarro mostró menos protocolo hacia el gobierno de Cristina Fernández . “Lo que hace el gobierno de la presidenta Fernández es proteger a un delincuente que tiene que ser procesado en nuestro país”, sostuvo el presidente del Senado chileno, y advirtió con dureza que se trataba de “un error político gravísimo que el gobierno argentino está cometiendo por razones de política interna”. Pizarro aseguró que no era “un tema que aceptemos así nomás” y adelantó que el gobierno estudia “los caminos que correspondan a nivel internacional” para lograr que Apablaza comparezca ante la Justicia chilena.

Unas semanas atrás la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el que concedía la extradición de Apablaza solicitada por la Justicia chilena. Al ex dirigente del FPMR se lo acusa de haber tomado la decisión –junto a los demás integrantes de la conducción de esa organización– de matar en 1991 al entonces senador Jaime Guzmán, un pinochetista fundador de la UDI. Además, a Apablaza se lo investiga también por el secuestro en el mismo año del empresario Cristián Edwards, uno de los dueños del diario El Mercurio.

El pedido de extradición había dormido en los despachos del máximo tribunal durante seis años a la espera de que el Poder Ejecutivo respondiera la solicitud de asilo político, pero el cambio de gobierno en Chile reactivó la causa. El ex jefe niega haber participado en los hechos que se le adjudican y su pedido de asilo se basa en que “no hay ninguna prueba” que vincule su presencia en los hechos por los que se lo acusa.