Cada uno es cada cual, diría un catalán, pero si cada uno y cada cual son amigos siempre hay una ventaja: pueden cometerse errores nuevos sin necesidad de repetir errores viejos. Si ya el amigo transitó la experiencia, ¿para qué tropezar con la misma piedra? Eso pasa hoy en Su- damérica. Cada experiencia es distinta pero en la mayoría de los países gobiernan fuerzas amigas.

Ecuador es un ejemplo. El presidente Rafael Correa primero sojuzgó lo que después definiría como “intento de golpe de Estado y magnicidio”, o sea la intención de matarlo y matar, así, su Revolución Ciudadana. Y una vez que salió de la crisis con vida, enterito, se planteó alternativas concretas.

El menú ecuatoriano fue amplio.

El presidente descabezó a la cúpula policial.

También aprovechó su autoridad –renovada por la victoria frente a la rebelión– para que el Congreso aprobara el nuevo régimen para las fuerzas de seguridad que antes había rechazado.

Pero Correa no sólo huyó hacia adelante. Al mismo tiempo aumentó salarios en la policía y no tuvo reparos en confesar que había sido un error presentarse de cuerpo gentil ante los policías sublevados, el jueves 29 de septiembre por la mañana. “Falló la inteligencia”, dijo, confirmando una primicia de este diario en su edición del 30. “Nadie me avisó sobre el peligro que correría.”

La primera tentación de Correa había sido impulsar lo que en Ecuador llaman “muerte cruzada”, es decir, la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones. Pero, ¿tiene sentido cuando Correa superó el 50 por ciento ayer nomás, en 2009, y disfruta de mandato hasta el 2013? Una campaña electoral, ¿le garantiza ampliar su mayoría y además refinarla? ¿Nuevas elecciones no significarían, también, el riesgo de cansar a la ciudadanía, que no duda de Correa y sigue apoyándolo, y por lo tanto azuzar a la oposición más conservadora hasta darle una excusa para crecer? Nadie sabe qué hará Correa en el futuro. Por ahora, sin embargo, está claro que aprendió la lección de otros países, como el caso de la administración Kirchner, cuando en 2004 frenó las aspiraciones del comisario Jorge Palacios de transformarse en uno de los hombres más poderosos de la Argentina. Palacios fue pasado entonces a retiro.

En las democracias de la última generación el riesgo mayor no es la amenaza militar: el peligro es el descontrol del propio Estado y la libertad de interconexión que adquieren, de ese modo, las distintas redes cloacales de la política. La caca nunca desaparece. Pero si el nivel sube y eso ocurre al mismo tiempo en distintos sectores, entonces sí, Houston, estamos en problemas.

Sin choque de trenes

En la Argentina el ejemplo es el contrapunto con el Poder Judicial. El último mes parecía afirmarse una tendencia inquietante: un choque de trenes entre el Ejecutivo y la Corte Suprema.

Más allá de recelos y conflictos, justos o injustos, ¿cuál sería la alternativa concreta tras una escalada sin límites? ¿Un juicio político a la Corte como en 2003? En ese escenario, ¿el Gobierno tiene mayoría para acusar en Diputados? ¿Le alcanzaría para condenar en el Senado? Y si le alcanzara, ¿no estaría desandando un camino que le sirvió tanto a la democracia de calidad como al propio Gobierno, que fue la expulsión constitucional de la mayoría menemista de la Corte Suprema? Aunque no marcó una salida al conflicto latente, el tono del acto oficialista en Santa Cruz el viernes último tuvo menos decibeles que los imaginables una semana antes. También fue suave la reacción de Néstor Kirchner y la Presidenta al conocer el fallo de la Corte sobre un aspecto parcial de la ley de medios en relación con una presentación del Grupo Clarín. Lo calificaron de positivo e incluso (en palabras de Néstor Kirchner) de “esperanzador”.

Por otra parte, suena poco razonable que el balance sobre esta Corte Suprema se realice sólo por su actitud ante un solo trámite, sin tener en cuenta, por ejemplo, fallos sobre derechos humanos, deudas privadas contraídas en tiempos del uno a uno o haberes jubilatorios. Más aún: la designación de cuatro ministros de esta Corte y la reducción de la cantidad de miembros de nueve a siete figura en el haber de Kirchner y no en su debe. Esto se extiende a Cristina Kirchner. Pesó en su momento como parte del equipo de asesoramiento político del entonces Presidente y desde su experiencia como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.

En la reacción suave ante el fallo terció ahora también una cuestión de política práctica. A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2011, una escalada contra la Corte Suprema restaría a la candidatura oficialista muchos de los votos que obtendría, eventualmente, por la percepción de gobernabilidad o el bienestar económico.

Ciertas realidades son tozudas. Al margen de lo que opinen el Gobierno, la Corte, la oposición y los directivos de Clarín, ¿alguien puede imaginar sensatamente que suprimir una posición dominante en el mercado, en cualquier rubro y en cualquier mercado, es un proceso veloz? ¿Alguien puede pensar que un poder, cualquier poder, se desconcentra de la noche a la mañana y sin conflictos y altibajos?

PJ, sin cambios

¿Y el Poder Judicial? Cuando presentó su proyecto de crear un instituto para alentar las investigaciones académicas sobre los tribunales, el ministro Raúl Zaffaroni dijo que “la Justicia a veces parece que siguiera dando misa en latín y de espaldas”. La frase aludía a la liturgia de la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano de comienzos de los ’60. Pero las liturgias siempre representan tradiciones, ideologías y sistemas de autoperpetuación del poder. Lo integre quien lo integre, está claro que el Consejo de la Magistratura no alcanza para refrescar la Justicia, transparentarla, quitarle al menos la crema de su clasismo y atenuar su intolerable burocracia. La mayoría oficialista no quiso, no pudo o no supo ocuparse a fondo de fueros opacos ante la luz pública como el civil y el comercial. Siguen las mismas caras en juzgados y cámaras, en muchos casos rostros sonrientes ante los grandes estudios de abogados y su poder de lobbying. Algunas de esas caras firman las medidas cautelares que a veces se convierten en una chicana contra la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por mayoría en el Congreso. La Corte Suprema opinó en un caso, aunque sin dar un plazo perentorio, que la suspensión de la vigencia del artículo de una ley por parte de la Justicia debe tener un límite. Si no, dice el fallo de la última semana, la suspensión se torna un fallo de fondo.

La nueva integración del Consejo de la Magistratura es fruto de dos vertientes. Por un lado, la inminente renovación de los miembros parlamentarios y el aumento del peso opositor. Por el otro, la elección por parte de los abogados y los magistrados de representantes que cantaron en voz alta su oposición al Gobierno. El segundo grupo habló, también, de poner límites. Se refería al Poder Ejecutivo, en una obvia exageración. Los límites ya existían y no habían sido vulnerados. Pero, ¿quiere ponerle límites, también, a la indiferencia generalizada que reinó hasta este momento en las opiniones sobre la Justicia? ¿O sólo representa el sueño de los grandes estudios de seguir ganando fortunas, el de muchos abogados de clase media de ascender hacia sus colegas convertidos en dueños de grandes empresas de operación judicial, el de los magistrados a que nadie los observe ni por la mirilla y el deseo de todos ellos de que las cosas sigan igual? Con la cuestión de la Justicia quizá suceda lo mismo que con los derechos humanos en 1983 y 2003. En ambos casos el liderazgo político (Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner) fue más adelante de la demanda social, pero la nueva realidad de juzgamiento se instaló y muy pronto la mayoría de la sociedad aprobó el rumbo. Son procesos de cambio que necesitan un objetivo claro, un fuerte sacudón inicial, gradualismo, debate permanente, lucidez y persistencia. Mucha persistencia. Tanto como la creación de empleo en blanco o el estímulo reforzado que el Estado se propone dar en los días que vienen a la creación de pymes agrarias.

Se va la segunda

Imaginar una realidad política centrada en un solo tema –incluso uno importante, como el régimen de diversidad de medios– es una fantasía que hasta lesiona la chance de actuar en esa cuestión. Luiz Inácio Lula da Silva aportó un dato en la entrevista que Página/12 publicó el domingo anterior. “Si fuera por los medios –dijo Lula refiriéndose a los grandes medios brasileños–, mi aprobación sería del 10 por ciento.” Lula y su gobierno gozan de una aprobación de un 80 por ciento luego de ocho años de gestión. Una lectura obvia es que los grandes medios de Brasil no aprueban la mayor justicia social, los planes sociales y la nueva dignidad de los excluidos del Nordeste. Y es cierto: los diarios O Estado y Folha de S. Paulo o el semanario Veja están en contra de esas políticas. Actúan, a veces, como partidos políticos conservadores. Se irritan ante modificaciones de fondo a nivel social o frente a la remoción de cuevas que sobreviven dentro del Estado.

Pero falta una lectura más de la frase de Lula: la capacidad de daño de algunos grandes medios se reduce cuando los cambios favorecen a tanta gente de modo tan palpable y el gobierno que los promueve evita ofrecer, en lo posible, flancos débiles. La lógica es igual a la que marca la eficacia de los partidos políticos conservadores. Y cuando los sectores mayoritarios logran rearmar sus bases sociales y parlamentarias al tiempo que corrigen políticas, cualquier caída de popularidad también resiste la erosión diaria. Esta interpretación, apenas una hipótesis que sería interesante discutir, puede ponerse a prueba recordando cualquier momento histórico de los países de la región, la Argentina incluida.

Por eso el Partido de los Trabajadores y sus aliados decidieron realizar una campaña para la segunda vuelta, de aquí al 31 de octubre, que procura llegar a los votantes puerta a puerta en todo el país. Refirmará cuánto y cómo cambió Brasil con Lula. Los equipos del conservador José Serra desean que la campaña de la segunda vuelta gire alrededor del aborto o del miedo. “Lula quiere instalar un peronismo”, dijo en tono de advertencia el ex presidente Fernando Henrique Cardoso el viernes último. “Como Hugo Chávez”, completó. El PT seguramente le agradezca su aparición: en los dos gobiernos de Cardoso que terminaron el 1o de enero de 2003, la economía brasileña creció sólo a un 2,3 por ciento de promedio anual. Con Lula el equivalente a una Argentina entera se hizo de clase media y Brasil llegó a ser la octava economía del mundo. Puede ser cierto que una parte de los pastores evangélicos quiera humillar a Dilma Rousseff. Pero no se trata de todos los pastores y, sobre todo, no se trata de todos los fieles. Dilma sacó el 47 por ciento de los votos. Serra, menos del 33. Dilma necesita incrementar sus votos entre quienes votaron a Marina Silva, que salió tercera con casi el 20 por ciento y quedó fuera de carrera, y entre quienes se abstuvieron. Pero Serra afronta un problema mayor. Necesita aumentar sus votos en un 50 por ciento.

Está movidita Sudamérica. Pero se menea bastante bien.

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