EL PAíS › LA PRESIDENTA EVALUó EN FORMA POSITIVA EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA SOBRE LA LEY DE MEDIOS
Desde Alemania, Cristina Fernández envió un mensaje en el que interpretó con optimismo la evolución del derrotero judicial de la ley de servicios audiovisuales. Los funcionarios coincidieron en rescatar que se pongan límites a las medidas cautelares.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y estableció que en “un plazo razonable” se resuelva el amparo que suspende la aplicación del artículo 161 que obliga a la desinversión al Grupo Clarín, generó repercusiones en el oficialismo. “Buena noticia, los fallos de la CSJN no los redacta (Héctor) Magnetto”, opinó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de Twitter. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Gabriel Mario-tto, resaltó que del fallo se desprendía que “el artículo 161 no es inconstitucional, todo lo contrario. Tiraron la pelota para arriba”.
El esperado fallo del máximo tribunal de Justicia sobre el amparo que impide que se le aplique en su totalidad la ley de medios al Grupo Clarín motivó interpretaciones esperanzadas en el oficialismo. Desde Alemania, donde se encuentra en una gira diplomática, la presidenta Fernández de Kirchner envió a través de su teléfono celular un mensaje en el que resaltaba que se trataba de una “buena noticia, los fallos de la CSJN no los redacta Magnetto. Tampoco los firma (Joaquín) Morales Solá ni (Eduardo) Van der Kooy”, periodistas y editorialistas del multimedio.
El artículo que se encuentra bloqueado por el amparo solicitado por Clarín regula a las empresas que tengan más de diez licencias entre radio y televisión para evitar la conformación de monopolios mediáticos. Para ello establece un año para que se desprendan de las licencias que superen la cantidad que dicta la norma. La espera del fallo de la Corte sobre la vigencia del amparo motivó una multitudinaria movilización de organizaciones sociales, políticas y culturales frente a los Tribunales para que garanticen su vigencia plena.
El presidente de la Afsca señaló que “Clarín consiguió con este fallo ganar tiempo con respecto a ese aspecto de la ley. Nosotros vemos con mucha expectativa otras interpretaciones que hace el fallo con respecto a esa industria de medidas cautelares”. En la misma línea que la Presidenta, Mariotto afirmó que el pedido de la Corte para que se fijara un “límite razonable” al amparo “le pone un límite a esa industria, que es absolutamente funcional a los intereses de los grupos que no quieren adecuarse a la ley y quieren seguir bajo el imperio de la ley propia”. Mariotto –que participó de los debates y foros que dieron forma a la ley– agregó que “no cubre el fallo de la Corte nuestras expectativas de dejar fijo el año” para desprenderse de las licencias que superen el tope impuesto por la ley, pero resaltó a su vez que advierte que “la validez de la desinversión forzada no es materia sometida a la decisión de esta Corte, sino el plazo de un año para cumplirse”.
“El fallo es un aviso para decirles que no se pueden seguir manejando con medidas cautelares y quiere decir que la ley está vigente y que vamos a seguir avanzando”, explicó por su parte el procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha. La Corte Suprema “declaró que la ley está vigente en general, incluido el artículo 161, salvo para el demandante que hizo el planteo (el Grupo Clarín) exclusivamente”, detalló Da Rocha al brindar su interpretación de la opinión de los magistrados que componen el máximo tribunal.
Otra voz que se escuchó ayer fue la del subsecretario de la Presidencia, el radical K Gustavo López. “El fallo es técnicamente impecable, jurídicamente correcto, marca la independencia de ese poder del Estado, pero uno anhelaba otra cosa, hubiera preferido otro tipo de fallo, como que la Corte hubiera intervenido ya y no que se lo devuelva al juez”, dijo López. Igualmente destacó también el punto en el que los magistrados le dicen al juez “que resuelva en plazo perentorio” la cuestión, para que la medida cautelar “no se convierta en una triquiñuela jurídica que dilate esto tres o cuatro años”.
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