El ministro de Justicia de Córdoba, Luis Angulo, aseguró que los abogados de los presos políticos durante la última dictadura vivían “un clima de terror” y que los detenidos vivían “una situación penosa, sin ningún tipo de comunicación”. Angulo declaró en calidad de ex abogado defensor en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se sigue en su provincia y que tiene como principales acusados a los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.

“Cuando uno ingresaba a los tribunales federales era una situación de desazón, de angustia y de temor y el trato era como el de que alguien está entrando al lugar equivocado”, describió Angulo, quien tuvo a su cargo la defensa de María González de Baronetto, asesinada en un presunto intento de fuga el 11 de octubre de 1976. El funcionario recordó que cuando “iba a presenciar las declaraciones de mi defendida (en los tribunales federales) sentía temor por mi vida, porque sabía lo que les había pasado a otros defensores de presos políticos que tuvieron que exiliarse”.

El testigo señaló que el secretario penal del desaparecido juez Adolfo Ledesma, Carlos Otero Alvarez, “me dijo que por disposición de las Fuerzas Armadas no podía seguir defendiendo a Baronetto” y que a partir de ese momento sus defendidos quedaron bajo jurisdicción militar. “En esa época era muy difícil ejercer las defensas porque existía un clima de terror”, sostuvo.

Luego declaró la ex jueza federal Cristina Garzón de Lascano, secretaria civil de Ledesma que en febrero de 1976 subrogó la secretaría penal por la ausencia de Otero Alvarez. Su presencia en el juicio había sido solicitada por la familia del ex preso político Raúl “Paco” Baducco, detenido junto a su mujer, Dorys Cafieri, en diciembre de 1975 y asesinado en la Unidad Penitenciaria Número 1 (UP1) siete meses después.

Garzón de Lascano sostuvo que asistió al juez en la indagatoria donde Cafieri “ratifica la declaración efectuada ante la policía y solicita una nueva audiencia para hacer una denuncia” sobre unos bienes que le habían robado y denunciando apremios ilegales. A partir de esa solicitud, dijo, “se fijó una audiencia para el 6 de febrero” que quedó abortada por un tiroteo ocurrido en los tribunales federales. Luego del incidente, Ledesma “resolvió levantar” las audiencias previstas y nunca más se realizó la solicitada por Cafieri.