Con argumentos extremos, como un planteo de ilegalidad de los Juicios por la Verdad o la nulidad del proceso en curso, los abogados que defienden a los catorce penitenciarios acusados de delitos de lesa humanidad durante la dictadura en la Unidad 9 de La Plata expusieron sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal 1 y solicitaron la absolución de todos los acusados. En una fuerte confrontación con los argumentos esgrimidos la semana pasada por las querellas y la fiscalía, también pidieron que no se califique los hechos como de lesa humanidad y que no se incorpore al proceso la figura de genocidio.

“Lo primero que voy a plantear es la nulidad del proceso”, dijo, con contundencia, Roberto Citerio, defensor del ex director del Penal, Abel Dupuy; el ex subjefe, Isabelino Vega, y el médico Luis Domingo Favole. Argumentó que “los hechos que aquí se ventilan fueron conocidos (...) en los Juicios por la Verdad”, que calificó de “un proceso no reglado” que se caracterizó por la “imposibilidad jurídica de punir” a los supuestos criminales.

En una interpretación curiosa de lo que significa un delito contra la humanidad, afirmó que “una de las características es que no existen constancias escritas y aquí se han incorporado documentos de funcionarios de la Unidad 9, que tuvieron la posibilidad de destruirlos y no lo hicieron” porque “tenían el convencimiento de que ninguna acción delictual habían cometido”.

Respecto de Dupuy –quien está acusado de homicidios, tormentos seguidos de muerte, numerosas privaciones de la libertad y tormentos–, Citerio afirmó que el ex director del penal no era el que ordenaba los traslados.

Flavio Gliemmo, defensor de Elvio Cosso, Víctor Ríos, Segundo Basualdo, Valentín Romero y Raúl Rebaynera conformaron con el representante del ministerio Público Fiscal, Hernán Schapiro, quien había encuadrado, en su alegato, el funcionamiento de la Unidad 9 dentro de un centro clandestino de detención. “Aquella cárcel tiene más similitud con las cárceles de ayer, hoy y mañana que con un centro clandestino de detención”, concluyó. En un breve alegato, Silvia Reynoso Miguens, defensora de Héctor “El Oso” Acuña, solicitó que se declarara inconstitucional la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Luego pidió la prescripción de la acción penal en el hecho que se le imputa a Acuña, al entender que fue cometido en 1976 y tenía una pena máxima de quince años y argumentó que “la convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad es posterior a lo que aquí se imputa”. En tercer lugar, expresó una acusación contra las querellas porque “han concluido livianamente que los imputados son genocidas”.

La defensora oficial Laura Díaz comenzó su alegato afirmando que no iba a hacer una defensa política o ideológica. “No vengo a discutir lo que pasó en el país entre 1976 y 1983, hechos que nunca justifiqué”, aseguró. Señaló la “imposibilidad de aplicar la figura de genocidio en forma autónoma, tal como lo solicitaron las querellas”, y explicó que de ese modo se violaría el derecho de congruencia, ya que la definición de genocidio “no habla de la destrucción de un grupo político, sino que la destrucción era para cualquiera que se opusiera a las doctrinas que se pretendían imponer”.

Respecto de las solicitudes al tribunal, todos los defensores pidieron la absolución de las penas. En algunos casos, solicitaron que el fallo sea declarativo de responsabilidad, pero que no implique el cumplimiento de una condena, y aclararon que en el hipotético caso de que ésta existiera, se otorguen las mínimas penas correspondientes a cada uno.