La presentación –pero sobre todo la aprobación en el Senado– del proyecto de servicio cívico voluntario (SCV) constituye una propuesta de disciplinamiento social de los jóvenes en condición de pobreza inadmisible por muchas razones:

1. Es un proyecto que olvida que la educación es un derecho garantizado en la Constitución y en los pactos y tratados internacionales que tienen rango constitucional. Si es un derecho NO es un servicio y las y los jóvenes que no estudian ni trabajan no deben servir a nadie. Es el Estado el que “deserta” de su función si no garantiza el derecho a la educación y lo suple por “entrenamiento” en oficios.

2. Es un proyecto que desconoce que la institución para formar a los y las jóvenes, de todos los sectores sociales, nacionalidades y religiones que habitan el suelo argentino es la escuela. Aun cuando el art. 10 del proyecto contempla que “Los ciudadanos o ciudadanas que ingresen al servicio cívico voluntario con el ciclo educativo básico incompleto, deberán incorporarse al establecimiento educativo más próximo a la dependencia afectada al mismo mientras dure su capacitación técnica”, la lógica que orienta el proyecto, supone legitimar un espacio de formación diferencial para quienes se encuentran en condición de “riesgo social”. Institucionalizar la desigualdad, no es lo mismo que reconocer las diferencias.

3. Es un proyecto que desconoce que el lazo social y la solidaridad se consolidan integrando a todos los niños y jóvenes en la escuela en un proyecto común. Generar un circuito diferenciado de formación, refuerza la distancia social entre quienes asisten a la escuela “común” y quienes además deben asistir “voluntariamente” a propuestas educativas como la del SCV, que se inició en el año 2005 en la provincia de Mendoza, y de acuerdo con sus mentores evita que “sin educación y sin trabajo, deambulan por calles y plazas miles de chicos y adolescentes, por lo que es posible imaginar que son presa fácil de la droga, el alcohol y la violencia” (Julio Cobos, 8 de octubre del 2010, diario El Sol online).

4. Es un proyecto que continúa la lógica asistencial de los ’90 basada en la idea de que hay jóvenes a quienes hay que educar “de otro modo”, una pedagogía específica para quienes son considerados un factor de “riesgo”, negando la construcción social de la exclusión y la responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto frente a las causas que lo generan. Es la sociedad que los estigmatiza la que genera el riego social al no garantizarles una vida digna. El orden de los factores altera el producto, no es lo mismo operar sobre las causas de la exclusión que condenar a los excluidos.

5. Es un proyecto de focalización de la política pública que busca la contención social de quienes estigmatiza como población de riesgo en lugar de proponer leyes y medidas fundadas en el derecho de todos los ciudadanos a condiciones de vida y a una educación digna y capaces de integrar en un proyecto nacional y no de generar una relación asimétrica de tutela cimentada en la desvalorización y desconfianza hacia los jóvenes de sectores populares, sus entornos y familias. Habría que preguntarse quiénes deben recibir formación en valores, si quienes se encuentran excluidos o quienes defienden propuestas que refuerzan la exclusión.

6. Es un proyecto que desconoce la dinámica del mercado laboral y las demandas flexibles de calificación para puestos de trabajo en permanente mutación. Los jóvenes no encuentran trabajo no porque no estén capacitados, cosa que sin dudas es fundamental, sino porque el modelo socioeconómico y el mercado laboral los excluye. No es el SCV la solución a la necesaria articulación entre educación y trabajo; menos aún si se trata de propuestas de capacitación en empleos de baja cualificación reproduciendo su posición subordinada. ¿Por qué no ofrecerles un buen proyecto de formación en las escuelas?

7. Es un proyecto que utiliza los incentivos monetarios como moneda de cambio para que las familias en condición de pobreza “elijan libremente” el SCV. ¿Por qué no destinar esos recursos a reforzar las becas escolares existentes, qué más allá de sus limitaciones puedan integrarse en estrategias más universalizantes?

8. Es un proyecto que desconoce que el Ministerio de Defensa no está para “escolarizar” a los jóvenes y el personal militar no debe ocuparse de desarrollar capacitación en oficios. También desconoce que la defensa civil no es la formación que necesitan nuestros jóvenes y que las instalaciones de las Fuerzas Armadas no son el lugar adecuado para formarlos. Mejor pensemos qué hacer con las instalaciones militares “ociosas”, ya que los y las jóvenes a quienes se pretende hacer creer que voluntariamente eligen transitar estas experiencias no se encuentran en estado de “ocio” que los conduciría a la droga y a la delincuencia como expresan sus defensores mendocinos, sino que son víctimas de la exclusión social.

Evidentemente la propuesta no es cívica ni voluntaria. Esta política focalizada no garantiza civismo sino asimetrías ya que las relaciones de ciudadanía implican derecho. Menos aún puede pensarse que lo elijan “a voluntad” quienes en función de sus condiciones materiales de existencia están privados de la autodeterminación de sus vidas. Expresa, como muchas otras políticas, las paradojas de una sociedad en la que conviven fuerzas contradictorias, por un lado aquellas tendientes a reconstruir un proyecto nacional capaz de integrar a todos –y no meramente de incluir sin importar dónde y cómo–; y por otro, fuerzas excluyentes que han hecho “como si” incluyeran mientras sostienen formas de guetización y resultan más clientelares que los populismos que se empeñan en denunciar. Proponen “comprar” las voluntades de los sectores más vulnerados a través de sueldo –tres veces la AUH–, vivienda y comida en los cuarteles, en lugar de garantizarles lo que es su obligación: una escolarización que garantice para todas y todos el derecho social a la educación.

* Licenciadas en Educación-UBA.