Desde Santiago

Antes de las 9 de la mañana, en una extensa cadena radial, el presidente Sebastián Piñera comentó los temas que copan la agenda noticiosa chilena, como la huelga de hambre mapuche, los mineros atrapados y el presupuesto de la Nación en 2011. También se dio el tiempo para referirse a otro asunto que por estos días tiene en alerta máxima a La Moneda: la decisión de Argentina de dar refugio político al ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Galvarino Apablaza, aclarando que la medida no favorece las relaciones entre ambos países. Horas después, la Cancillería chilena convocó al embajador argentino Ginés González García para entregarle una nota formal de protesta.

“No comparto y lamento profundamente la decisión de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), porque Galvarino Apablaza está procesado en Chile por crímenes extraordinariamente graves, cometidos en plena democracia”, dijo de entrada el mandatario chileno. “El asesinato del senador Jaime Guzmán (fundador del derechista partido Unión Demócrata Independiente UDI y uno de los ideólogos de la dictadura de Pinochet, ultimado a tiros en 1991), el secuestro de Cristian Edwards (hijo del dueño de El Mercurio) son crímenes que no pueden quedar impunes. En este caso, la Justicia chilena da plena garantía de un proceso ecuánime. Y por tanto no comparto, y lamento profundamente, que la decisión de la Conare esté impidiendo que la Justicia chilena conozca este crimen, porque en el fondo está contribuyendo a una impunidad que no les hace bien ni a la justicia ni al país”, añadió.

En este teatro de operaciones, la Cancillería que encabeza Alfredo Moreno convocó por la tarde al embajador argentino González García, con la idea de señalar personalmente al diplomático la molestia por la decisión del gobierno argentino. La cita, que se concretó a las 19, surgió tras la reunión que en la mañana habían sostenido en La Moneda el propio Piñera, el ministro Moreno y el embajador de Chile en Buenos Aires, Adolfo Zaldívar.

Antes del encuentro con Ginés, Moreno no quiso anticipar el tenor del encuentro o si la convocatoria derivaría en una nota de protesta. “Simplemente le voy a hacer entrega del pensamiento sobre esta materia”, respondió. Esta decisión significa que delitos gravísimos que se han cometido en Chile, que la propia Corte Suprema argentina ha considerado que son delitos comunes, después de seis años que hemos pedido la extradición ella no es posible”, dijo el canciller.

Concluido este nuevo encuentro en la sede de la diplomacia chilena, Alfredo Moreno confirmó la emisión de una nota de protesta a la Casa Rosada y que las reuniones del gabinete binacional serán reprogramadas de mutuo acuerdo.

Siempre en este caso, el juez Mario Carroza, que trabaja en la investigación del asesinato de Jaime Guzmán, descartó, por ahora, viajar a Argentina para interrogar a Apablaza, ya sea en calidad de inculpado o de testigo. El magistrado insistió además en su convicción de que la dirección del FPMR fue la encargada de dar la orden para perpetrar el atentado contra el senador, jefatura que entonces encabezaba Apablaza.

Más protestas

Esto mientras unos 200 jóvenes y dirigentes barriales de la UDI llegaron hasta la embajada de Argentina en pleno centro de Santiago para protestar. Tomás Hoffmann, presidente de la Juventud de esa fuerza, dijo que la resolución tomada por la presidenta Cristina Fernández es “un fuerte agravio a nuestra institucionalidad y a nuestro estado de derecho”.

Como corolario de un día agitado, Juan Antonio Coloma, presidente de la UDI, que junto a Renovación Nacional dan sustento al gobierno de Piñera, acusó a Argentina de denegar justicia ante el Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria (UIP), con sede en Ginebra, Suiza, debido al asilo que se le otorgó al ex frentista.

En una audiencia que se prolongó por más de 40 minutos, el senador Coloma, junto a otros parlamentarios, informó al Comité que la decisión del Ejecutivo argentino constituye “un abuso y una ofensa inaceptable hacia Chile, pues se está –en los hechos– ante una denegación de justicia evidente en el caso del senador Guzmán y se insinúa implícitamente que en nuestro país no rige un estado de derecho”.

Los parlamentarios chilenos también solicitaron oficialmente que se abriera un expediente del caso Guzmán, “a objeto de que sea analizado por esta instancia y buscar las fórmulas para garantizar que los inculpados sean sometidos a proceso en los tribunales de justicia chilenos”.

Finalmente, los presidentes de partidos de la Concertación, hoy en la oposición, coincidieron en que se debe insistir en la petición ante Argentina para la extradición de Apablaza, pero buscando la forma de mantener las buenas relaciones con el país vecino.