Plaza de Mayo fue testigo este año de dos masivas e inéditas movilizaciones para el paisaje porteño. La multitudinaria marcha indígena de mayo pasado, donde medio centenar de comunidades de todo el país viajaron durante diez días y fueron recibidos por la Presidenta. En septiembre último, el Primer Congreso del Movimiento Campesino Indígena (MNCI) con comunidades y organizaciones de diez provincias, que culminó también con una masiva marcha sobre la plaza. En el año del Bicentenario, los pueblos indígenas avanzan en organización, visibilización y fortalecimiento de su principal reclamo: territorio. Enfrentan, y les ganan, a empresas mineras, petroleras, sojeras y turísticas. A medida que el modelo extractivo pretende expandirse en Argentina, los pueblos originarios se erigen en actores protagónicos de la resistencia. La acción directa –marchas, piquetes– se complementa con la vía política y judicial. Se suma la recuperación de tierras, con legislación internacional que la avala.

La Red Agroforestal (Redaf), en su relevamiento de conflictos, señala como hecho positivo que en el 98 por ciento de los casos existe protagonismo de los propios afectados, campesinos e indígenas, donde se identifica la conformación de un sujeto colectivo organizado que resiste y lucha por sus derechos. En paralelo, explica que las disputas territoriales no se resuelven ni fácil ni rápidamente. Y concluye: “Estamos ante el comienzo de un largo proceso de conflictividad en torno al territorio de los campesinos e indígenas”.

La minería a gran escala, con grandes consumos de agua y uso de sustancias tóxicas, creció en la última década de manera exponencial. Un centenar de asambleas socioambientales nació en rechazo a la actividad, y también creció la organización de los pueblos indígenas. Ingeniero Jacobacci (Río Negro), Campana Mahuida y Loncopué (Neuquén) y Tilcara (Jujuy) son lugares donde comunidades indígenas lograron frenar proyectos mineros mediante presentaciones en el Poder Judicial.

También la acción directa, un corte de ruta que lleva tres meses, es la acción de visibilización del conflicto en Formosa de la Comunidad La Primavera, 850 familias qom que reclaman las 2042 hectáreas donde siempre vivieron. Están cercadas por empresarios sojeros y ganaderos, y por otros dos actores de peso. “El gobierno provincial y los jueces que no respetan nuestros derechos. No nos gusta cortar la ruta, nos amenazan, nos mandan matones civiles y policías a golpearnos”, denunció Félix Díaz.

Contra el modelo agropecuario y sus consecuencias también se organizan y resisten comunidades de Chaco, Santiago del Estero y Salta. Cortan caminos, el caso del pueblo wichí de Tartagal, y recurren a la Justicia, como el caso de las siete comunidades que en diciembre de 2008 lograron que la Corte Suprema de Justicia detuviera los desmontes.

También frente a la soja, las comunidades de Santiago del Estero cuestionan el modelo agropecuario. Allí también se da otra forma de resistencia: familias ancestrales que integran el Movimiento Campesino de Santiago (Mocase-Vía Campesina) comienzan a reconocer sus raíces, enfrentan la histórica discriminación y se autorreconocen como pueblos lule-vilela, guaicurú, diaguita, sanavirón y tonocoté. “En los últimos años se recuperó la identidad de unas treinta comunidades. Y sin duda es una forma de lucha, de comenzar a recuperar la historia”, afirmó Angel Strapazzón, del Mocase-Vía Campesina. Allí el Estado contabilizaba a inicios de 2000 a sólo diecinueve pueblos indígenas. A partir de la organización ahora se reconoce la existencia de 31 pueblos originarios.

En Misiones no hay soja, pero otro monocultivo: el forestal, con el pino para plantas de celulosa a la cabeza. La comunidad guaraní Alecrín cuenta con 14.300 hectáreas en el municipio de San Pedro, 170 kilómetros al sur de Puerto Iguazú. Una empresa forestal ingresó en 2007, volteó bosque nativo y arrasó la chacra de la comunidad. Tenía como objetivo talar el bosque nativo para sembrar pinos. Nuevamente la organización de la comunidad indígena impidió que los expulsaran de sus tierras y que el Estado aplicara la Ley 26.160, que suspende desalojos y ordena un catastro de tierras.

El pueblo mapuche impulsa una acción directa que es referencia para otras etnias: recuperara territorio que le fue arrebatado. Agotadas las instancias administrativas, y con leyes que los protegen, volvieron a 250 mil hectáreas en Chubut, Río Negro y Neuquén. Nunca afectaron a pequeños productores, siempre a empresas o grandes estancieros.

“El peligro de perder lo que tenemos y el tomar conciencia de nuestros derechos permite que exijamos lo que nos corresponde. Es un proceso lento, pero irreversible”, explica con paciencia Mario Quinteros, dirigente de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND), una de las organizaciones que más creció en los últimos años.

A un año del asesinato del cacique Javier Chocobar, el 12 de octubre de 2009, la nación diaguita convoca hoy –junto a organizaciones sociales– a marchar por justicia: los jueces aún no elevaron la causa a juicio y los acusados están en libertad. “Chocobar fue asesinado por defender su territorio. Hay pruebas contundentes, incluso filmaciones, pero la ley no se cumple, como tampoco se cumple la ley respecto de nuestros territorios”, se enoja Quinteros, hace un silencio largo y avisa: “Como los pueblos indígenas de todo el país no obtenemos justicia, nos organizamos, movilizamos y luchamos poniendo el cuerpo, como Chocobar, aunque nos cueste la vida”.