Los coletazos de la decisión del gobierno argentino de conceder asilo al ex guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza continúan. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró ayer que se trató de “un acto pacífico y humanitario”, recordó dos casos similares en los que se dio refugio político a ciudadanos de otros países que no tuvieron consecuencias. La Cancillería chilena anunció que se reprogramó la III Reunión Binacional de Ministros que se iba a realizar este mes. El juez Claudio Bonadío, en tanto, cerró la causa iniciada por el pedido de extradición de la Justicia chilena.

Dar refugio político “no significa que uno cuestione al Estado democrático de Chile ni mucho menos ni afirmar que en la actualidad el Estado de Chile puede ejercer persecuciones contra alguna persona”, afirmó ayer Fernández al defender el status de asilado político que se le otorgó a Apablaza ante el pedido de extradición que pesaba sobre el ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Fernández destacó también que “el refugio es un acto pacífico y humanitario, no político”, bajando el tono de la discusión que la oposición llevó a un duro enfrentamiento en los últimos días.

El caso de Apablaza se reactivó hace unas semanas cuando la Justicia chilena solicitó a la Argentina que se expidiera sobre la causa iniciada con el pedido de extradición por el asesinato del senador derechista Jaime Guzmán y el secuestro del empresario Cristián Edwards en 1991. A Apablaza lo acusan de haber participado de la toma de la decisión en los dos casos junto a la conducción del FPMR. La Corte Suprema dictaminó que el ex guerrillero estaba en condiciones de ser extraditado, pero la decisión terminó en manos de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), que finalmente le otorgó el asilo la semana pasada.

Para reafirmar la posición del Gobierno, el jefe de Gabinete recordó dos casos en los que se otorgó refugio político y que no generaron controversias con los países involucrados. Por un lado, el del vasco José María Lariz Iriondo, acusado de etarra por la Justicia española, en el que el máximo tribunal de justicia no concedió la extradición en 2005 argumentando la “protección de los derechos humanos tanto de las víctimas como de los imputados, incluso en el campo de la cooperación internacional”, detalló Fernández. También hizo hincapié en el caso de Patricio Ortiz Montenegro, también del FPMR, que fue refugiado en Suiza pese a tener una condena a diez años de prisión por la muerte de un carabinero. “Cada día que pase, las cosas van a ir tomando su cauce natural”, finalizó Fernández, dejando en claro que el Gobierno espera que se calmen las aguas.

Así las cosas, mientras el juez Bonadío cerró definitivamente la causa de extradición, el gobierno de Sebastián Piñera anunció un pequeño cambio en la agenda bilateral como consecuencia del caso Apablaza. La III Reunión Bilateral de Ministros que se iba a realizar el 13 y 14 de octubre se reprogramó para el 17 y 18 de noviembre, lo que se suma a la carta formal de reclamo que presentó ante el embajador argentino Ginés González García.